«El futuro gobierno de Fernández Mañueco debe ser consciente de que alguna de las propuestas de Vox, como la ‘desregulación,’ son una patata caliente en toda regla». «El futuro gobierno de Fernández Mañueco debe ser consciente de que alguna de las propuestas de Vox, como la ‘desregulación,’ son una patata caliente en toda regla».
No hubo sobresaltos, ni desmayos en la sede de las Cortes. El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, logró los necesarios votos de los procuradores que sustentarán el gobierno autonómico en la nueva legislatura. “Fumata bianca” y “habemus praesidem” proclamó solemnemente Francisco Vázquez. Los acuerdos alcanzados por Partido Popular y Vox comienzan a pasar de las musas al teatro. La trama se ha puesto en movimiento.
Fernández Mañueco podrá gobernar cómodamente, pero en el marco de los acuerdos suscritos con Vox. No era posible otro teatro de operaciones: pacto o repetición electoral. Cabe suponer que Vox sea capaz en esta ocasión de permanecer en el gobierno de Castilla y León sin abandonos a mitad de la carrera y no se produzca la abrupta ruptura de la pasada legislatura, ordenada por Santiago Abascal y escenificada por Garcia-Gallardo.
Con su concurso Vox permitirá a Mañueco gobernar, pero con condiciones. Su apoyo no será solo aritmético en el parlamento autonómico, sino que requiere la aceptación de un compromiso programático para el Partido Popular. En el cesto, enmadejados, se mezclan proposiciones como la prioridad nacional, desregulación, arraigo, cultura o medio rural.
Comienza en Castilla y León un ejercicio del poder con pago de peaje político. Gobernar con condiciones supone que regir los destinos de la comunidad no solo se fundamenta en el apoyo de los votos de los procuradores de Vox, que objetivamente necesita el Partido Popular. También el ideario de Vox entra en el gobierno castellano y leonés, como contraprestación a su sostén parlamentario.
No se trata de considerar el pacto como una victoria de Vox, ni una derrota del Partido Popular. Eso sería un análisis tosco y simplista. La verdadera novedad del acuerdo entre ambas fuerzas políticas no es quien gobierna o manda más en Castilla y León, en el sentido de obtención de cuotas de poder. Hay que hilar más fino.
Cuando el nuevo ejecutivo regional comience a regir y gestionar, podremos comprobar como la política autonómica no solo girará en torno a los ejes clásicos de gobiernos anteriores de los populares, como la educación, sanidad, financiación o despoblación. Aparecerán en el centro del escenario los ya citados conceptos de la “desregulación”, prioridad nacional, arraigo, identidad cultural…
De la inmigración se ha debatido y en abundancia. Muy poco se ha deliberado sobre la “desregulación” como filosofía de gobierno, quizá por ser un tema árido como ente jurídico. Con llana pretensión intelectual transcribamos “desregulación” por poda normativa, así nos entenderemos todos en román paladino.
Según parece, Vox considera que en España con su Estado Autonómico existe inflación legislativa. Vox no ha inventado con la “desregulación” la bombilla de Edison, sino que traslada a nuestro país un debate clásico e histórico de la política italiana.
Italia es formalmente un Estado unitario con descentralización regional, clasificado por el derecho constitucional como “Estado regional”. No es un Estado federal como Alemania, ni autonómico como España donde existe un amplio grado de autogobierno administrativo y legislativo en sus Comunidades.
Si Italia, con menor autonomía administrativa en sus regiones que España, ha creído necesario desde los años ochenta la “semplificazione normativa”, Vox considera una necesidad imperiosa “desregularizar” la arquitectura normativa española.
En la República Italiana, gobiernos de distintas ideologías, vienen aplicando desde hace décadas los “decreti di semplificazione”, desde las leyes Bassanini de finales de los noventa hasta las más recientes reformas de los gobiernos de Giorgia Meloni.
Silvio Berlusconi llegó incluso a crear el “Ministero per la semplicazione normativa”. La propuesta de los de Abascal da por sentado que en España existe hipertrofia normativa. El gobierno de Fernández Mañueco tendrá que asumir la estrategia italiana “taglia-leggi” (“corta-leyes”). Vox incluyó su concepto de inflación legislativa en el centro de debate político de la Comunidad castellano y leonesa.
Vox apuesta por una visión de Estado con menos intervención de la Administración. Sabido es que no manifiesta demasiadas simpatías por el Estado de las Autonomías, sino que se decanta por el Estado napoleónico, unitario y centralista, modelo histórico en Francia. Vox no quiere presidentes de comunidades autónomas sino prefectos.
El futuro gobierno de Fernández Mañueco debe ser consciente de que alguna de las propuestas de Vox, como la “desregulación”, son una patata caliente en toda regla. Italia lleva casi treinta años en ese empeño. Giorgia Meloni, un faro para Abascal, también ha concedido rasgo de ministerio a la cartera dedicada a las reformas institucionales y simplificación normativa.
Italia no ha conseguido su objetivo en varias décadas. Que lo logre Castilla y León en una legislatura es un imposible categórico, lo que convierte el proyecto de Vox en declaración de intenciones más que en realidad tangible. “Flatus vocis” que dirían los filósofos nominalistas.
En Italia el éxito de la “desregulación” ha sido ambivalente. En su faceta negativa, surgieron nuevas leyes y decretos para simplificar un ordenamiento jurídico complejo. Nació la paradoja de la “semplificazione complicata”. O Pollán estudia profundamente la “desregulación” italiana, o quemará pólvora en salvas. Tiempo al tiempo.
El Español – Castilla y León
