El Tribunal Supremo ha rechazado forzar en agosto las comparecencias de los ministros del Gobierno en el Senado sin escuchar antes al Gobierno, como pedía el PP por la crisis de Ceuta. La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo había reclamado al alto tribunal que, antes de pronunciarse sobre el fondo de su recurso ―es decir, sobre si el Ejecutivo puede elegir cuándo comparecer en las Cortes―, acordara como medida cautelarísima ―sin escuchar a la Abogacía del Estado que representa al Gobierno― las citaciones de varios ministros en la Cámara Alta, donde los populares tienen mayoría. El tribunal ha descartado pronunciarse de manera inmediata y ha dado 10 días al Ejecutivo para que presente sus alegaciones. Una vez que los magistrados las reciban, se pronunciarán.
El tribunal considera que “no se ha acreditado la especial urgencia” para atender la petición de los populares sin escuchar antes las alegaciones del Gobierno. Y da 10 días al Ejecutivo para presentarlas
El Tribunal Supremo ha rechazado forzar en agosto las comparecencias de los ministros del Gobierno en el Senado sin escuchar antes al Gobierno, como pedía el PP por la crisis de Ceuta. La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo había reclamado al alto tribunal que, antes de pronunciarse sobre el fondo de su recurso ―es decir, sobre si el Ejecutivo puede elegir cuándo comparecer en las Cortes―, acordara como medida cautelarísima ―sin escuchar a la Abogacía del Estado que representa al Gobierno― las citaciones de varios ministros en la Cámara Alta, donde los populares tienen mayoría. El tribunal ha descartado pronunciarse de manera inmediata y ha dado 10 días al Ejecutivo para que presente sus alegaciones. Una vez que los magistrados las reciban, se pronunciarán.
En una resolución dictada la noche del viernes, la Sala de Vacaciones sostiene que “no se ha acreditado la especial urgencia legalmente exigible” para atender la petición de los populares sin escuchar antes los argumentos del Gobierno. El tribunal considera que “no se justifica suficientemente” que el control parlamentario “deba necesariamente producirse, para ser eficaz, dentro del periodo extraordinario del mes de agosto (del que resta únicamente una semana)”. Y avisa que “no se demorará excesivamente” en pronunciarse una vez haya recibido las alegaciones de la Abogacía del Estado en representación del Ejecutivo.
Los magistrados insisten en que el PP no ha ofrecido “ninguna razón” para justificar por qué su recurso perdería su finalidad de amparo si el tribunal no se pronunciase antes de escuchar los argumentos del Gobierno. “Sobre todo porque no se advierte que vaya a desaparecer el interés público de la cuestión sustantiva”, es decir, la “grave crisis migratoria” en Ceuta, que es la que sustenta las peticiones de comparecencia.
El Supremo explica que en este caso “no concurre” la “especial urgencia” que justificaría “sacrificar el derecho de audiencia de la parte contraria” ―el Gobierno― antes de adoptar una medida cautelar, que, incide, además sería de “ejecución inmediata”. Por ello, opta por dar un plazo de 10 días a la Abogacía del Estado para que presente sus alegaciones ante el tribunal. Y advierte de que su decisión de rechazar la petición del PP se limita “exclusivamente” a lo referente a la petición de la medida cautelarísima ―actuar sin escuchar al Ejecutivo―, sin prejuzgar ni predeterminar las “eventuales decisiones” que adopte sobre “jurisdicción, competencia y admisibilidad del procedimiento mismo”.
Según consta en la resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los magistrados Ignacio Sancho, Antonio Sempere, Pablo Llarena, Ángeles Huet, Raquel Blázquez y Ángel Turienzo han adoptado esta decisión pasadas las 21.00 del viernes. La Sala de Vacaciones está compuesta por un magistrado presidente ―en este caso Sancho― y uno de cada una de las salas del tribunal (la de lo civil, la de lo penal, la de lo contencioso-administrativo, la de lo social y la de lo militar). Los turnos fueron asignados el pasado 17 de junio por la Sala de Gobierno del Supremo.
Fue el pasado miércoles cuando Feijóo anunció en una rueda de prensa en Ceuta que su partido presentaría un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra la decisión del Gobierno de no enviar a sus ministros a las comparecencias que habían sido reclamadas por el PP en el Senado durante el mes de agosto. Los populares habían llamado a comparecer al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el día 12; al de Exteriores, José Manuel Albares, el día 17; y a la de Defensa, Margarita Robles, el día 18. Pero el Ejecutivo alegó que comparecerían ante el Congreso de los Diputados la última semana de agosto.
Disconforme con la respuesta de La Moncloa, el PP acudió al Supremo y alegó que la actitud del Gobierno vulneraba el derecho de los senadores a ejercer su cargo público. Así, pedía al alto tribunal que ordenara al Ejecutivo de Pedro Sánchez “cesar inmediatamente” en su conducta “dirigida a impedir, eludir o privar de eficiencia a las comparecencias regularmente reclamadas por el Senado”. En concreto, solicitaba al tribunal que “dentro del plazo máximo de 24 horas” adoptara las medidas necesarias para “asegurar la disponibilidad y asistencia” de los ministros a la Cámara Alta.
Feijóo aseguró que su formación “se ha visto en la obligación” de acudir al Supremo para que este tribunal esclarezca si los ministros del Gobierno pueden negarse a comparecer en el Senado y no informar de lo ocurrido en Ceuta, para hacerlo primero en el Congreso, como ya está previsto. “El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece ni cuándo lo hace ni en qué condiciones acepta ser controlado”, apuntó. Para el líder del PP, una comparecencia posterior ante el Congreso “no le exime de hacerla también en el Senado, que lo ha solicitado en primer lugar”. “Y por eso utilizaremos todos los instrumentos al alcance para que se cumpla esta obligación constitucional, que es informar a los ceutíes y al conjunto de los españoles desde la cámara territorial”, agregó.
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