En marzo de 2024 la entonces ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, realizó unas declaraciones públicas en las que imputaba la comisión de un fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y recalcaba que incluso la defensa del contribuyente había admitido los hechos, revelando una información supuestamente protegida por el artículo 95 de la Ley General Tributaria que impone el deber de secreto y sigilo sobre la información tributaria de los ciudadanos. El asunto fue tan así que meses después el fiscal general del Estado fue condenado en sede judicial por incumplir ese mismo precepto.Meses después el manejo de la información en relación al caso Zapatero y las presuntas irregularidades fiscales asociadas a las célebres joyas encontradas en el caja fuerte de su despacho profesional, y la renuencia de la Agencia Tributaria (AEAT) a confirmar su personación en el caso, contribuyó también, según la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, a extender entre la ciudadanía «la percepción de que la Agencia Tributaria está politizada y de que el rigor que aplica al contribuyente medio se relaja notablemente cuando se trata de los más poderosos».Estos son los más recientes casos en que la sombra de las injerencias políticas ha sobrevolado el desempeño de un órgano supuestamente autónomo como la Agencia Tributaria pero no son los únicos. La organización profesional que aglutina a más del 80% de los inspectores de Hacienda del Estado ha desvelado este viernes hasta media docena de episodios de extrema gravedad en que el Poder Ejecutivo ha tratado de utilizar la Agencia Tributaria en su beneficio político. Afectan a casi todos los gobiernos que ha habido desde la creación del órgano en el año 1992 y justifican su exigencia de desvincular totalmente la AEAT del Gobierno y blindar su independencia a través de un nuevo estatuto jurídico.«Estamos asistiendo a la mayor crisis de la historia de la Agencia Tributaria», han denunciado este viernes los inspectores de Hacienda, a un mes escaso de las elecciones generales y aprovechando el altavoz de su Congreso Anual, que se celebra estos días en Toledo. Juzgan que el riesgo de sufrir «injerencias políticas indeseables» es creciente y reclaman una refundación de la Agencia Tributaria, que le permita desvincularse por completo del Poder Ejecutivo, haga dependen el nombramiento de sus primeros ejecutivos del Congreso y no del Ministerio de Hacienda y le otorgue la independencia económica que necesitaría para operar con total autonomía del poder política y blindarse ante cualquier injerencia.Porque las hay y las ha habido. Por primera vez, los inspectores de Hacienda se han animado a ilustrar hasta media docena de casos en que los gobiernos cayeron en la tentación de utilizar su influencia sobre la Agencia Tributaria para obtener un rédito político. Esta es la relación de casos denunciada por los inspectores de Hacienda.En 1997, el entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, acusó al Ejecutivo de Felipe González anterior a partir de supuesta información obtenida de la AEAT de aplicar una amnistía fiscal encubierta a través de la paralización de 600 expedientes valorados en unos 200.000 millones de las antiguas pesetas (unos 1.200 millones de euros), una acusación que nunca se llegó a probar con datos.En 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó introducir vía reglamento la obligación de que la Agencia Tributaria remitiera al Ministerio de Hacienda, para su visto bueno (o para su control político), los expedientes fiscales más delicados, aunque finalmente tuvo que renunciar a ello por la presión entre otros colectivos de los inspectores de Hacienda.Año 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy, asfixiado por la situación de las arcas públicas y las exigencias de recortes fiscales de Bruselas, lanza una amnistía fiscal, que tiene que promocionar activamente ante los recelos de los contribuyentes garantizándoles que no se les va a inspeccionar por las rentas declaradas. Cuatro años después del Tribunal Constitucional la declararía ilegal. Unos años más tarde, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, relevó de la Delegación de Grandes Contribuyentes a varios responsables tras una sanción a una gran empresa.Una sucesión de casos, que los inspectores de Hacienda se han animado a clasificar de manera detallada para reforzar la necesidad de recuperar el margen de autonomía con el que la Agencia Tributaria se creó allá por 1992. El ex presidente de Inspectores de Hacienda del Estado y portavoz de la asociación, José María Peláez, lo resume como una refundación «para recuperar la independencia de actuación que con el paso de los años hemos ido perdiendo». En