El agente pregunta a la IA cómo escribir en inglés coloquial de Mánchester “¿Algún after decente hoy?”. Son las 6.00 de la mañana —hora de cierre de las discotecas ibicencas— en la comisaría de Sant Josep cuando José Granados, jefe de la Policía Local, envía a varios grupos de Telegram el texto sin mucha esperanza porque “hoy la noche ha estado tranquila”.
Los ‘afters’ ilegales de la isla se mueven en Telegram y se ocultan en sótanos de fincas para evitar crecientes multas y desalojos
El agente pregunta a la IA cómo escribir en inglés coloquial de Mánchester “¿Algún after decente hoy?”. Son las 6.00 de la mañana —hora de cierre de las discotecas ibicencas— en la comisaría de Sant Josep cuando José Granados, jefe de la Policía Local, envía a varios grupos de Telegram el texto sin mucha esperanza porque “hoy la noche ha estado tranquila”.
Cualquiera puede entrar en estos chats que tienen por nombre una combinación u otra de las palabras after, villa, party, private e Ibiza. En ellos se mezclan descuentos oficiales para entradas, copas o mesas vip en los clubs más famosos de la isla (y del mundo: Pachá, Hï, UNVRS, Amnesia…) con anuncios de fiestas clandestinas en residencias privadas; muchas veces las mismas personas envían ambas ofertas. Son un tablón de anuncios variopinto: de chica busca compañera de piso “limpia y tranquila, 750 la habitación”, a servicio a domicilio de “cocaína Bolivia, 60 eur; Tusi 50 eur”. También hay quejas: “Ayer nos estafó este”, explica un usuario, dando el número de bizum en el que compró unas “chuches” que nunca llegaron. Otro advierte sobre un after que anuncia que “¡La noche no acaba en los clubs!”: “OJO, TIMO, pagamos y nos dejaron tirados”.
Los particulares que, como el policía, buscan fiestas que duren más allá del cierre del ocio reglado, suelen recibir la respuesta “DM”, indicando que manden un mensaje directo para recibir el “meeting point”, la geolocalización en la que aparcar o llegar en taxi para ser transportados luego por vehículos privados de la organización hasta la villa. Pero muchos se quedan en visto, como el falso perfil de Mánchester creado por el jefe Granados que opta entonces por coger el coche patrulla.
Mientras amanece, recorre los puntos de encuentro habituales del municipio: el descampado junto al cementerio, el de la depuradora, el parking de un restaurante apartado… El más hiriente es el estacionamiento del colegio del pueblo: “A veces los que van hasta arriba para los afters se cruzan con los niños de la escuela de verano, los padres están hartos”.
Horas antes, al filo de las 11 de la noche, el dj superestrella francés David Guetta, está cerrando su sesión vespertina de los lunes en Ushuaia frente a 7.500 fans entregados. El italiano Mirto —35 años, mecánico en Turín, tan moreno que no se identifican sus tatuajes—, para un momento de botar y asegura que él, hoy, “chill”. Se retirará “presto” porque lleva dos días “non stop” incluido un after en una villa al que le llevaron unos amigos. ¿Pagó para entrar? “¡No me acuerdo!”, ríe, “pero si lo hice, mereció la pena… Este año parece que hay menos y como no conozcas a alguien… ciao”, apunta perdiéndose entre la multitud.
Antes de Telegram, las fiestas privadas se publicitaban boca a oreja, con “enganchadores” en las zonas de ocio nocturno. Aún se hace, especialmente para conseguir que en las villas haya jóvenes atractivas que son abordadas por ello y pagan menos o nada. Pero tras media docena de grupos de chicas espectaculares consultadas en Playa d’en Bossa, la meca de ocio nocturno de San Josep, parece que ya no es tan habitual: “Uy, no nos ha pasado”, dicen tres veinteañeras brasileñas algo decepcionadas, “¿Tú no sabrás de algún after de esos?”.
