El PSOE ha cedido y la central nuclear de Almaraz permanecerá abierta hasta 2030. A su socio de coalición, Sumar, no le ha entusiasmado el anuncio y ha respondido con una carta de protesta repleta de malos argumentos en contra de la prórroga : a saber, que la central ha agotado su vida útil, que su continuidad posterga la descarbonización, que encarece la electricidad y que consolida el oligopolio. Ninguna de las cuatro cosas es cierta.Empecemos por el primero de los argumentos que emplea Sumar: que el reactor ha sobrepasado su vida útil y, por consiguiente, es irresponsable extenderla. En realidad, lo que entendemos por «vida útil» de un reactor no es más que una licencia administrativa. Es el Estado quien autoriza a que una central opere durante treinta o cuarenta años y, por tanto, también es el Estado quien puede renovar esa autorización si lo considera adecuado. En este caso, de hecho, el PSOE sólo ha seguido el dictamen del propio Consejo de Seguridad Nuclear, que avaló la prórroga sin ningún voto en contra.Pero la diatriba de Sumar no termina aquí. También afirman que mantener Almaraz retrasa la descarbonización de la economía (cuando la generación eléctrica de las nucleares no emite CO2) o que frena la implantación de nuevas renovables (cuando, en un contexto de demanda eléctrica creciente, hay sobradamente mercado para que se sigan instalando sin necesidad de cerrar Almaraz). Lo que más bien deberían explicar es quién suministraría los 15 teravatios hora que hoy genera la central si ésta se clausurara súbitamente. Alemania ya nos dio la respuesta: el gas natural. Y reemplazar nuclear por gas sí aumenta las emisiones netas de CO2.Tampoco es verdad, a su vez, que la nuclear encarezca la electricidad. Sólo lo haría si existiera la obligación de comprarle su producción a un precio fijo superior al de mercado, pero no es el caso. Nuestras centrales nucleares no pueden modular fácilmente su generación y, por tanto, tienden a aceptar el precio que marque el mercado en cada momento. Es, en definitiva, una tecnología precio-aceptante que arrastra a la baja el coste medio del suministro. Lo que empuja los precios al alza es justamente lo contrario, retirar de golpe generación estable y barata.Y otro tanto sucede con la supuesta cesión a las presiones del oligopolio eléctrico. Almaraz es un oferente más dentro del mercado energético, de modo que clausurarla no lo desconcentra: lo concentra todavía más. Conviene recordar, además, que fueron esas mismas eléctricas las que en 2019 pactaron con el Gobierno el calendario de cierre y que sólo pidieron revisarlo tras el apagón de abril, cuando quedó a la vista de todos la fragilidad de una red escasa de generación firme.En realidad, sólo queda una pregunta política que hacerle a Sumar. Si el PSOE desatiende todas sus exigencias respecto al cierre de Almaraz, ¿romperá el gobierno de coalición, votará en contra de alguna ley o, como ha venido haciendo hasta la fecha, se limitará a patalear de cara a la galería mientras conserva sus sillones ministeriales? Pedro Sánchez —y el resto de españoles— conoce la respuesta y, por eso, ya les ha tomado la medida. El PSOE ha cedido y la central nuclear de Almaraz permanecerá abierta hasta 2030. A su socio de coalición, Sumar, no le ha entusiasmado el anuncio y ha respondido con una carta de protesta repleta de malos argumentos en contra de la prórroga : a saber, que la central ha agotado su vida útil, que su continuidad posterga la descarbonización, que encarece la electricidad y que consolida el oligopolio. Ninguna de las cuatro cosas es cierta.Empecemos por el primero de los argumentos que emplea Sumar: que el reactor ha sobrepasado su vida útil y, por consiguiente, es irresponsable extenderla. En realidad, lo que entendemos por «vida útil» de un reactor no es más que una licencia administrativa. Es el Estado quien autoriza a que una central opere durante treinta o cuarenta años y, por tanto, también es el Estado quien puede renovar esa autorización si lo considera adecuado. En este caso, de hecho, el PSOE sólo ha seguido el dictamen del propio Consejo de Seguridad Nuclear, que avaló la prórroga sin ningún voto en contra.Pero la diatriba de Sumar no termina aquí. También afirman que mantener Almaraz retrasa la descarbonización de la economía (cuando la generación eléctrica de las nucleares no emite CO2) o que frena la implantación de nuevas renovables (cuando, en un contexto de demanda eléctrica creciente, hay sobradamente mercado para que se sigan instalando sin necesidad de cerrar Almaraz). Lo que más bien deberían explicar es quién suministraría los 15 teravatios hora que hoy genera la central si ésta se clausurara súbitamente. Alemania ya nos dio la respuesta: el gas natural. Y