marzo de 2024 la entonces ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, realizó unas declaraciones públicas en las que imputaba la comisión de un fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y recalcaba que incluso la defensa del contribuyente había admitido los hechos, revelando una información supuestamente protegida por el artículo 95 de la Ley General Tributaria que impone el deber de secreto y sigilo sobre la información tributaria de los ciudadanos. El asunto fue tan así que meses después el fiscal general del Estado fue condenado en sede judicial por incumplir ese mismo precepto.Meses después el manejo de la información en relación al caso Zapatero y las presuntas irregularidades fiscales asociadas a las célebres joyas encontradas en el caja fuerte de su despacho profesional, y la renuencia de la Agencia Tributaria (AEAT) a confirmar su personación en el caso, contribuyó también, según la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, a extender entre la ciudadanía «la percepción de que la Agencia Tributaria está politizada y de que el rigor que aplica al contribuyente medio se relaja notablemente cuando se trata de los más poderosos».Estos son los más recientes casos en que la sombra de las injerencias políticas ha sobrevolado el desempeño de un órgano supuestamente autónomo como la Agencia Tributaria pero no son los únicos. La organización profesional que aglutina a más del 80% de los inspectores de Hacienda del Estado ha desvelado este viernes hasta media docena de episodios de extrema gravedad en que el Poder Ejecutivo ha tratado de utilizar la Agencia Tributaria en su beneficio político. Afectan a casi todos los gobiernos que ha habido desde la creación del órgano en el año 1992 y justifican su exigencia de desvincular totalmente la AEAT del Gobierno y blindar su independencia a través de un nuevo estatuto jurídico.«Estamos asistiendo a la mayor crisis de la historia de la Agencia Tributaria», han denunciado este viernes los inspectores de Hacienda, a un mes escaso de las elecciones generales y aprovechando el altavoz de su Congreso Anual, que se celebra estos días en Toledo. Juzgan que el riesgo de sufrir «injerencias políticas indeseables» es creciente y reclaman una refundación de la Agencia Tributaria, que le permita desvincularse por completo del Poder Ejecutivo, haga dependen el nombramiento de sus primeros ejecutivos del Congreso y no del Ministerio de Hacienda y le otorgue la independencia económica que necesitaría para operar con total autonomía del poder política y blindarse ante cualquier injerencia.Porque las hay y las ha habido. Por primera vez, los inspectores de Hacienda se han animado a ilustrar hasta media docena de casos en que los gobiernos cayeron en la tentación de utilizar su influencia sobre la Agencia Tributaria para obtener un rédito político. Esta es la relación de casos denunciada por los inspectores de Hacienda.En 1997, el entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, acusó al Ejecutivo de Felipe González anterior a partir de supuesta información obtenida de la AEAT de aplicar una amnistía fiscal encubierta a través de la paralización de 600 expedientes valorados en unos 200.000 millones de las antiguas pesetas (unos 1.200 millones de euros), una acusación que nunca se llegó a probar con datos.En 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó introducir vía reglamento la obligación de que la Agencia Tributaria remitiera al Ministerio de Hacienda, para su visto bueno (o para su control político), los expedientes fiscales más delicados, aunque finalmente tuvo que renunciar a ello por la presión entre otros colectivos de los inspectores de Hacienda.Año 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy, asfixiado por la situación de las arcas públicas y las exigencias de recortes fiscales de Bruselas, lanza una amnistía fiscal, que tiene que promocionar activamente ante los recelos de los contribuyentes garantizándoles que no se les va a inspeccionar por las rentas declaradas. Cuatro años después del Tribunal Constitucional la declararía ilegal. Unos años más tarde, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, relevó de la Delegación de Grandes Contribuyentes a varios responsables tras una sanción a una gran empresa.Una sucesión de casos, que los inspectores de Hacienda se han animado a clasificar de manera detallada para reforzar la necesidad de recuperar el margen de autonomía con el que la Agencia Tributaria se creó allá por 1992. El ex presidente de Inspectores de Hacienda del Estado y portavoz de la asociación, José María Peláez, lo resume como una refundación «para recuperar la independencia de actuación que con el paso de los años hemos ido perdiendo».
