El Gobierno se expone a un efecto dominó con las centrales nucleares si autorizase definitivamente la prórroga de la vida útil de la planta de Almaraz (Cáceres), la primera que se enfrenta al calendario de cierres diseñado en su día por Transición Ecológica. El Ejecutivo teme que una hipotética prórroga derive en un escenario en el que el resto de instalaciones se sumen a reclamar esa extensión a medida que se vayan cumpliendo sus plazos. Si así ocurriese, el Ministerio se expone a que la nuclear siga activa en España mucho más allá de 2035, superando las previsiones establecidas en su plan estratégico hasta 2030, el año en el que está asentado el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en vigor. Esta es una de las grandes dudas que se plantean los responsables estatales antes de tomar una decisión definitiva sobre la planta extremeña, para la que tendrán dos meses una vez se conozca el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre su futuro. Si este organismo avala la prolongación de la vida de Almaraz, como todo parece indicar y anticipó ABC, esta central podría permanecer activa al menos hasta 2030, parcheando un primer asalto con el que el Gobierno no se siente cómodo a la hora de autorizar la extensión. Sería «un mal menor», apuntan diversas fuentes vinculadas a la decisión gubernamental. El problema llegaría, indican esas mismas fuentes, si se generase un más que probable contagio al resto de plantas que esperan la resolución de Almaraz para saber cómo actuar. Los propietarios de Ascó I y II y Vandellós (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara) -las tres, en manos de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, en distintas proporciones- tendrían un argumento para sumarse a la ola de peticiones para prorrogar su actividad. Y ese contexto implicaría que la última nuclear con actividad se iría mucho más allá de 2035, el año en el que el actual acuerdo entre Gobierno y compañías había fijado el fin de la energía atómica en España. Noticia relacionada general No No Repsol, Moeve, Mercadona… Los grandes perjudicados por el apagón tardarán una década en cobrar Raúl MasaSi la decisión de prolongación de vida útil en manos de Transición Ecológica se circunscribiera a Almaraz -con los dos reactores más potentes del sistema eléctrico peninsular-, permitiría al Gobierno salvar una bola de partido, sin tener que preocuparse por el suministro del sistema; con más margen para seguir instalando renovables y capacidad de almacenamiento durante los tres años de esa medida excepcional, y sobre todo sin resquebrajar las costuras del PNIEC, uno de los compromisos más férreos que mantiene el Ejecutivo en materia energética. Pero si el ejemplo de Almaraz desencadena una ola de peticiones posterior, se abriría la puerta a mantener abiertas más allá de 2035 otras centrales y el fin nuclear no llegaría, como mínimo hasta más cerca de 2040 que de los compromisos del Ejecutivo.El Ejecutivo cuenta con que prorrogar Almaraz le serviría como parche hasta 2030, pero no quiere abrir la puerta a que todas las plantas pidan lo mismo Las grandes energéticas implicadas en esta solicitud esperan la primera decisión, que puede suponer un punto de partida para el resto de instalaciones. Con sus tiempos, con sus procesos y con sus singularidades: cada una tiene una potencia, se encuentran en ubicaciones estratégicas, mantienen intereses político-económicos diferentes y disponen de un peso accionarial heterogéneo. A pesar de este abanico de intereses, los propietarios de las nucleares se han mantenido a favor de prolongar su vida. Eso sí, siempre que las condiciones financieras lo permitan. Esto es, insistiendo en la necesidad de rebajar impuestos y otras cargas .Un calendario hasta perverso El primer paso de todo este calendario burocrático lo tiene que dar el CSN. Aunque todo apunta a que el organismo avalará que Almaraz siga técnicamente funcionando más allá de 2027, la fecha en la que estaba previsto el cierre de uno de sus dos primeros reactores. Antes de finales de este mes se conocerá el informe sobre el estado de la central cacereña. El departamento dirigido por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, se mantiene en sus trece: esperan el dictamen del CSN «sin más valoraciones que puedan interpretarse como una interferencia a su labor».La decisión puede llegar en plena campaña electoral, con la vista de los independentistas catalanes puesta sobre el futuro de Tarragona, donde se ubican otros tres reactores con miles de puestos de trabajo en juegoNo obstante la capacidad de influir solo será ejecutada en caso de que sea negativo, es decir, que el supervisor nuclear considere que técnicamente no pueda seguir operando. En tal caso, se deberá aplicar el calendario de cierre pactado, y en 2027 se desactivaría uno de sus reactores. Pero si hay un aval del CSN, el Gobierno puede decidir cerrarla . La decisión definitiva de Moncloa no llegará inmediatamente después del informe del Consejo. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, confirmaba esta semana que, una vez el organismo emita su dictamen, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez se tomará un plazo de dos meses para adoptar una decisión sobre la solicitud de prórroga durante tres años más de lo previsto.20% Aportación nuclear al ‘mix’ eléctrico El conjunto de plantas nucleares inyectan una quinta parte de las necesidades de consumo de luz cada año, con estabilidad en su producción a lo largo del ejercicio Cuanto más tiempo pase, Sánchez puede enfrentarse al mismo dilema electoral que ya tuvo en las pasadas elecciones autonómicas extremeñas. Una cita electoral en la que el futuro de Almaraz pesó en buena parte de las localidades afectadas. Ante unas generales, el núcleo de Tarragona es el especialmente sensible a esta realidad energética. De hecho, los partidos independentistas han reclamado que Ascó siga activa, otra patata caliente sobre la que el Ejecutivo tendría que pronunciarse con el bagaje de lo que haya hecho en primer término en Almaraz. El Gobierno se expone a un efecto dominó con las centrales nucleares si autorizase definitivamente la prórroga de la vida útil de la planta de Almaraz (Cáceres), la primera que se enfrenta al calendario de cierres diseñado en su día por Transición Ecológica. El Ejecutivo teme que una hipotética prórroga derive en un escenario en el que el resto de instalaciones se sumen a reclamar esa extensión a medida que se vayan cumpliendo sus plazos. Si así ocurriese, el Ministerio se expone a que la nuclear siga activa en España mucho más allá de 2035, superando las previsiones establecidas en su plan estratégico hasta 2030, el año en el que está asentado el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en vigor. Esta es una de las grandes dudas que se plantean los responsables estatales antes de tomar una decisión definitiva sobre la planta extremeña, para la que tendrán dos meses una vez se conozca el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre su futuro. Si este organismo avala la prolongación de la vida de Almaraz, como todo parece indicar y anticipó ABC, esta central podría permanecer activa al menos hasta 2030, parcheando un primer asalto con el que el Gobierno no se siente cómodo a la hora de autorizar la extensión. Sería «un mal menor», apuntan diversas fuentes vinculadas a la decisión gubernamental. El problema llegaría, indican esas mismas fuentes, si se generase un más que probable contagio al resto de plantas que esperan la resolución de Almaraz para saber cómo actuar. Los propietarios de Ascó I y II y Vandellós (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara) -las tres, en manos de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, en distintas proporciones- tendrían un argumento para sumarse a la ola de peticiones para prorrogar su actividad. Y ese contexto implicaría que la última nuclear con actividad se iría mucho más allá de 2035, el año en el que el actual acuerdo entre Gobierno y compañías había fijado el fin de la energía atómica en España. Noticia relacionada general No No Repsol, Moeve, Mercadona… Los grandes perjudicados por el apagón tardarán una década en cobrar Raúl MasaSi la decisión de prolongación de vida útil en manos de Transición Ecológica se circunscribiera a Almaraz -con los dos reactores más potentes del sistema eléctrico peninsular-, permitiría al Gobierno salvar una bola de partido, sin tener que preocuparse por el suministro del sistema; con más margen para seguir instalando renovables y capacidad de almacenamiento durante los tres años de esa medida excepcional, y sobre todo sin resquebrajar las costuras del PNIEC, uno de los compromisos más férreos que mantiene el Ejecutivo en materia energética. Pero si el ejemplo de Almaraz desencadena una ola de peticiones posterior, se abriría la puerta a mantener abiertas más allá de 2035 otras centrales y el fin nuclear no llegaría, como mínimo hasta más cerca de 