La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, asume que los actuales problemas en materia de vivienda no son sencillos de solucionar, pero sí existen algunas medidas que se podrían desarrollar de manera inmediata, sobre todo, con un volumen cercano al millón de viviendas que ahora mismo no son de uso residencial.Así lo ha manifestado en el marco de los cursos de verano sobre inteligencia artificial, energía y vivienda de la UIMP que organiza la APIE y patrocina BBVA. Rodríguez ha concretado que ahora mismo existe, según datos del Banco de España, unas 900.000 viviendas que no están destinadas a familias ni a jóvenes, sino que se utilizan para el turismo o pertenecen a inversores extranjeros no residentes.En concreto, la ministra de Vivienda asume que si se consiguiera cambiar el uso de estas viviendas a residencial, no solo se acabaría con el déficit de vivienda en España, sino que incluso «sobraría» oferta. Para ello, Rodríguez ha puesto sobre la mesa algunas potenciales recetas para encarar esta situación.Noticia relacionada general No No La CNMV no detectó anomalías en la cotización de Indra pese a las subidas cercanas al 40% en febrero Raúl MasaPara movilizar estas viviendas propone instrumentos ya incluidos en el Plan Estatal de Vivienda como que las comunidades autónomas compren estas viviendas a inversores o propietarios de pisos turísticos, contando con una financiación del Estado de hasta el 80% en ayudas directas. De esta forma crecería el volumen del parque público de vivienda.Concretamente, lo que se recoge en la nueva hoja de ruta estatal es que las comunidades autónomas puedan financiar hasta el 70% de estas operaciones con los fondos del Plan Estatal, aunque si las adquisiciones se hacen en áreas declaradas como tensionadas, el crédito puede elevarse hasta el 85% del coste de la compraventa. ¿El requisito? que la casa adquirida se ponga a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible con una renta máxima de 800 euros al mesAsimismo, y por otra parte, cree que se debería fomentar que los propietarios particulares cedan la vivienda a la administración por un periodo de al menos siete años. A cambio, el Estado se encargaría de la rehabilitación y les aseguraría un pago mensual, por ejemplo, de 600 euros, destinando luego el inmueble a alquileres de larga duración para familias.Aunque en realidad, esta es una medida que también viene recogida en el Plan Estatal de Vivienda en la que se recoge una ayuda Se ofrece una ayuda de hasta 50.400 euros a particulares que cedan una vivienda a la comunidad autónoma durante 7 años para que sea la Administración regional quien la alquiler por un máximo de 600 euros mensuales. Como parte de ese contrato, se incluye una previsión de rehabilitación y obras de mejora antes y después del alquiler, para el correcto mantenimiento de la vivienda.Otros proyectosLa ministra también se ha referido al proyecto que tiene entre manos Casa 47, la entidad de vivienda pública, por el cual se pretendía contar con una dotación de 100 millones de euros para comprar vivienda y ponerla a disposición de la ciudadanía como parte del parque de vivienda pública.Rodríguez ha señalado que la iniciativa busca sumar viviendas en el parque público sin necesidad de construir nuevas, destinándolas a un «proyecto social de país». La ministra ha explicado que, aunque las comunidades autónomas tienen el derecho de tanteo para comprar viviendas, algunas no lo ejercen. Ante esto, el Gobierno central ha decidido actuar licitando estos 100 millones de euros conforme a la Ley de Contratos.El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 9 de julio, y hasta el momento, tanto empresas como particulares han mostrado interés realizando consultas técnicas sobre la licitación, aunque no ha precisado detalles sobre el desarrollo. La ministra ha asegurado que si este proceso funciona correctamente, el Gobierno está dispuesto a destinar más recursos en el futuro para seguir ampliando el inventario de vivienda pública mediante la compra de inmuebles.Competir contra particulares en el mercadoAsí las cosas, el Ejecutivo quiere incentivar que las Administraciones Públicas compren vivienda en el mercado libre, compitiendo con otros particulares por las casas, lo que puede despertar cierto recelo entre los compradores que acuden a un mercado cada vez más esquelético en cuanto a oferta.Sin embargo, en el sector residencial dudan del éxito de programas como el de Casa 47, por lo menos, respecto a lo que puedan lograr en los mercados denominados como tensionados. La única ventaja con la que parte la entidad es la de poder optar a adquirir grandes carteras de viviendas a fondos de inversión y empresas, pero incluso aún así no se le augura un gran futuro porque el pliego de la licitación persigue en estos casos ofertas muy a la baja.Luego están las exigencias que pone el antiguo Sepes para adquirir las casas. Los inmuebles deberán tener entre 40 m² y 120 m², estar edificadas en altura (solo pueden ser pisos y