El Govern y ERC apelan a no retrasar el calendario para que la nueva financiación entre en vigor en 2027

El Gobierno catalán ansiaba irse de vacaciones con la luz verde del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para una reforma de la financiación autonómica de la que depende buena parte de su estabilidad en el segundo tramo del mandato de Salvador Illa. La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha aceptado este martes que se dé una nueva oportunidad a las comunidades del PP para que se sienten en la mesa, si bien ha apelado “a la responsabilidad” de sus consejeros para no retrasar las negociaciones en el Congreso y su entrada en vigor. “Necesitamos que se apruebe en 2026 para que esté vigente en 2027″, ha afirmado esta tarde en una comparecencia en la sede de la consejería.

La reforma de la financiación autonómica es clave para el Ejecutivo de Illa. El nuevo modelo inyectará 4.686 millones de euros anuales a las arcas catalanas, lo cual supone que en el próximo ejercicio la Generalitat podrá contar con los Presupuestos más expansivos de su historia, con una subida del gasto de más del 10%, en un momento de protestas de profesionales de los servicios públicos, en especial docentes, o de malestar por el difícil acceso a la vivienda. A la vez, la financiación es la gran baza de Illa para que ERC le siga respaldando a las puertas de unas elecciones municipales en las que, en cierto modo, podrán ver la aprobación ciudadana de su alianza parlamentaria.

En las formaciones de izquierdas se duda de las intenciones del PP, aunque al mismo tiempo creen que el cambio de posición de Canarias puede haber generado movimientos en las comunidades populares más inclinadas a negociar, como Baleares. Romero no ha querido especular sobre si la formación de Alberto Núñez Feijóo solo quiere hacer pasar el tiempo, pero ha respaldado la decisión del ministro de Hacienda, Arcadi España, de dar cinco semanas de margen a las autonomías del PP para que presenten sus propuestas y se sienten a negociar. “Piden más tiempo aunque no fueron a las reuniones bilaterales con Hacienda. Aun así, respaldamos que se lo den para que no puedan decir que no lo tuvieron. Vamos a agotar las últimas posibilidades y así conoceremos el modelo financiación del PP, porque aún no sabemos cuál es”, ha añadido Romero.

El Govern, además, cree que este movimiento no retrasa demasiado el calendario, puesto que las modificaciones que se hubiesen aprobado mañana no podrían haberse llevado al Congreso hasta septiembre por el parón veraniego. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sido menos paciente que Romero con las comunidades del PP, a las que acusa de aspirar a los recursos que les brinda la reforma sin tener que aceptarlo públicamente.

En cualquier caso, Junqueras ha coincidido con Romero en que lo que cuenta es que “el modelo se apruebe en el Congreso antes de finales de año para que entre en vigor el 1 de enero”. Y en ese trámite, más que los votos del PP, necesitará los de siete diputados de Junts, que tampoco están de acuerdo con la reforma que el Ministerio de Hacienda ha remitido a todas las comunidades de régimen común.

Sin embargo, la opción de que el PP quiera negociar el modelo sigue existiendo. Romero ha admitido que un diálogo sobre la reforma podría cambiar los números, aunque considera que es complicado. Preguntada sobre si esos 4.686 millones de euros extra están blindados, la consejera ha afirmado: “Pueden cambiar las cifras, pero deberían cambiar cifras clave para el modelo como la población ajustada. Y creo que eso es difícil”. En cualquier caso, ha añadido, cualquier eventual modificación que se pacte con el PP luego debe ser abordada también con Cataluña y Canarias.