2040 que de los compromisos del Ejecutivo.El Ejecutivo cuenta con que prorrogar Almaraz le serviría como parche hasta 2030, pero no quiere abrir la puerta a que todas las plantas pidan lo mismo Las grandes energéticas implicadas en esta solicitud esperan la primera decisión, que puede suponer un punto de partida para el resto de instalaciones. Con sus tiempos, con sus procesos y con sus singularidades: cada una tiene una potencia, se encuentran en ubicaciones estratégicas, mantienen intereses político-económicos diferentes y disponen de un peso accionarial heterogéneo. A pesar de este abanico de intereses, los propietarios de las nucleares se han mantenido a favor de prolongar su vida. Eso sí, siempre que las condiciones financieras lo permitan. Esto es, insistiendo en la necesidad de rebajar impuestos y otras cargas .Un calendario hasta perverso El primer paso de todo este calendario burocrático lo tiene que dar el CSN. Aunque todo apunta a que el organismo avalará que Almaraz siga técnicamente funcionando más allá de 2027, la fecha en la que estaba previsto el cierre de uno de sus dos primeros reactores. Antes de finales de este mes se conocerá el informe sobre el estado de la central cacereña. El departamento dirigido por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, se mantiene en sus trece: esperan el dictamen del CSN «sin más valoraciones que puedan interpretarse como una interferencia a su labor».La decisión puede llegar en plena campaña electoral, con la vista de los independentistas catalanes puesta sobre el futuro de Tarragona, donde se ubican otros tres reactores con miles de puestos de trabajo en juegoNo obstante la capacidad de influir solo será ejecutada en caso de que sea negativo, es decir, que el supervisor nuclear considere que técnicamente no pueda seguir operando. En tal caso, se deberá aplicar el calendario de cierre pactado, y en 2027 se desactivaría uno de sus reactores. Pero si hay un aval del CSN, el Gobierno puede decidir cerrarla . La decisión definitiva de Moncloa no llegará inmediatamente después del informe del Consejo. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, confirmaba esta semana que, una vez el organismo emita su dictamen, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez se tomará un plazo de dos meses para adoptar una decisión sobre la solicitud de prórroga durante tres años más de lo previsto.20% Aportación nuclear al ‘mix’ eléctrico El conjunto de plantas nucleares inyectan una quinta parte de las necesidades de consumo de luz cada año, con estabilidad en su producción a lo largo del ejercicio Cuanto más tiempo pase, Sánchez puede enfrentarse al mismo dilema electoral que ya tuvo en las pasadas elecciones autonómicas extremeñas. Una cita electoral en la que el futuro de Almaraz pesó en buena parte de las localidades afectadas. Ante unas generales, el núcleo de Tarragona es el especialmente sensible a esta realidad energética. De hecho, los partidos independentistas han reclamado que Ascó siga activa, otra patata caliente sobre la que el Ejecutivo tendría que pronunciarse con el bagaje de lo que haya hecho en primer término en Almaraz.
El Gobierno se expone a un efecto dominó con las centrales nucleares si autorizase definitivamente la prórroga de la vida útil de la planta de Almaraz (Cáceres), la primera que se enfrenta al calendario de cierres diseñado en su día por Transición Ecológica. El … Ejecutivo teme que una hipotética prórroga derive en un escenario en el que el resto de instalaciones se sumen a reclamar esa extensión a medida que se vayan cumpliendo sus plazos. Si así ocurriese, el Ministerio se expone a que la nuclear siga activa en España mucho más allá de 2035, superando las previsiones establecidas en su plan estratégico hasta 2030, el año en el que está asentado el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en vigor.
Esta es una de las grandes dudas que se plantean los responsables estatales antes de tomar una decisión definitiva sobre la planta extremeña, para la que tendrán dos meses una vez se conozca el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre su futuro. Si este organismo avala la prolongación de la vida de Almaraz, como todo parece indicar y anticipó ABC, esta central podría permanecer activa al menos hasta 2030, parcheando un primer asalto con el que el Gobierno no se siente cómodo a la hora de autorizar la extensión. Sería «un mal menor», apuntan diversas fuentes vinculadas a la decisión gubernamental.