no casas unifamiliares), tener ascensor si el edificio es de tres plantas o más, ser exteriores, contar con certificado de eficiencia energética, y estar en condiciones para ser habitadas de manera inmediata. Tan solo se permitirá a los interesados ofertar casas con necesidad de reforma si el tiempo requerido para rehabilitarlas es inferior a seis meses.En cuanto al precio, en ningún caso se pagará por metro cuadrado más de lo que aparezca en el Portal Estadístico del Notariado, que entre otros datos, recoge la media por metro de superficie que se paga en cada código postal de España. Si el valor pedido por el vendedor supera ese umbral, Casa 47 desechará la operación, lo que complica el éxito del plan sobre todo en mercados tensionados, donde la capacidad de negociación que tiene la parte vendedora es mucho más elevada. El objetivo es el de no pagar paga por encima del mercado real, según se describe en el pliego de la licitación lanzada en marzo. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, asume que los actuales problemas en materia de vivienda no son sencillos de solucionar, pero sí existen algunas medidas que se podrían desarrollar de manera inmediata, sobre todo, con un volumen cercano al millón de viviendas que ahora mismo no son de uso residencial.Así lo ha manifestado en el marco de los cursos de verano sobre inteligencia artificial, energía y vivienda de la UIMP que organiza la APIE y patrocina BBVA. Rodríguez ha concretado que ahora mismo existe, según datos del Banco de España, unas 900.000 viviendas que no están destinadas a familias ni a jóvenes, sino que se utilizan para el turismo o pertenecen a inversores extranjeros no residentes.En concreto, la ministra de Vivienda asume que si se consiguiera cambiar el uso de estas viviendas a residencial, no solo se acabaría con el déficit de vivienda en España, sino que incluso «sobraría» oferta. Para ello, Rodríguez ha puesto sobre la mesa algunas potenciales recetas para encarar esta situación.Noticia relacionada general No No La CNMV no detectó anomalías en la cotización de Indra pese a las subidas cercanas al 40% en febrero Raúl MasaPara movilizar estas viviendas propone instrumentos ya incluidos en el Plan Estatal de Vivienda como que las comunidades autónomas compren estas viviendas a inversores o propietarios de pisos turísticos, contando con una financiación del Estado de hasta el 80% en ayudas directas. De esta forma crecería el volumen del parque público de vivienda.Concretamente, lo que se recoge en la nueva hoja de ruta estatal es que las comunidades autónomas puedan financiar hasta el 70% de estas operaciones con los fondos del Plan Estatal, aunque si las adquisiciones se hacen en áreas declaradas como tensionadas, el crédito puede elevarse hasta el 85% del coste de la compraventa. ¿El requisito? que la casa adquirida se ponga a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible con una renta máxima de 800 euros al mesAsimismo, y por otra parte, cree que se debería fomentar que los propietarios particulares cedan la vivienda a la administración por un periodo de al menos siete años. A cambio, el Estado se encargaría de la rehabilitación y les aseguraría un pago mensual, por ejemplo, de 600 euros, destinando luego el inmueble a alquileres de larga duración para familias.Aunque en realidad, esta es una medida que también viene recogida en el Plan Estatal de Vivienda en la que se recoge una ayuda Se ofrece una ayuda de hasta 50.400 euros a particulares que cedan una vivienda a la comunidad autónoma durante 7 años para que sea la Administración regional quien la alquiler por un máximo de 600 euros mensuales. Como parte de ese contrato, se incluye una previsión de rehabilitación y obras de mejora antes y después del alquiler, para el correcto mantenimiento de la vivienda.Otros proyectosLa ministra también se ha referido al proyecto que tiene entre manos Casa 47, la entidad de vivienda pública, por el cual se pretendía contar con una dotación de 100 millones de euros para comprar vivienda y ponerla a disposición de la ciudadanía como parte del parque de vivienda pública.Rodríguez ha señalado que la iniciativa busca sumar viviendas en el parque público sin necesidad de construir nuevas, destinándolas a un «proyecto social de país». La ministra ha explicado que, aunque las comunidades autónomas tienen el derecho de tanteo para comprar viviendas, algunas no lo ejercen. Ante esto, el Gobierno central ha decidido actuar licitando estos 100 millones de euros conforme a la Ley de Contratos.El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 9 de julio, y hasta el momento, tanto empresas como particulares han mostrado interés realizando consultas técnicas sobre la licitación, aunque no ha precisado detalles sobre el desarrollo. La ministra ha asegurado que si este proceso funciona correctamente, el Gobierno está dispuesto a destinar más recursos en el futuro para seguir ampliando el inventario de vivienda pública mediante la compra de inmuebles.Competir