El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el polémico real decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos . Pese al riesgo de que se produzca una fuga de inversión ante la exigente normativa, que obliga, entre otros aspectos, a que el 80% de la energía que se consume sea renovable nueva en cada tramo horario, el Gobierno ha dado luz verde a esta normativa «pionera», en palabras de la ministra Sara Aagesen.El decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, incluye un periodo transitorio y opcional para aquellos proyectos que ya están en marcha ante las fuertes críticas recibidas por parte del sector. «No es una moratoria», ha aclarado Aagesen, sino un periodo de adaptación por el cual, hasta el 31 de diciembre de 2028, el consumo de energía renovable en horas punta debe ser del 60%, que aumentará al 70% en horas punta y 60% en horas llanas en 2029 para que, una vez cumplidos los cinco años, en 2032 el 80% del consumo provenga de energía renovable, aunque con mayor flexibilidad para tecnologías como la fotovoltaica. La contrapartida para adherirse a este periodo transitorio es que ante una eventual tensión de la red, los centros podrán ser desconectados.El primer borrador del decreto no contemplaba esta flexibilización y exigía de forma uniforme que al menos el 80% de la energía consumida en cada hora del año estuviera respaldada por generación renovable en esa misma hora. Este fue el requisito que más revolvió a las empresas, que presentaron más de 600 alegaciones en el periodo de consulta pública a las que se sumó un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por lo que el Gobierno se vio obligado a revisarlo.«Los centros de datos pueden aflorar en el territorio cumpliendo estos criterios. Son inversiones adicionales pero se pueden dar. España es un lugar para invertir, pero queremos hacerlo bajo estos estándares», ha respondido Aagesen ante la posible fuga de inversión a la que se expone España.Ahorro de 5.000 millones en la facturaLa norma, que pivota sobre dos bloques -sostenibilidad y soberanía digital-, incluye también la exigencia de que todos los centros tengan etiqueta energética A, tanto por el consumo de agua, que implicaría un 0,1 litro por kilovatio, como en materia de consumo energético. Para este último, y dadas las diferencias climáticas a las que están sometidos los centros de cada territorio, las condiciones variarán para adaptarse a las características de cada zona. Estas exigencias en materia de sostenibilidad suponen un ahorro en la factura de los ciudadanos de unos 5.000 millones y un 25% en el caso de la industria, según la ministra.En materia de soberanía digital, la norma introduce una revisión de las obligaciones que ha sido aplaudida por la asociación Multinacionales con España, que engloba a las principales empresas de capital extranjero en nuestro país, al considerarlo un avance para el sector al acotar su alcance y reconocer, con determinadas condiciones, la posibilidad de realizar operaciones técnicas desde terceros países.También la flexibilización en la implantación de la energía renovable ha sido bien acogida, pero no así que se mantenga la exigencia del 80% al «plantear dificultades técnicas y económicas para infraestructuras que necesitan operar de forma ininterrumpida». Desde el sector piden una «evaluación rigurosa del impacto económico de la norma y un diálogo más activo y continuado que permita garantizar la viabilidad de sus exigencias y su alineación con el marco europeo».Será derogado si el PP llega al Gobierno La aprobación del decreto a solo nueve días de las elecciones deja un futuro incierto. El Partido Popular se ha mostrado tajante con respecto a la norma y ya ha avanzado que será derogada si llega al poder. Lo que el Gobierno considera una normativa «pionera» que espera que sigan otros países, desde el principal partido de lo oposición implica dejar a España «aislada del resto del mundo». Así, de llegar a La Moncloa, un nuevo Gobierno del PP tumbaría el decreto para aprobar una legislación «que permita su desarrollo y garantice su sostenibilidad», en palabras del vicesecretario de Economía Alberto Nadal. