El pasado 14 de enero, cuando España se hallaba sumida en una oleada de movilizaciones agrarias por la falta de rentabilidad del sector, el presidente Pedro Sánchez anunció que el Gobierno movilizaría 17.000 fincas rústicas para ponerlas a disposición de jóvenes agricultores a través de un portal llamado ‘Plataforma Tierra’. El objetivo era rejuvenecer un sector en el que la edad media ya supera los 60 años y la oferta era muy jugosa, así que el anuncio tuvo una generosa recepción en los medios.Sin embargo, ocho meses después nadie sabe dónde están esas parcelas -ni las organizaciones agrarias ni los expertos- ni tampoco cuál será el mecanismo de transferencia (arrendamiento o venta), todo ello a pesar de que el presidente se comprometió a que la herramienta que serviría de base para ejecutar el trasvase se pondría en marcha «de manera inmediata» y «en estos primeros meses de este año» mediante un real decreto. A preguntas de ABC, y una vez pasado ese umbral de tiempo, desde el Ministerio de Agricultura se limitan a decir que «se está estudiando la aptitud agrícola y ganadera de las tierras». Lo cierto es que el líder del Ejecutivo solamente se comprometió a «analizar» esas propiedades, y ahí está la clave de este misterio, pues la evolución de la cartera de inmuebles rústicos del Estado en los últimos veinte años permite sospechar que ese análisis podría alargarse en el tiempo más de lo previsto y que la calidad del suelo podría no ser la esperada. Ya lo dijo el secretario general de la organización agraria COAG, Miguel Padilla: «Si es secano rabioso mejor que no se las den a nadie porque es inservible». Para contextualizar el caso, hay que explicar que actualmente el Estado tiene exactamente 17.915 fincas rústicas cuya gestión depende de Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda); de estas, 796 son de uso público y 121 están arrendadas, por lo que el montante total de inmuebles disponibles queda reducido a 16.998 . Hasta ahora, la totalidad de esas unidades formaban parte del Plan de Ventas del Estado 2023-2030, que preveía la «puesta en valor» o «la venta» de esas tierras en un período de siete años, dentro de una estrategia iniciada allá por 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para incrementar los ingresos del Fisco. El caso es que el mencionado Plan de Ventas 2023-2030 ofrece información útil para resolver el embrollo, ya que en ese documento se especifica que la mayor parte del inventario corresponde a terrenos de «administración especialmente complicada» , ya sea por su dificultad de identificación o por el posible deterioro tras años de abandono. Como explica Regino Coca, que es fundador de Cocampo -una plataforma que concentra la oferta de 70.000 fincas rústicas en nuestro país-, reconvertir un suelo a uso agrícola es un proceso complejo tanto desde el punto de vista práctico como administrativo.De hecho, durante el período de vigencia del anterior Plan de Ventas de Patrimonio (de 2012 a 2020), Hacienda solo fue capaz de enajenar entre 1.000 y 1.100 fincas rústicas al año, con precios medios que en la mayoría de los ejercicios se situaron entre los 2.000 y 5.000 euros por inmueble. En opinión del fundador de Cocampo, este nivel de precios «es coherente con un stock en el que una parte importante de las parcelas tiene limitado atractivo agrario». Baste recordar que, en España, el precio de una hectárea de regadío oscila entre los 14.000 y 30.000 euros. Pese al titular que trascendió en los medios, Regino Coca es claro al opinar que la iniciativa «no va a materializarse en esos términos» . La razón es simple, y es que hay que depurar el inventario y, una vez hecho esto, buscar personas interesadas, cosa que no será sencillo. Para el experto, además, anunciar la creación de una plataforma pública específica para gestionar propiedades estatales supondría, en la práctica, «poner en marcha una estructura pública para realizar una actividad que ya se desarrolla con éxito en el ámbito privado». El pasado 14 de enero, cuando España se hallaba sumida en una oleada de movilizaciones agrarias por la falta de rentabilidad del sector, el presidente Pedro Sánchez anunció que el Gobierno movilizaría 17.000 fincas rústicas para ponerlas a disposición de jóvenes agricultores a través de un portal llamado ‘Plataforma Tierra’. El objetivo era rejuvenecer un sector en el que la edad media ya supera los 60 años y la oferta era muy jugosa, así que el anuncio tuvo una generosa recepción en los medios.Sin embargo, ocho meses después nadie sabe dónde están esas parcelas -ni las organizaciones agrarias ni los expertos- ni tampoco cuál será el mecanismo de transferencia (arrendamiento o venta), todo ello a pesar de que el presidente se comprometió a que la herramienta que serviría de base para ejecutar el trasvase se pondría en marcha «de manera inmediata» y «en estos primeros meses de este año» mediante un real decreto. A preguntas de ABC, y una vez pasado ese umbral de tiempo, desde el Ministerio de Agricultura se limitan a decir que «se está estudiando la aptitud agrícola y ganadera de las tierras». Lo cierto es que el líder del Ejecutivo solamente se comprometió a «analizar» esas propiedades, y ahí está la clave de este misterio, pues la evolución de la cartera de inmuebles rústicos del Estado en los últimos veinte años permite sospechar que ese análisis podría alargarse en el tiempo más de lo previsto y que la calidad del suelo podría no ser la esperada. Ya lo dijo el secretario general de la organización agraria COAG, Miguel Padilla: «Si es secano rabioso mejor que no se las den a nadie porque es inservible». Para contextualizar el caso, hay que explicar que actualmente el Estado tiene exactamente 17.915 fincas rústicas cuya gestión depende de Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda); de estas, 796 son de uso público y 121 están arrendadas, por lo que el montante total de inmuebles disponibles queda reducido a 16.998 . Hasta ahora, la totalidad de esas unidades formaban parte del Plan de Ventas del Estado 