En pleno caso Plus Ultra que ha llevado a la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, la Policía Nacional y los notarios refuerzan su colaboración conjunta frente a los delitos económicos y financieros. El Cuerpo y el Consejo General del Notariado han celebrado este 10 de junio un encuentro «que ha servido para reforzar la cooperación entre ambas instituciones frente a la delincuencia económica y financiera. La jornada reunió a responsables de ambas organizaciones para analizar los mecanismos de colaboración que permiten prevenir, detectar e investigar delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la evasión fiscal, la corrupción y otras formas de criminalidad económica organizada».En la inauguración participaron Concepción Pilar Barrio Del Olmo , presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y decana del Colegio Notarial de Madrid, y Luis Fernando Pascual Grasa , comisario general de Policía Judicial. En la cita, ambas partes expusieron los principales desafíos a los que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra estos delitos y el papel que juegan los notarios en este ámbito. Y justo ahora ese papel está en entredicho por una modificación normativa, como publicó ABC.El Gobierno lanzó hace escasos meses, ya rodeado de multitud de casos de corrupción en sede judicial, un anteproyecto de ley que ha puesto en pie de guerra a los notarios de todo el país por plantear la suspensión de la obligación de registrar en una escritura pública los traspasos de participaciones societarias y prever su instrumentación a través de documento privado y mediante su inscripción por vía electrónica en el Registro Mercantil, alegando cuestiones de transparencia.Noticia relacionada general No No Rebelión de los notarios contra una ley del Gobierno por abrir las puertas al blanqueo Bruno PérezLos notarios consideran que la reforma elimina el control previo y presencial de legalidad y veracidad sobre estas operaciones que ejercen los notarios en el trámite de inscripción efectiva de las mismas en escritura pública, que vuela el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada sin motivo aparente y que elevará los costes para las empresas al no dar por válida la operación hasta que sea inscrita en el Registro Mercantil, cuando ahora lo es en el momento en que se eleva a escritura pública.Ya con el caso Zapatero estallado en la Audiencia Nacional y con el expresidente del Gobierno imputado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitó de manera expresa al Ejecutivo que reconsidere la propuesta de reforma legal no erosionar la eficacia del actual sistema de control sobre delitos económicos.El Poder Judicial advirtió de que «la supresión de la exigencia de documento público y su sustitución por documento privado firmado electrónico, inscribible en una sección especial Registro Mercantil, debería ser reconsiderada», a la luz de su larga tradición en el ordenamiento jurídico español y, singularmente, de la «valoración positiva» que ese sistema tiene para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , el organismo multilateral encargado de promover estrategias y acciones contra el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.Así las cosas, los notarios argumentan que una eventual aprobación bloquearía el flujo de entrada de información hacia el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado, la base de datos sobre los titulares reales de las sociedades constituidas en España que utilizan órganos como la Fiscalía, la UCO, la UDEF o la Agencia Tributaria en sus investigaciones sobre delitos económicos, y afectaría de manera inexorable a la fiabilidad de la información que se maneja en esas investigaciones. Esa base datos, entre otros muchos asuntos, es la que ha sido utilizada en investigaciones como el caso mascarillas o el caso Plus Ultra que ha desembocado en la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero .Mecanismos de colaboración«Raquel Iglesias Pajares, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña y Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del CGN explicaron por qué uno de los principales instrumentos de esta colaboración es el OCP, creado en 2005 para canalizar y reforzar la cooperación de los notarios con las autoridades judiciales y policiales. Desde su constitución en 2005 y hasta finales de 2025, el OCP ha respondido a más de 415.000 requerimientos de información y ha atendido casi 200.000 solicitudes de documentación», han explicado en nota de prensa.A lo largo de la jornada, asimismo, se han presentado diversos casos de colaboración entre ambas instituciones, con «actuaciones en las que la información notarial y el trabajo conjunto resultaron determinantes para la detección de operaciones sospechosas , la identificación de entramados societarios complejos, recuperación de activos y bienes y el avance de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras formas de delincuencia económica».Los participantes coincidieron en señalar que la colaboración constituye una herramienta estratégica para proteger la integridad del sistema económico y financiero, así como para reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos. En este sentido, destacaron la importancia de seguir fortaleciendo los canales de intercambio de información y de profundizar en la cooperación operativa ante fenómenos delictivos cada vez más sofisticados y transnacionales. En