Un compromiso alcanzado este lunes durante la reunión mantenida entre el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén.Más información: “Un pueblo con una tienda es un pueblo con vida”: Mañueco lanza el Cheque Comercio Rural con ayudas de hasta 5.000 € Un compromiso alcanzado este lunes durante la reunión mantenida entre el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén.Más información: “Un pueblo con una tienda es un pueblo con vida”: Mañueco lanza el Cheque Comercio Rural con ayudas de hasta 5.000 €
La Junta de Castilla y León reforzará su apoyo a los pequeños municipios con un incremento de las ayudas destinadas a los bares rurales, que podrán alcanzar los 6.000 euros anuales a partir de la convocatoria de 2027 si estos establecimientos amplían su actividad con la venta de productos básicos no perecederos.
El compromiso fue uno de los principales acuerdos alcanzados este lunes durante la reunión mantenida entre el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, en un encuentro centrado en la financiación local y el mantenimiento de los servicios en el medio rural.
González Gago explicó que la medida busca convertir estos establecimientos en «centros de ocio y convivencia», pero también en un recurso esencial para garantizar el abastecimiento en los pueblos más pequeños.
En la actualidad, la ayuda asciende a 3.000 euros para sufragar gastos corrientes del único bar existente en determinados municipios y pedanías, mientras que la nueva línea añadirá otros 3.000 euros destinados a cubrir costes de Seguridad Social del titular o trabajador del establecimiento, siempre que incorpore una pequeña tienda de productos básicos.
«La idea es poder abordar, a partir del año 2027, un incremento de otros 3.000 euros asociado al gasto en Seguridad Social, siempre que al bar se le añada como segunda actividad una pequeña tienda de productos no perecederos«, explicó el consejero. Según defendió, esta iniciativa permitirá que «los vecinos no solo tengan un centro de ocio donde compartir su vida social, sino también un punto donde adquirir productos necesarios en situaciones de urgencia».
La presidenta de la FRMP valoró especialmente esta propuesta al considerar que responde a una de las principales carencias del medio rural.
«Si además de un centro local hay una tienda de abastecimiento, es una nueva garantía para la población y, sobre todo, para las personas mayores que tienen más dificultades para desplazarse y realizar sus compras», señaló Armisén, quien destacó que muchos municipios dependen actualmente del comercio itinerante.
Más financiación para los municipios
Otro de los compromisos anunciados por la Consejería de la Presidencia es el incremento del Fondo de Cohesión Territorial, dirigido a municipios de menos de 20.000 habitantes. González Gago recordó que este instrumento nació durante la pandemia con una dotación extraordinaria de 20 millones de euros y posteriormente quedó consolidado como financiación permanente.
El consejero avanzó que, tras permanecer congelado desde 2022, el fondo comenzará a actualizarse cada año. «El compromiso es que el Fondo de Cohesión Territorial se incremente anualmente en el mismo porcentaje que el resto de fondos de cooperación económica local», precisó.
Asimismo, la Junta incrementará la financiación destinada a las mancomunidades, que permiten a los ayuntamientos prestar conjuntamente servicios municipales, y reforzará las subvenciones que reciben las diputaciones provinciales para mantener los servicios de asistencia técnica a los municipios.
Durante la reunión también se abordó la falta de secretarios e interventores en numerosos ayuntamientos. González Gago confirmó que el Ejecutivo autonómico continuará impulsando las bolsas de interinos para cubrir con rapidez las vacantes de habilitados nacionales mientras se resuelven los procesos estatales.
En este punto coincidió Armisén, quien insistió en que el problema exige una respuesta del Gobierno central. «Necesitamos cubrir esas plazas de habilitados nacionales. Castilla y León ha resuelto muchas vacantes mediante las bolsas de interinos, pero eso no elimina la responsabilidad del Estado de cubrir esos puestos», afirmó.
Compartir personal entre municipios
La presidenta de la FRMP trasladó además a la Consejería la necesidad de impulsar cambios normativos que permitan a pequeños municipios compartir personal y servicios mediante agrupaciones municipales.
Según explicó, el objetivo es facilitar fórmulas para que varios ayuntamientos puedan disponer conjuntamente de administrativos o técnicos especializados, reduciendo costes y mejorando la gestión.
«Tener un administrativo para cada municipio pequeño no siempre tiene sentido, pero sí compartir ese personal entre varias localidades», defendió.
Reivindicaciones al Gobierno
Más allá de las medidas autonómicas, ambas instituciones coincidieron en reclamar al Ejecutivo central una reforma de la financiación local vinculada a la futura reforma de la financiación autonómica.
González Gago sostuvo que el actual sistema no refleja el sobrecoste que supone prestar servicios públicos en territorios con población muy dispersa. «La financiación local debe abordarse en paralelo con la financiación autonómica», afirmó, recordando que servicios como la recogida de residuos tienen un coste muy superior en los municipios rurales.
Junto a esta reivindicación, tanto la Junta como la Federación insistieron en la necesidad de aprobar el Estatuto del Pequeño Municipio, una norma que adapte las obligaciones administrativas a la realidad de los pueblos con escasa población.
«No es normal que tengan prácticamente las mismas exigencias administrativas un municipio de 70 habitantes que otro de 20.000», defendió el consejero.
En la misma línea, Armisén reclamó incorporar una auténtica «perspectiva rural» en la legislación. «Habrá que ponerse las gafas de lo rural también los legisladores», resumió, al defender que las normas deben ajustarse a la capacidad de gestión de los pequeños ayuntamientos.
El Español – Castilla y León