reemplazar nuclear por gas sí aumenta las emisiones netas de CO2.Tampoco es verdad, a su vez, que la nuclear encarezca la electricidad. Sólo lo haría si existiera la obligación de comprarle su producción a un precio fijo superior al de mercado, pero no es el caso. Nuestras centrales nucleares no pueden modular fácilmente su generación y, por tanto, tienden a aceptar el precio que marque el mercado en cada momento. Es, en definitiva, una tecnología precio-aceptante que arrastra a la baja el coste medio del suministro. Lo que empuja los precios al alza es justamente lo contrario, retirar de golpe generación estable y barata.Y otro tanto sucede con la supuesta cesión a las presiones del oligopolio eléctrico. Almaraz es un oferente más dentro del mercado energético, de modo que clausurarla no lo desconcentra: lo concentra todavía más. Conviene recordar, además, que fueron esas mismas eléctricas las que en 2019 pactaron con el Gobierno el calendario de cierre y que sólo pidieron revisarlo tras el apagón de abril, cuando quedó a la vista de todos la fragilidad de una red escasa de generación firme.En realidad, sólo queda una pregunta política que hacerle a Sumar. Si el PSOE desatiende todas sus exigencias respecto al cierre de Almaraz, ¿romperá el gobierno de coalición, votará en contra de alguna ley o, como ha venido haciendo hasta la fecha, se limitará a patalear de cara a la galería mientras conserva sus sillones ministeriales? Pedro Sánchez —y el resto de españoles— conoce la respuesta y, por eso, ya les ha tomado la medida.
El PSOE ha cedido y la central nuclear de Almaraz permanecerá abierta hasta 2030. A su socio de coalición, Sumar, no le ha entusiasmado el anuncio y ha respondido con una carta de protesta repleta de malos argumentos en contra de la prórroga: a … saber, que la central ha agotado su vida útil, que su continuidad posterga la descarbonización, que encarece la electricidad y que consolida el oligopolio. Ninguna de las cuatro cosas es cierta.
Empecemos por el primero de los argumentos que emplea Sumar: que el reactor ha sobrepasado su vida útil y, por consiguiente, es irresponsable extenderla. En realidad, lo que entendemos por «vida útil» de un reactor no es más que una licencia administrativa. Es el Estado quien autoriza a que una central opere durante treinta o cuarenta años y, por tanto, también es el Estado quien puede renovar esa autorización si lo considera adecuado. En este caso, de hecho, el PSOE sólo ha seguido el dictamen del propio Consejo de Seguridad Nuclear, que avaló la prórroga sin ningún voto en contra.
Pero la diatriba de Sumar no termina aquí. También afirman que mantener Almaraz retrasa la descarbonización de la economía (cuando la generación eléctrica de las nucleares no emite CO2) o que frena la implantación de nuevas renovables (cuando, en un contexto de demanda eléctrica creciente, hay sobradamente mercado para que se sigan instalando sin necesidad de cerrar Almaraz). Lo que más bien deberían explicar es quién suministraría los 15 teravatios hora que hoy genera la central si ésta se clausurara súbitamente. Alemania ya nos dio la respuesta: el gas natural. Y reemplazar nuclear por gas sí aumenta las emisiones netas de CO2.
Tampoco es verdad, a su vez, que la nuclear encarezca la electricidad. Sólo lo haría si existiera la obligación de comprarle su producción a un precio fijo superior al de mercado, pero no es el caso. Nuestras centrales nucleares no pueden modular fácilmente su generación y, por tanto, tienden a aceptar el precio que marque el mercado en cada momento. Es, en definitiva, una tecnología precio-aceptante que arrastra a la baja el coste medio del suministro. Lo que empuja los precios al alza es justamente lo contrario, retirar de golpe generación estable y barata.
Y otro tanto sucede con la supuesta cesión a las presiones del oligopolio eléctrico. Almaraz es un oferente más dentro del mercado energético, de modo que clausurarla no lo desconcentra: lo concentra todavía más. Conviene recordar, además, que fueron esas mismas eléctricas las que en 2019 pactaron con el Gobierno el calendario de cierre y que sólo pidieron revisarlo tras el apagón de abril, cuando quedó a la vista de todos la fragilidad de una red escasa de generación firme.
En realidad, sólo queda una pregunta política que hacerle a Sumar. Si el PSOE desatiende todas sus exigencias respecto al cierre de Almaraz, ¿romperá el gobierno de coalición, votará en contra de alguna ley o, como ha venido haciendo hasta la fecha, se limitará a patalear de cara a la galería mientras conserva sus sillones ministeriales? Pedro Sánchez —y el resto de españoles— conoce la respuesta y, por eso, ya les ha tomado la medida.
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