pleno caso Plus Ultra que ha llevado a la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, la Policía Nacional y los notarios refuerzan su colaboración conjunta frente a los delitos económicos y financieros. El Cuerpo y el Consejo General del Notariado han celebrado este 10 de junio un encuentro «que ha servido para reforzar la cooperación entre ambas instituciones frente a la delincuencia económica y financiera. La jornada reunió a responsables de ambas organizaciones para analizar los mecanismos de colaboración que permiten prevenir, detectar e investigar delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la evasión fiscal, la corrupción y otras formas de criminalidad económica organizada».En la inauguración participaron Concepción Pilar Barrio Del Olmo , presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y decana del Colegio Notarial de Madrid, y Luis Fernando Pascual Grasa , comisario general de Policía Judicial. En la cita, ambas partes expusieron los principales desafíos a los que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra estos delitos y el papel que juegan los notarios en este ámbito. Y justo ahora ese papel está en entredicho por una modificación normativa, como publicó ABC.El Gobierno lanzó hace escasos meses, ya rodeado de multitud de casos de corrupción en sede judicial, un anteproyecto de ley que ha puesto en pie de guerra a los notarios de todo el país por plantear la suspensión de la obligación de registrar en una escritura pública los traspasos de participaciones societarias y prever su instrumentación a través de documento privado y mediante su inscripción por vía electrónica en el Registro Mercantil, alegando cuestiones de transparencia.Noticia relacionada general No No Rebelión de los notarios contra una ley del Gobierno por abrir las puertas al blanqueo Bruno PérezLos notarios consideran que la reforma elimina el control previo y presencial de legalidad y veracidad sobre estas operaciones que ejercen los notarios en el trámite de inscripción efectiva de las mismas en escritura pública, que vuela el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada sin motivo aparente y que elevará los costes para las empresas al no dar por válida la operación hasta que sea inscrita en el Registro Mercantil, cuando ahora lo es en el momento en que se eleva a escritura pública.Ya con el caso Zapatero estallado en la Audiencia Nacional y con el expresidente del Gobierno imputado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitó de manera expresa al Ejecutivo que reconsidere la propuesta de reforma legal no erosionar la eficacia del actual sistema de control sobre delitos económicos.El Poder Judicial advirtió de que «la supresión de la exigencia de documento público y su sustitución por documento privado firmado electrónico, inscribible en una sección especial Registro Mercantil, debería ser reconsiderada», a la luz de su larga tradición en el ordenamiento jurídico español y, singularmente, de la «valoración positiva» que ese sistema tiene para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , el organismo multilateral encargado de promover estrategias y acciones contra el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.Así las cosas, los notarios argumentan que una eventual aprobación bloquearía el flujo de entrada de información hacia el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado, la base de datos sobre los titulares reales de las sociedades constituidas en España que utilizan órganos como la Fiscalía, la UCO, la UDEF o la Agencia Tributaria en sus investigaciones sobre delitos económicos, y afectaría de manera inexorable a la fiabilidad de la información que se maneja en esas investigaciones. Esa base datos, entre otros muchos asuntos, es la que ha sido utilizada en investigaciones como el caso mascarillas o el caso Plus Ultra que ha desembocado en la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero .Mecanismos de colaboración«Raquel Iglesias Pajares, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña y Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del CGN explicaron por qué uno de los principales instrumentos de esta colaboración es el OCP, creado en 2005 para canalizar y reforzar la cooperación de los notarios con las autoridades judiciales y policiales. Desde su constitución en 2005 y hasta finales de 2025, el OCP ha respondido a más de 415.000 requerimientos de información y ha atendido casi 200.000 solicitudes de documentación», han explicado en nota de prensa.A lo largo de la jornada, asimismo, se han presentado diversos casos de colaboración entre ambas instituciones, con «actuaciones en las que la información notarial y el trabajo conjunto resultaron determinantes para la detección de operaciones sospechosas , la identificación de entramados societarios complejos, recuperación de activos y bienes y el avance de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras formas de delincuencia económica».Los participantes coincidieron en señalar que la colaboración constituye una herramienta estratégica para proteger la integridad del sistema económico y financiero, así como para reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos. En este sentido, destacaron la importancia de seguir fortaleciendo los canales de intercambio de información y de profundizar en la cooperación operativa ante fenómenos delictivos cada vez más sofisticados y transnacionales.