En marzo de 2024 la entonces ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, realizó unas declaraciones públicas en las que imputaba la comisión de un fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y recalcaba que incluso la defensa del contribuyente … había admitido los hechos, revelando una información supuestamente protegida por el artículo 95 de la Ley General Tributaria que impone el deber de secreto y sigilo sobre la información tributaria de los ciudadanos. El asunto fue tan así que meses después el fiscal general del Estado fue condenado en sede judicial por incumplir ese mismo precepto.
Meses después el manejo de la información en relación al caso Zapatero y las presuntas irregularidades fiscales asociadas a las célebres joyas encontradas en el caja fuerte de su despacho profesional, y la renuencia de la Agencia Tributaria (AEAT) a confirmar su personación en el caso, contribuyó también, según la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, a extender entre la ciudadanía «la percepción de que la Agencia Tributaria está politizada y de que el rigor que aplica al contribuyente medio se relaja notablemente cuando se trata de los más poderosos».
Estos son los más recientes casos en que la sombra de las injerencias políticas ha sobrevolado el desempeño de un órgano supuestamente autónomo como la Agencia Tributaria pero no son los únicos. La organización profesional que aglutina a más del 80% de los inspectores de Hacienda del Estado ha desvelado este viernes hasta media docena de episodios de extrema gravedad en que el Poder Ejecutivo ha tratado de utilizar la Agencia Tributaria en su beneficio político. Afectan a casi todos los gobiernos que ha habido desde la creación del órgano en el año 1992 y justifican su exigencia de desvincular totalmente la AEAT del Gobierno y blindar su independencia a través de un nuevo estatuto jurídico.
«Estamos asistiendo a la mayor crisis de la historia de la Agencia Tributaria», han denunciado este viernes los inspectores de Hacienda, a un mes escaso de las elecciones generales y aprovechando el altavoz de su Congreso Anual, que se celebra estos días en Toledo. Juzgan que el riesgo de sufrir «injerencias políticas indeseables» es creciente y reclaman una refundación de la Agencia Tributaria, que le permita desvincularse por completo del Poder Ejecutivo, haga dependen el nombramiento de sus primeros ejecutivos del Congreso y no del Ministerio de Hacienda y le otorgue la independencia económica que necesitaría para operar con total autonomía del poder política y blindarse ante cualquier injerencia.
Porque las hay y las ha habido. Por primera vez, los inspectores de Hacienda se han animado a ilustrar hasta media docena de casos en que los gobiernos cayeron en la tentación de utilizar su influencia sobre la Agencia Tributaria para obtener un rédito político. Esta es la relación de casos denunciada por los inspectores de Hacienda.
En 1997, el entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, acusó al Ejecutivo de Felipe González anterior a partir de supuesta información obtenida de la AEAT de aplicar una amnistía fiscal encubierta a través de la paralización de 600 expedientes valorados en unos 200.000 millones de las antiguas pesetas (unos 1.200 millones de euros), una acusación que nunca se llegó a probar con datos.
En 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó introducir vía reglamento la obligación de que la Agencia Tributaria remitiera al Ministerio de Hacienda, para su visto bueno (o para su control político), los expedientes fiscales más delicados, aunque finalmente tuvo que renunciar a ello por la presión entre otros colectivos de los inspectores de Hacienda.
Año 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy, asfixiado por la situación de las arcas públicas y las exigencias de recortes fiscales de Bruselas, lanza una amnistía fiscal, que tiene que promocionar activamente ante los recelos de los contribuyentes garantizándoles que no se les va a inspeccionar por las rentas declaradas. Cuatro años después del Tribunal Constitucional la declararía ilegal. Unos años más tarde, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, relevó de la Delegación de Grandes Contribuyentes a varios responsables tras una sanción a una gran empresa.
Una sucesión de casos, que los inspectores de Hacienda se han animado a clasificar de manera detallada para reforzar la necesidad de recuperar el margen de autonomía con el que la Agencia Tributaria se creó allá por 1992. El ex presidente de Inspectores de Hacienda del Estado y portavoz de la asociación, José María Peláez, lo resume como una refundación «para recuperar la independencia de actuación que con el paso de los años hemos ido perdiendo».
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