Hablando con clubbers, porteros de discoteca, relaciones públicas de la zona… alguien señala a alguien que señala a su vez a una joven sentada junto a la parada de taxis que está a punto de llenarse cuando acabe Guetta. Lleva la camiseta de la macrodiscoteca en la que trabaja a media jornada como relaciones: “La otra media, hago villas”. Ser simpática es su oficio, pero no le encantan las preguntas, ni piensa invitar a una periodista a una fiesta ilegal: “Y eso que sería el fiestón de tu vida, porque esto es guirilandia, cada vez más comercial”, dice mirando a la gente que empieza a hacer cola en los taxis. “En las villas está la Ibiza de verdad, la de antes”.
Cuenta que busca clientes “con rollazo”, que los afters duran días, y que no se ven más drogas, ni cosas peores, que en los clubes. Y aunque las autoridades ponen cada vez más trabas, “siempre ha habido y siempre habrá fiestas privadas en la isla”: “Mira, mira cuántas”, dice escroleando la oferta de otro grupo de Telegram antes de despedirse con un “¿quién ha sido el cabrón que te ha dicho que hago villas?”.
Drogas y tiovivos
La prensa local se ha hecho eco de media docena de fiestas problemáticas esta temporada (que se alarga de junio a principios de octubre): desalojadas 1.000 personas de la fiesta de un millonario en una villa en Sant Antoni en la que había seguridad, performances y hasta un tiovivo; 15 intervenciones por tenencia de drogas entre los 200 asistentes de un after en una casa de Santa Gertrudis; detenida una rave en Sant Miquel; barra libre por 200 euros en una finca de Santa Eularia… El jefe Granados desalojó a finales de julio una fiesta en Casa Paola, una villa alquilada por 7.000 euros la noche según la prensa local, en la que se llevan años celebrando eventos sin licencia. Es propiedad de Francisca Ordoñez, Paquita Marsan, una conocida inmobiliaria con varios expedientes abiertos en el pasado.
Granados la conoce bien, es la dueña de la infame Casa Lola (hoy ocupada por chabolas) en la que él mismo desmanteló otra fiesta en plena pandemia, con las discotecas cerradas y las reuniones de no convivientes prohibidas. El policía entró en el recinto con dos agentes sin orden judicial y ahora se enfrentan a 20 años por allanamiento de morada (la Fiscalía pide que no se imponga ninguna pena). “Mientras no cambie la protección jurídica de los alojamientos de alquiler tenemos las manos atadas”, dice Granados. Dado que la inviolabilidad del domicilio impide el acceso a las villas (salvo en casos excepcionales) Granados muestra con vídeos de las cámaras corporales cómo desalojaron este verano Casa Paola colocando controles en la entrada, pidiendo documentación a los asistentes y amenazando con “levantar el dron”.
El policía distingue dos tipos de fiestas “las ilegales puras y duras” (otro entrevistado las llama las marroneras), en las que se cobra entrada y se venden copas (a unos 15 euros, 10 menos que en las discotecas), y la “modalidad light”: eventos aparentemente privados que trascienden ese ámbito por su dimensión o naturaleza. En estas no hay un fin económico directo, todo es gratis, alguien rico paga la cuenta para rodearse de gente guapa, aumentar su reputación o seguidores, se trafican influencias u otras cosas, a veces participan marcas, influencers, famosos…
“Ambas son igual de ilegales y suponen una infracción contra la ley de actividades”, dice a mediodía en su despacho del Consell d’Eivissa, Mariano Juan, vicepresidente primero (PP). “La diferencia es probatoria”. Es más fácil demostrar la ilegalidad si hay un cobro, pero esa no es la infracción. “La clave es la pública concurrencia”: no es una fiesta de amigos, ni de amigos de amigos, los asistentes se captan, en la calle, en las redes. “Una boda de 500 invitados sigue siendo tu boda, esto es otra cosa”, dice Enrique Bastida, director insular de Intrusismo encargado de poner coto a alojamientos y taxis pirata.