El problema llegaría, indican esas mismas fuentes, si se generase un más que probable contagio al resto de plantas que esperan la resolución de Almaraz para saber cómo actuar. Los propietarios de Ascó I y II y Vandellós (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara) -las tres, en manos de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, en distintas proporciones- tendrían un argumento para sumarse a la ola de peticiones para prorrogar su actividad. Y ese contexto implicaría que la última nuclear con actividad se iría mucho más allá de 2035, el año en el que el actual acuerdo entre Gobierno y compañías había fijado el fin de la energía atómica en España.
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Repsol, Moeve, Mercadona…
Raúl Masa
Si la decisión de prolongación de vida útil en manos de Transición Ecológica se circunscribiera a Almaraz -con los dos reactores más potentes del sistema eléctrico peninsular-, permitiría al Gobierno salvar una bola de partido, sin tener que preocuparse por el suministro del sistema; con más margen para seguir instalando renovables y capacidad de almacenamiento durante los tres años de esa medida excepcional, y sobre todo sin resquebrajar las costuras del PNIEC, uno de los compromisos más férreos que mantiene el Ejecutivo en materia energética. Pero si el ejemplo de Almaraz desencadena una ola de peticiones posterior, se abriría la puerta a mantener abiertas más allá de 2035 otras centrales y el fin nuclear no llegaría, como mínimo hasta más cerca de 2040 que de los compromisos del Ejecutivo.
El Ejecutivo cuenta con que prorrogar Almaraz le serviría como parche hasta 2030, pero no quiere abrir la puerta a que todas las plantas pidan lo mismo
Las grandes energéticas implicadas en esta solicitud esperan la primera decisión, que puede suponer un punto de partida para el resto de instalaciones. Con sus tiempos, con sus procesos y con sus singularidades: cada una tiene una potencia, se encuentran en ubicaciones estratégicas, mantienen intereses político-económicos diferentes y disponen de un peso accionarial heterogéneo. A pesar de este abanico de intereses, los propietarios de las nucleares se han mantenido a favor de prolongar su vida. Eso sí, siempre que las condiciones financieras lo permitan. Esto es, insistiendo en la necesidad de rebajar impuestos y otras cargas.
Un calendario hasta perverso
El primer paso de todo este calendario burocrático lo tiene que dar el CSN. Aunque todo apunta a que el organismo avalará que Almaraz siga técnicamente funcionando más allá de 2027, la fecha en la que estaba previsto el cierre de uno de sus dos primeros reactores. Antes de finales de este mes se conocerá el informe sobre el estado de la central cacereña. El departamento dirigido por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, se mantiene en sus trece: esperan el dictamen del CSN «sin más valoraciones que puedan interpretarse como una interferencia a su labor».
La decisión puede llegar en plena campaña electoral, con la vista de los independentistas catalanes puesta sobre el futuro de Tarragona, donde se ubican otros tres reactores con miles de puestos de trabajo en juego
No obstante la capacidad de influir solo será ejecutada en caso de que sea negativo, es decir, que el supervisor nuclear considere que técnicamente no pueda seguir operando. En tal caso, se deberá aplicar el calendario de cierre pactado, y en 2027 se desactivaría uno de sus reactores. Pero si hay un aval del CSN, el Gobierno puede decidir cerrarla.
La decisión definitiva de Moncloa no llegará inmediatamente después del informe del Consejo. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, confirmaba esta semana que, una vez el organismo emita su dictamen, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez se tomará un plazo de dos meses para adoptar una decisión sobre la solicitud de prórroga durante tres años más de lo previsto.
20%
Aportación nuclear al ‘mix’ eléctrico
El conjunto de plantas nucleares inyectan una quinta parte de las necesidades de consumo de luz cada año, con estabilidad en su producción a lo largo del ejercicio
Cuanto más tiempo pase, Sánchez puede enfrentarse al mismo dilema electoral que ya tuvo en las pasadas elecciones autonómicas extremeñas. Una cita electoral en la que el futuro de Almaraz pesó en buena parte de las localidades afectadas. Ante unas generales, el núcleo de Tarragona es el especialmente sensible a esta realidad energética. De hecho, los partidos independentistas han reclamado que Ascó siga activa, otra patata caliente sobre la que el Ejecutivo tendría que pronunciarse con el bagaje de lo que haya hecho en primer término en Almaraz.
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