En pleno caso Plus Ultra que ha llevado a la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, la Policía Nacional y los notarios refuerzan su colaboración conjunta frente a los delitos económicos y financieros. El Cuerpo y el Consejo General del Notariado han … celebrado este 10 de junio un encuentro «que ha servido para reforzar la cooperación entre ambas instituciones frente a la delincuencia económica y financiera. La jornada reunió a responsables de ambas organizaciones para analizar los mecanismos de colaboración que permiten prevenir, detectar e investigar delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la evasión fiscal, la corrupción y otras formas de criminalidad económica organizada».
En la inauguración participaron Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y decana del Colegio Notarial de Madrid, y Luis Fernando Pascual Grasa, comisario general de Policía Judicial. En la cita, ambas partes expusieron los principales desafíos a los que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra estos delitos y el papel que juegan los notarios en este ámbito. Y justo ahora ese papel está en entredicho por una modificación normativa, como publicó ABC.
El Gobierno lanzó hace escasos meses, ya rodeado de multitud de casos de corrupción en sede judicial, un anteproyecto de ley que ha puesto en pie de guerra a los notarios de todo el país por plantear la suspensión de la obligación de registrar en una escritura pública los traspasos de participaciones societarias y prever su instrumentación a través de documento privado y mediante su inscripción por vía electrónica en el Registro Mercantil, alegando cuestiones de transparencia.
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Los notarios consideran que la reforma elimina el control previo y presencial de legalidad y veracidad sobre estas operaciones que ejercen los notarios en el trámite de inscripción efectiva de las mismas en escritura pública, que vuela el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada sin motivo aparente y que elevará los costes para las empresas al no dar por válida la operación hasta que sea inscrita en el Registro Mercantil, cuando ahora lo es en el momento en que se eleva a escritura pública.
Ya con el caso Zapatero estallado en la Audiencia Nacional y con el expresidente del Gobierno imputado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitó de manera expresa al Ejecutivo que reconsidere la propuesta de reforma legal no erosionar la eficacia del actual sistema de control sobre delitos económicos.
El Poder Judicial advirtió de que «la supresión de la exigencia de documento público y su sustitución por documento privado firmado electrónico, inscribible en una sección especial Registro Mercantil, debería ser reconsiderada», a la luz de su larga tradición en el ordenamiento jurídico español y, singularmente, de la «valoración positiva» que ese sistema tiene para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo multilateral encargado de promover estrategias y acciones contra el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
Así las cosas, los notarios argumentan que una eventual aprobación bloquearía el flujo de entrada de información hacia el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado, la base de datos sobre los titulares reales de las sociedades constituidas en España que utilizan órganos como la Fiscalía, la UCO, la UDEF o la Agencia Tributaria en sus investigaciones sobre delitos económicos, y afectaría de manera inexorable a la fiabilidad de la información que se maneja en esas investigaciones. Esa base datos, entre otros muchos asuntos, es la que ha sido utilizada en investigaciones como el caso mascarillas o el caso Plus Ultra que ha desembocado en la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Mecanismos de colaboración
«Raquel Iglesias Pajares, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña y Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del CGN explicaron por qué uno de los principales instrumentos de esta colaboración es el OCP, creado en 2005 para canalizar y reforzar la cooperación de los notarios con las autoridades judiciales y policiales. Desde su constitución en 2005 y hasta finales de 2025, el OCP ha respondido a más de 415.000 requerimientos de información y ha atendido casi 200.000 solicitudes de documentación», han explicado en nota de prensa.
A lo largo de la jornada, asimismo, se han presentado diversos casos de colaboración entre ambas instituciones, con «actuaciones en las que la información notarial y el trabajo conjunto resultaron determinantes para la detección de operaciones sospechosas, la identificación de entramados societarios complejos, recuperación de activos y bienes y el avance de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras formas de delincuencia económica».
Los participantes coincidieron en señalar que la colaboración constituye una herramienta estratégica para proteger la integridad del sistema económico y financiero, así como para reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos. En este sentido, destacaron la importancia de seguir fortaleciendo los canales de intercambio de información y de profundizar en la cooperación operativa ante fenómenos delictivos cada vez más sofisticados y transnacionales.
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