La noche del 2 de marzo de 2023 el joven albanés A. A. desapareció. Desde finales de 2022 convivía con otro hombre de 52 años llamado I. B., El Seco, en la casa pareada de una urbanización de Riudarenes (Girona) donde mantenían y vigilaban una plantación de marihuana. Un conocido lo fue a denunciar ante los Mossos d’Esquadra unos días después, extrañado por la falta de información y por los antecedentes que el joven les había relatado: la relación con su compañero de aventuras se había deteriorado y habían protagonizado alguna pelea. Cuando los agentes llegaron al lugar detuvieron al hombre mayor, propietario del inmueble, acusado de un delito contra la salud pública y desmantelaron el cultivo, pero no hallaron ni rastro del joven desaparecido.
La acusación sostiene que, tras la agresión, llevó el cuerpo hasta un vertedero de Riudarenes para que animales carroñeros se lo comieran y eliminar así pruebas
La noche del 2 de marzo de 2023 el joven albanés A. A. desapareció. Desde finales de 2022 convivía con otro hombre de 52 años llamado I. B., El Seco, en la casa pareada de una urbanización de Riudarenes (Girona) donde mantenían y vigilaban una plantación de marihuana. Un conocido lo fue a denunciar ante los Mossos d’Esquadra unos días después, extrañado por la falta de información y por los antecedentes que el joven les había relatado: la relación con su compañero de aventuras se había deteriorado y habían protagonizado alguna pelea. Cuando los agentes llegaron al lugar detuvieron al hombre mayor, propietario del inmueble, acusado de un delito contra la salud pública y desmantelaron el cultivo, pero no hallaron ni rastro del joven desaparecido.
Tras años de investigación, un juzgado de Santa Coloma de Farners ha decidido cerrar la instrucción y abrir la vista en un juicio con jurado. La Fiscalía solicita 22 años y 5 meses de prisión para el acusado, mientras que las dos acusaciones que representan a la madre y la hermana de la víctima, por una parte, y al padre, por la otra, elevan esa petición tres años más. El juez sospecha que El Seco mató al joven tras otra riña, aquella noche motivada porque le acusaba de haberse quedado con 5 euros que eran suyos. Supuestamente lo atacó cuando estaba estirado y desprevenido en la cama, sin posibilidad de defenderse, y con una violencia brutal que le segó la vida.
Al delito de asesinato, las acusaciones le suman el de profanación de cadáveres (5 meses de cárcel). El cuerpo sin vida de A. A. nunca pudo hallarse, sí sus restos en forma de multitud de huesos dispersados en un espacio utilizado como vertedero en una zona boscosa próxima a la vivienda donde lo habría agredido hasta matarlo de la urbanización de Can Fornaca. Los localizó el 17 de abril de 2023, un mes y medio después del supuesto asesinato, un hombre mientras paseaba a su perro.
El instructor de la causa sospecha que el acusado sabía lo que hacía cuando trasladó el cuerpo a aquel espacio próximo: los jabalíes y los cánidos que frecuentan el lugar lo destrozarían y lo harían irreconocible. “El estado que presentaban los restos óseos ─con esqueletización parcial, dispersión anatómica y alteraciones tafonómicas por acción de carroñeros─ no permitió determinar cuántas lesiones infligió el acusado», relata el ministerio fiscal. Apenas se apreció un traumatismo craneoencefálico efecto del ataque, una de las lesiones que las acusaciones consideran que acabó matando al joven vigilante de la plantación. Y apareció también un cuchillo cerca.
En el mismo lugar se hallaron otros efectos propiedad del joven. Una toalla, una funda nórdica, un cojín y una alfombra que habían acabado manchados de sangre tras la agresión. La policía también detectó restos de sangre en el dormitorio de la víctima, que El Seco habría intentado eliminar con el objetivo de borrar pistas. Y también había muestras en la furgoneta supuestamente utilizada para trasladar el cadáver hasta el lugar donde los animales salvajes borrarían pistas. Incluso los agentes hallaron dentro de la lavadora unos pantalones, también manchados de sangre, del acusado.
El Seco, sin embargo, defiende su inocencia y su defensa argumenta que la acusación apenas se mantiene sobre una correlación de indicios: “sospechas, probabilidades o reconstrucciones meramente posibles”. “En el presente supuesto”, defiende el escrito de su letrada en el que se pide el archivo de la causa, “las inferencias se construyen en gran medida unas sobre otras ya que se presupone que la muerte ocurrió en la habitación porque existe sangre, se atribuye la muerte al acusado porque convivía con la víctima, se interpreta el pantalón como prueba de la agresión porque se parte de que el acusado fue el agresor, se interpreta la sangre del vehículo como prueba del traslado porque se parte de que el acusado había matado a la víctima y se atribuye al acusado el traslado del colchón y ropa de cama porque se parte nuevamente de que fue él quien cometió el homicidio”.
El juez ha reclamado al Ayuntamiento de Riudarenes que facilite todas las imágenes que pueda tener de las cámaras de vigilancia de la urbanización para detectar los movimientos que el acusado hubiera podido llevar a cabo durante las horas que siguieron al crimen. Pero la respuesta inicial del Consistorio fue que todas las grabaciones se borran seis meses después de ser tomadas.
El caso judicial suma una curiosidad más de calado procesal. El letrado que defiende la posición del padre de la víctima, Jonathan Juiz, figura también como testigo, puesto que fue uno de los primeros que habló con el acusado para pedir explicaciones sobre el paradero del joven. No declarará durante el juicio pero sí constan dos periciales del sumario en las que participó durante la investigación y ninguna parte del procedimiento ha puesto problemas para que intervenga como parte.
La acusación que defiende los intereses de la madre y de la hermana de la víctima pide, además de la pena de cárcel de 25 años, una indemnización de 140.000 euros para el padre (que no ha acabado realizando acusación), 300.000 euros para la madre y otros 150.000 euros para la hermana. Esas cuantías han sido rebajadas a 140.000 euros para los progenitores y 35.000 para la hermana por parte de la Fiscalía. “Los padres de A. A.”, indica la acusación de Fiscalía, “únicamente pudieron enterrar la parte del esqueleto de su hijo localizada en el barranco, lo que aumentó el dolor y los padecimientos, ya propios, de perder a un hijo”.
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