2023-2030, que preveía la «puesta en valor» o «la venta» de esas tierras en un período de siete años, dentro de una estrategia iniciada allá por 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para incrementar los ingresos del Fisco. El caso es que el mencionado Plan de Ventas 2023-2030 ofrece información útil para resolver el embrollo, ya que en ese documento se especifica que la mayor parte del inventario corresponde a terrenos de «administración especialmente complicada» , ya sea por su dificultad de identificación o por el posible deterioro tras años de abandono. Como explica Regino Coca, que es fundador de Cocampo -una plataforma que concentra la oferta de 70.000 fincas rústicas en nuestro país-, reconvertir un suelo a uso agrícola es un proceso complejo tanto desde el punto de vista práctico como administrativo.De hecho, durante el período de vigencia del anterior Plan de Ventas de Patrimonio (de 2012 a 2020), Hacienda solo fue capaz de enajenar entre 1.000 y 1.100 fincas rústicas al año, con precios medios que en la mayoría de los ejercicios se situaron entre los 2.000 y 5.000 euros por inmueble. En opinión del fundador de Cocampo, este nivel de precios «es coherente con un stock en el que una parte importante de las parcelas tiene limitado atractivo agrario». Baste recordar que, en España, el precio de una hectárea de regadío oscila entre los 14.000 y 30.000 euros. Pese al titular que trascendió en los medios, Regino Coca es claro al opinar que la iniciativa «no va a materializarse en esos términos» . La razón es simple, y es que hay que depurar el inventario y, una vez hecho esto, buscar personas interesadas, cosa que no será sencillo. Para el experto, además, anunciar la creación de una plataforma pública específica para gestionar propiedades estatales supondría, en la práctica, «poner en marcha una estructura pública para realizar una actividad que ya se desarrolla con éxito en el ámbito privado».
El pasado 14 de enero, cuando España se hallaba sumida en una oleada de movilizaciones agrarias por la falta de rentabilidad del sector, el presidente Pedro Sánchez anunció que el Gobierno movilizaría 17.000 fincas rústicas para ponerlas a disposición de jóvenes agricultores a través … de un portal llamado ‘Plataforma Tierra’. El objetivo era rejuvenecer un sector en el que la edad media ya supera los 60 años y la oferta era muy jugosa, así que el anuncio tuvo una generosa recepción en los medios.
Sin embargo, ocho meses después nadie sabe dónde están esas parcelas -ni las organizaciones agrarias ni los expertos- ni tampoco cuál será el mecanismo de transferencia (arrendamiento o venta), todo ello a pesar de que el presidente se comprometió a que la herramienta que serviría de base para ejecutar el trasvase se pondría en marcha «de manera inmediata» y «en estos primeros meses de este año» mediante un real decreto. A preguntas de ABC, y una vez pasado ese umbral de tiempo, desde el Ministerio de Agricultura se limitan a decir que «se está estudiando la aptitud agrícola y ganadera de las tierras».
Lo cierto es que el líder del Ejecutivo solamente se comprometió a «analizar» esas propiedades, y ahí está la clave de este misterio, pues la evolución de la cartera de inmuebles rústicos del Estado en los últimos veinte años permite sospechar que ese análisis podría alargarse en el tiempo más de lo previsto y que la calidad del suelo podría no ser la esperada. Ya lo dijo el secretario general de la organización agraria COAG, Miguel Padilla: «Si es secano rabioso mejor que no se las den a nadie porque es inservible».
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Para contextualizar el caso, hay que explicar que actualmente el Estado tiene exactamente 17.915 fincas rústicas cuya gestión depende de Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda); de estas, 796 son de uso público y 121 están arrendadas, por lo que el montante total de inmuebles disponibles queda reducido a 16.998. Hasta ahora, la totalidad de esas unidades formaban parte del Plan de Ventas del Estado 2023-2030, que preveía la «puesta en valor» o «la venta» de esas tierras en un período de siete años, dentro de una estrategia iniciada allá por 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para incrementar los ingresos del Fisco.
El caso es que el mencionado Plan de Ventas 2023-2030 ofrece información útil para resolver el embrollo, ya que en ese documento se especifica que la mayor parte del inventario corresponde a terrenos de «administración especialmente complicada», ya sea por su dificultad de identificación o por el posible deterioro tras años de abandono. Como explica Regino Coca, que es fundador de Cocampo -una plataforma que concentra la oferta de 70.000 fincas rústicas en nuestro país-, reconvertir un suelo a uso agrícola es un proceso complejo tanto desde el punto de vista práctico como administrativo.
De hecho, durante el período de vigencia del anterior Plan de Ventas de Patrimonio (de 2012 a 2020), Hacienda solo fue capaz de enajenar entre 1.000 y 1.100 fincas rústicas al año, con precios medios que en la mayoría de los ejercicios se situaron entre los 2.000 y 5.000 euros por inmueble. En opinión del fundador de Cocampo, este nivel de precios «es coherente con un stock en el que una parte importante de las parcelas tiene limitado atractivo agrario». Baste recordar que, en España, el precio de una hectárea de regadío oscila entre los 14.000 y 30.000 euros.
Pese al titular que trascendió en los medios, Regino Coca es claro al opinar que la iniciativa «no va a materializarse en esos términos». La razón es simple, y es que hay que depurar el inventario y, una vez hecho esto, buscar personas interesadas, cosa que no será sencillo. Para el experto, además, anunciar la creación de una plataforma pública específica para gestionar propiedades estatales supondría, en la práctica, «poner en marcha una estructura pública para realizar una actividad que ya se desarrolla con éxito en el ámbito privado».
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