El Tribunal Supremo ha dado este viernes un paso más en la prohibición a que los nacionalizados por la ley de nietos voten el 29-N. A nueve días de las elecciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha instado a la Junta Electoral a impedir que voten 163.355 nuevos españoles que han obtenido la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, tanto si están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como en el Censo de Residentes en España, a los que, hasta ahora, había dejado fuera de la suspensión. Los magistrados solo permiten que voten los 901 nacionalizados que han acreditado que son descendientes de exiliados por motivos políticos y quienes consigan certificarlo por vía consular antes del 29-N.
Los jueces exigen a la Junta Electoral que garantice que los afectados no figuren en el censo

El Tribunal Supremo ha dado este viernes un paso más en la prohibición a que los nacionalizados por la ley de nietos voten el 29-N. A nueve días de las elecciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha instado a la Junta Electoral a impedir que voten 163.355 nuevos españoles que han obtenido la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, tanto si están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como en el Censo de Residentes en España, a los que, hasta ahora, había dejado fuera de la suspensión. Los magistrados solo permiten que voten los 901 nacionalizados que han acreditado que son descendientes de exiliados por motivos políticos y quienes consigan certificarlo por vía consular antes del 29-N.
La decisión del Supremo llega después de que la Abogacía del Estado cifrara hace unos días en 113.326 los españoles nacionalizados por la llamada ley de nietos que viven en el extranjero y que, por tanto, no podrían participar en las elecciones del 29 de noviembre como consecuencia de la suspensión del derecho al voto decretada por el alto tribunal. Los servicios jurídicos del Gobierno habrían cifrado anteriormente los afectados por esa suspensión en 163.355 personas, pero el Instituto Nacional de Estadística (INE) redujo el número tras eliminar a los menores de edad, registros duplicados o a personas que no estaban actualmente inscritas en el CERA, que es el único censo que hasta ahora había ordenado modificar.
Tras ese baile de cifras, que el tribunal califica como “de difícil comprensión”, Vox y el partido Iustitia Europa reclamaron al Supremo que ordenara a la Oficina del Censo Electoral que adoptara, respecto de las personas inscritas en el censo de España, la misma medida de suspensión del voto que se había impuesto sobre el censo de extranjeros, ante la sospecha de que alguno de los electores que, según el Gobierno, no figuran ahora en el CERA estén en el CER. Y esto es lo que ha acordado este viernes el Supremo.
En su resolución, la sala insta a la Junta Electoral a garantizar que “ninguna de las 163.355 personas incluidas en el Anexo I de la Orden de 25 de octubre de 2022, de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública [los nacionalizados como hijos y nietos del exilio], pueda figurar como elector en el Censo Electoral, sea en el de electores residentes ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España, con excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular”.
La medida del Supremo no implica extender la suspensión a más personas de las que ya lo tenían suspendido, pero sí que esas personas no podrán votar aunque se hayan trasladado a vivir a España y ya no estén inscritas en el censo del exterior. Las 163.355 personas que no podrán votar son aquellas cuyas identidades entregó el Gobierno al alto tribunal después de que la Sala de lo Contencioso diera el pasado 23 de octubre cinco días a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares para que remitieran esa lista al alto tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral y les amenazara con una multa y posibles responsabilidades penales si no cumplían en el plazo fijado.
Estas personas se nacionalizaron al amparo de la ley de nietos en los consulados de España y, posteriormente, se tramitó su inscripción en el censo del extranjero. El Gobierno ha ido reduciendo esa cifra en sucesivos escritos presentados en el Supremo tras constatar que el listado incluía a personas que, aunque habían adquirido la condición de españoles por la Ley de Memoria, no estaban inscritas en el CERA de las próximas elecciones generales, por lo que no se les consideraba afectados por la suspensión. En este grupo se encuentran 9.707 registros correspondientes a menores de edad o a españoles cuya adquisición de la nacionalidad es posterior a la fecha de cierre del censo electoral del 1 de agosto, el vigente para el 29-N; y casi 3.000 nombres que estaban duplicados en el listado que envió el Gobierno al tribunal, lo que dejó la relación de nacionalizados afectados por la suspensión en 153.355 personas.
Pero, en una revisión posterior, la Oficina del Censo comprobó que solo 117.723 de estos nacionalizados estaban registrados en el CERA, una cifra que luego redujo a 113.326 tras otra comprobación. Los datos aportados por el Gobierno no aclaran dónde están registrados los otros más de 35.000 nacionalizados que Exteriores incluyó en el listado que envió al Supremo y que no están en el CERA. Este desajuste es el que ha llevado a Iustitia Europa y Vox a reclamar al tribunal que garantice que esas personas no puedan votar en el caso de que hayan pasado del censo extranjero al nacional.
“¿Dónde están los 35.925 registros que no aparecen en el CERA y por qué no se aclara su situación censal? ¿Figuran en el censo electoral de residentes en España (CER)? ¿Han sido trasladados desde el CERA? ¿No llegaron a inscribirse? El Gobierno no lo aclara en el informe remitido al Tribunal Supremo», advirtió Iustitia cuando reclamó a los jueces que exigieran garantías de que la suspensión del voto va a regir para todos los nacionalizados a los que identificó Exteriores, tanto si figuran en el CERA como en el CER.
La medida del Supremo no afecta a quienes hayan obtenido la nacionalidad por la ley de nietos, pero la hayan tramitado desde España, a través del Registro Civil. Iustitia Europa y Vox pidieron al tribunal que extendiera la suspensión del voto a este grupo, que nunca figuró inscrito en el CERA, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo lo descartó.
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