contra particulares en el mercadoAsí las cosas, el Ejecutivo quiere incentivar que las Administraciones Públicas compren vivienda en el mercado libre, compitiendo con otros particulares por las casas, lo que puede despertar cierto recelo entre los compradores que acuden a un mercado cada vez más esquelético en cuanto a oferta.Sin embargo, en el sector residencial dudan del éxito de programas como el de Casa 47, por lo menos, respecto a lo que puedan lograr en los mercados denominados como tensionados. La única ventaja con la que parte la entidad es la de poder optar a adquirir grandes carteras de viviendas a fondos de inversión y empresas, pero incluso aún así no se le augura un gran futuro porque el pliego de la licitación persigue en estos casos ofertas muy a la baja.Luego están las exigencias que pone el antiguo Sepes para adquirir las casas. Los inmuebles deberán tener entre 40 m² y 120 m², estar edificadas en altura (solo pueden ser pisos y no casas unifamiliares), tener ascensor si el edificio es de tres plantas o más, ser exteriores, contar con certificado de eficiencia energética, y estar en condiciones para ser habitadas de manera inmediata. Tan solo se permitirá a los interesados ofertar casas con necesidad de reforma si el tiempo requerido para rehabilitarlas es inferior a seis meses.En cuanto al precio, en ningún caso se pagará por metro cuadrado más de lo que aparezca en el Portal Estadístico del Notariado, que entre otros datos, recoge la media por metro de superficie que se paga en cada código postal de España. Si el valor pedido por el vendedor supera ese umbral, Casa 47 desechará la operación, lo que complica el éxito del plan sobre todo en mercados tensionados, donde la capacidad de negociación que tiene la parte vendedora es mucho más elevada. El objetivo es el de no pagar paga por encima del mercado real, según se describe en el pliego de la licitación lanzada en marzo.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, asume que los actuales problemas en materia de vivienda no son sencillos de solucionar, pero sí existen algunas medidas que se podrían desarrollar de manera inmediata, sobre todo, con un volumen cercano al millón de viviendas … que ahora mismo no son de uso residencial.
Así lo ha manifestado en el marco de los cursos de verano sobre inteligencia artificial, energía y vivienda de la UIMP que organiza la APIE y patrocina BBVA. Rodríguez ha concretado que ahora mismo existe, según datos del Banco de España, unas 900.000 viviendas que no están destinadas a familias ni a jóvenes, sino que se utilizan para el turismo o pertenecen a inversores extranjeros no residentes.
En concreto, la ministra de Vivienda asume que si se consiguiera cambiar el uso de estas viviendas a residencial, no solo se acabaría con el déficit de vivienda en España, sino que incluso «sobraría» oferta. Para ello, Rodríguez ha puesto sobre la mesa algunas potenciales recetas para encarar esta situación.
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Para movilizar estas viviendas propone instrumentos ya incluidos en el Plan Estatal de Vivienda como que las comunidades autónomas compren estas viviendas a inversores o propietarios de pisos turísticos, contando con una financiación del Estado de hasta el 80% en ayudas directas. De esta forma crecería el volumen del parque público de vivienda.
Asimismo, y por otra parte, cree que se debería fomentar que los propietarios particulares cedan la vivienda a la administración por un periodo de al menos siete años. A cambio, el Estado se encargaría de la rehabilitación y les aseguraría un pago mensual, por ejemplo, de 600 euros, destinando luego el inmueble a alquileres de larga duración para familias.
Otros proyectos
La ministra también se ha referido al proyecto que tiene entre manos Casa 47, la entidad de vivienda pública, por el cual se pretendía contar con una dotación de 100 millones de euros para comprar vivienda y ponerla a disposición de la ciudadanía como parte del parque de vivienda pública.
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Rodríguez ha señalado que la iniciativa busca sumar viviendas en el parque público sin necesidad de construir nuevas, destinándolas a un «proyecto social de país». La ministra ha explicado que, aunque las comunidades autónomas tienen el derecho de tanteo para comprar viviendas, algunas no lo ejercen. Ante esto, el Gobierno central ha decidido actuar licitando estos 100 millones de euros conforme a la Ley de Contratos.
El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 9 de julio, y hasta el momento, tanto empresas como particulares han mostrado interés realizando consultas técnicas sobre la licitación, aunque no ha precisado detalles sobre el desarrollo. La ministra ha asegurado que si este proceso funciona correctamente, el Gobierno está dispuesto a destinar más recursos en el futuro para seguir ampliando el inventario de vivienda pública mediante la compra de inmuebles.
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