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el polémico real decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos . Pese al riesgo de que se produzca una fuga de inversión ante la exigente normativa, que obliga, entre otros aspectos, a que el 80% de la energía que se consume sea renovable nueva en cada tramo horario, el Gobierno ha dado luz verde a esta normativa «pionera», en palabras de la ministra Sara Aagesen.El decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, incluye un periodo transitorio y opcional para aquellos proyectos que ya están en marcha ante las fuertes críticas recibidas por parte del sector. «No es una moratoria», ha aclarado Aagesen, sino un periodo de adaptación por el cual, hasta el 31 de diciembre de 2028, el consumo de energía renovable en horas punta debe ser del 60%, que aumentará al 70% en horas punta y 60% en horas llanas en 2029 para que, una vez cumplidos los cinco años, en 2032 el 80% del consumo provenga de energía renovable, aunque con mayor flexibilidad para tecnologías como la fotovoltaica. La contrapartida para adherirse a este periodo transitorio es que ante una eventual tensión de la red, los centros podrán ser desconectados.El primer borrador del decreto no contemplaba esta flexibilización y exigía de forma uniforme que al menos el 80% de la energía consumida en cada hora del año estuviera respaldada por generación renovable en esa misma hora. Este fue el requisito que más revolvió a las empresas, que presentaron más de 600 alegaciones en el periodo de consulta pública a las que se sumó un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por lo que el Gobierno se vio obligado a revisarlo.«Los centros de datos pueden aflorar en el territorio cumpliendo estos criterios. Son inversiones adicionales pero se pueden dar. España es un lugar para invertir, pero queremos hacerlo bajo estos estándares», ha respondido Aagesen ante la posible fuga de inversión a la que se expone España.Ahorro de 5.000 millones en la facturaLa norma, que pivota sobre dos bloques -sostenibilidad y soberanía digital-, incluye también la exigencia de que todos los centros tengan etiqueta energética A, tanto por el consumo de agua, que implicaría un 0,1 litro por kilovatio, como en materia de consumo energético. Para este último, y dadas las diferencias climáticas a las que están sometidos los centros de cada territorio, las condiciones variarán para adaptarse a las características de cada zona. Estas exigencias en materia de sostenibilidad suponen un ahorro en la factura de los ciudadanos de unos 5.000 millones y un 25% en el caso de la industria, según la ministra.En materia de soberanía digital, la norma introduce una revisión de las obligaciones que ha sido aplaudida por la asociación Multinacionales con España, que engloba a las principales empresas de capital extranjero en nuestro país, al considerarlo un avance para el sector al acotar su alcance y reconocer, con determinadas condiciones, la posibilidad de realizar operaciones técnicas desde terceros países.También la flexibilización en la implantación de la energía renovable ha sido bien acogida, pero no así que se mantenga la exigencia del 80% al «plantear dificultades técnicas y económicas para infraestructuras que necesitan operar de forma ininterrumpida». Desde el sector piden una «evaluación rigurosa del impacto económico de la norma y un diálogo más activo y continuado que permita garantizar la viabilidad de sus exigencias y su alineación con el marco europeo».Será derogado si el PP llega al Gobierno La aprobación del decreto a solo nueve días de las elecciones deja un futuro incierto. El Partido Popular se ha mostrado tajante con respecto a la norma y ya ha avanzado que será derogada si llega al poder. Lo que el Gobierno considera una normativa «pionera» que espera que sigan otros países, desde el principal partido de lo oposición implica dejar a España «aislada del resto del mundo». Así, de llegar a La Moncloa, un nuevo Gobierno del PP tumbaría el decreto para aprobar una legislación «que permita su desarrollo y garantice su sostenibilidad», en palabras del vicesecretario de Economía Alberto Nadal. El Gobierno aprueba una restrictiva regulación de los centros de datos pese al riesgo de fuga de inversión
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Mantiene la exigencia del 80% de consumo de energía renovable nueva pero fija un periodo transitorio de adaptación de cinco años


El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el polémico real decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. Pese al riesgo de que se produzca una fuga de inversión ante … la exigente normativa, que obliga, entre otros aspectos, a que el 80% de la energía que se consume sea renovable nueva en cada tramo horario, el Gobierno ha dado luz verde a esta normativa «pionera», en palabras de la ministra Sara Aagesen.
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El Gobierno aprueba una restrictiva regulación de los centros de datos pese al riesgo de fuga de inversión
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