300.000 euros de sanción
Cobrando o no entrada, suponen una infracción al no tener licencia habilitante y causan el mismo tipo de problemas. Primero, molestias de convivencia: la policía llega a la mayoría de ellas por quejas al 112. Antes, casi siempre por el ruido, sin embargo, buscando discreción, cada vez más villas cuentan con sótanos insonorizados. “Pero el vaivén de furgonetas negras por los caminos rurales es un trajín, levantando polvo, pisando los pocos huertos que quedan…”, dice el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Gertrudis, Joan Tur Rosselló, que a principios de verano recogió 300 firmas de protesta. “Por las noches las discotecas, por las tardes los beach clubs, entre medias, las villas; y los vecinos mientras tanto atrapados en la reserva, como los sioux”, suspira. “El Consell no tiene competencias, los ayuntamientos no pueden entrar, las pymes necesitan el negocio, muchas villas son de payeses que las alquilan… Y al final Ibiza es una casa de putas de la que todo el mundo saca tajada. El problema es el modelo”.
Para el sector reglado que domina la economía de la isla, el problema es la competencia desleal. “Es un gran negocio sumergido… Nadie paga impuestos, no hay seguridad laboral, no se cumple ninguna normativa”, dice José Luis Benitez, gerente de la patronal mayoritaria Ocio de Ibiza que apunta que sus asociados afrontan una regulación cada vez más estricta de aforos, horarios, insonorización… “Y luego está la seguridad de los clientes, nosotros tenemos enfermería, accesos para ambulancias, protocolos de evacuación, de incendios, de drogas, de agresiones sexuales… Y ahí te metes en una casa de la que no sabes ni cómo salir”. El directivo, que niega cualquier porosidad entre el ocio legal y el clandestino (aunque las autoridades sí hablan de un flujo de camareros, porteros, relaciones públicas, djs, suministradores…) se queja además de que las fiestas ilegales dan mala fama al sector: “Al final todo parece que es culpa del ocio”.
Aunque perseguirlas es una competencia municipal, el Consell apoyó el endurecimiento de las multas por parte del Gobierno balear (pasaron en 2022 de 15.000 a 300.000 euros) y su aplicación además de a los promotores a quienes les alquilen las villas, les suministren la logística, a los asistentes… En pandemia, el Consell incluso contrató detectives privados para que se colasen. “Con la covid la cosa se salió de madre, ahora ya no hay tantas, ni tan espectaculares”, dice Juan Cruz, director de Detectives Garbo. “La idea era reventarlas, pero al final nos limitamos a recoger pruebas para poner multas a posteriori; en Ibiza la policía tiene prioridades más acuciantes, peleas, agresiones, accidentes…”. “Con lo de los detectives hubo cachondeíto”, admite el vicepresidente del Consell, “pero además de para sancionar, sirvió para desarticular una red de tráfico de droga”.
“Detrás de los afters ilegales hay listillos pero también mafias”, dice Diego Jiménez, dueño de Ibiza Sound Rentals, una pequeña empresa de alquiler de equipos de sonido. Hace tiempo una banda venezolana que acabó en la cárcel por drogas le dejó a deber el alquiler de un set para una fiesta que él pensó era particular. Desde entonces, en su móvil tiene marcados en rojo los contactos que le hacen sospechar. Para Jiménez no todas las fiestas son iguales, hay matices: “Una cosa es un negocio pirata y otra que una fiesta privada se vaya de las manos…”.
Para pymes como la suya que abastecen a fiestas en villas (de música, bebida, comida o animación) el problema “es que con tanta multa y tanta policía al final la gente que quiere montar algo para sus amigos tiene miedo y eso nos quita faena”. Describe un abanico, desde reuniones híperexclusivas con djs internacionales que cobran decenas de miles de euros “a afters underground” que se anuncian en chats abiertos donde pagan 200 euros a djs locales deseosos por pinchar. Y concluye: “Al final te juntas con un montón de gente –que sale a las seis de las discotecas y no va a esperar a que abran los beach clubs a las cuatro–, circulando morada por la isla en busca de una villa perdida; igual tendrían que dar licencias de after…”, aventura.
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