La hoja de ruta en Cataluña que La Moncloa y la Generalitat habían planificado justo para después de las elecciones andaluzas es de las pocas estrategias del Gobierno que no han saltado por los aires y sigue su curso tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El Govern de Salvador Illa ha reforzado este miércoles su condición como uno de los pocos oasis de estabilidad de los socialistas, a pesar de la magnitud de los problemas que arrastra como la crisis de Rodalies o la huelga educativa, y tiene a tiro de piedra sus primeros Presupuestos tras alcanzar un acuerdo de largo recorrido con el Gobierno de Pedro Sánchez: la financiación, por parte del Ejecutivo central, para que la plantilla de los Mossos d’Esquadra aumente hasta los 25.000 agentes en 2030.
El Ejecutivo de Sánchez asume el coste progresivo de 210 millones anuales que supondrá la creación de 3.000 nuevas plazas de agentes hasta 2030
La hoja de ruta en Cataluña que La Moncloa y la Generalitat habían planificado justo para después de las elecciones andaluzas es de las pocas estrategias del Gobierno que no han saltado por los aires y sigue su curso tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El Govern de Salvador Illa ha reforzado este miércoles su condición como uno de los pocos oasis de estabilidad de los socialistas, a pesar de la magnitud de los problemas que arrastra como la crisis de Rodalies o la huelga educativa, y tiene a tiro de piedra sus primeros Presupuestos tras alcanzar un acuerdo de largo recorrido con el Gobierno de Pedro Sánchez: la financiación, por parte del Ejecutivo central, para que la plantilla de los Mossos d’Esquadra aumente hasta los 25.000 agentes en 2030.
La policía autonómica cuenta ahora mismo con 22.000 efectivos. El compromiso adquirido en la comisión bilateral que han encabezado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, es que el Gobierno asuma el coste de 70.000 euros anuales por cada nuevo puesto creado que se actualizará según el IPC. El incremento de 3.000 agentes tendrá un corte de 210 millones anuales.
La transferencia del Estado posibilitará la subida progresiva de la plantilla de los Mossos, lo que debería mejorar los indicadores de seguridad pública en Cataluña y por tanto combatir unos datos de delincuencia que se han convertido en uno de los principales problemas ciudadanos. Los cálculos de la Generalitat estiman que este año contará con una dotación de 21.020 agentes, 22.143 en 2027, 23.175 en 2028, 24.142 en 2029 y 25.000 en 2030.
La firma del acuerdo, que era imprescindible para que la ampliación de la plantilla de los Mossos fuese efectiva -ya se había pactado en la anterior comisión bilateral-, se enmarca dentro del preacuerdo a gran escala del PSC con ERC para aprobar los Presupuestos. Si nada se tuerce, y se da por descontado el apoyo de los comunes, serán las primeras cuentas públicas de Illa en la legislatura que arrancó en 2024. Fuentes de los distintos socios de investidura coinciden además que el año que viene no habrá nuevos presupuestos, lo que otorga aún más relevancia al proyecto que ha ideado el president y primer secretario del PSC tras una primera mitad de mandato centrada en recuperar la normalidad en Cataluña y dejar atrás la década convulsa e inestable del procés.
La Línea Ferroviaria Orbital, la nueva clave de bóveda para los Presupuestos con la que se ha contentado ERC en lugar de la recaudación del IRPF, que se había convertido en una línea roja para La Moncloa, también ha obtenido el espaldarazo de ambas administraciones. Los dos gobiernos han acordado la firma este año de un protocolo de colaboración, que posteriormente deberá ser desarrollado en un convenio de financiación, que garantice la redacción de los estudios y proyectos y la ejecución de las obras para el desarrollo de esta infraestructura. La Línea Orbital Ferroviaria tendrá una extensión de unos 120 kilómetros y conectará la corona metropolitana de Barcelona desde Vilanova i la Geltrú y Mataró a Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell y Granollers sin necesidad de entrar en la capital catalana. El proyecto prevé 68 kilómetros de nueva construcción y 40 estaciones, de las que 23 serán nuevas.
La constitución de la Sociedad Mercantil de Inversiones y la creación del Consorcio de Inversiones también deberían servir para acelerar y mejorar la planificación y ejecución de las inversiones en Cataluña. El Gobierno y la Generalitat consideran que se trata de un ejemplo de gobernanza compartida como la mejor respuesta para responder a los déficits estructurales acumulados en infraestructuras en Cataluña. “Más autogobierno no es menos poder del estado central, sino acercarla solución de los problemas a la ciudadanía”, ha compartido Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial. “Hemos abierto una nueva etapa de colaboración y entendimiento entre Cataluña y España”, ha destacado Dalmau.
El impulso a la Sociedad Mercantil adquiere además un enorme simbolismo por otra razón: Junts tumbó a finales de abril en el Congreso el consorcio de inversiones pactado con ERC. El argumento que dio Miriam Nogueras, portavoz neoconvergente, es que con este consorcio se aceptaba que las infraestructuras estratégicas catalanas “sigan controladas desde Madrid”. Y concluyó que Cataluña “no necesita chiringuitos, sino cobrar lo que Madrid debe”.
La comisión bilateral -la tercera en lo que va de legislatura con la Generalitat- también ha acordado impulsar la modificación del Reglamento General de Costas para adaptarlo al marco competencial previsto en el Estado de Autonomía de Cataluña. El acuerdo recoge el compromiso de la Administración General del Estado de promover, en el plazo de tres meses, la reforma del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
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