El concurso para hacerse con la parcela pública con la que arrancará el proyecto de construir 40 residencias y centros de día público-privadas que patrocina el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha despertado el apetito de seis empresas. Sobre este terreno público de 8.000 metros cuadrados en la calle Oslo del distrito de San Blas-Canillejas (Madrid), valorado en dos millones de euros y cedido por el Ayuntamiento por un máximo de 75 años, la compañía que se imponga deberá invertir 16,7 millones de euros en levantar y equipar el centro, lo que recuperará con los 2 millones anuales que podría llegar a cobrar por las 80 plazas públicas, a los que se añadirán los ingresos de las 120 plazas privadas, cafetería, párking y otros servicios. Unos números apetecibles que no han impedido que las empresas interesadas investiguen si podrán explotar el suelo público de más formas, para así engordar su cuenta de resultados.
El primer concurso de los 40 que tiene previstos la Comunidad arranca con múltiples interesados y preguntas sobre cómo maximizar la inversión
El concurso para hacerse con la parcela pública con la que arrancará el proyecto de construir 40 residencias y centros de día público-privadas que patrocina el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha despertado el apetito de seis empresas. Sobre este terreno público de 8.000 metros cuadrados en la calle Oslo del distrito de San Blas-Canillejas (Madrid), valorado en dos millones de euros y cedido por el Ayuntamiento por un máximo de 75 años, la compañía que se imponga deberá invertir 16,7 millones de euros en levantar y equipar el centro, lo que recuperará con los 2 millones anuales que podría llegar a cobrar por las 80 plazas públicas, a los que se añadirán los ingresos de las 120 plazas privadas, cafetería, párking y otros servicios. Unos números apetecibles que no han impedido que las empresas interesadas investiguen si podrán explotar el suelo público de más formas, para así engordar su cuenta de resultados.
“¿Existiría la posibilidad de añadir servicios a los ya especificados en el pliego (cafetería, peluquería, podología, etc.)? En el pliego no se indica nada. En caso afirmativo, ¿dichos servicios se podrían prestar a personas no usuarias del centro?“, le ha planteado una compañía a la Administración, según documentación consultada por este diario en el portal de contratación.
“En la cláusula 4º del PCP (pliego de cláusulas particulares) se dice que el objeto de la concesión consiste en la cesión de un suelo para destinarlo de modo exclusivo a la construcción, puesta en funcionamiento, gestión y explotación de una residencia de mayores dependientes y centro de atención diurna, sin embargo, la cláusula 44.8 PCP permite que el licitador solicite autorización para la fijación de otros servicios tanto a los residentes y/o usuarios, como a otros posibles usuarios”, se recuerda en otra pregunta. Y se concreta: “Entonces ¿Se permiten usos complementarios del suelo previa autorización o no?
La Comunidad se ha limitado a aclarar que el objeto de la concesión “no es la cesión del suelo” y que “no se permiten otros usos” “además de los servicios de atención residencial y de centro de día”, y los “autorizados de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal”. Suficiente para que hayan presentado su candidatura seis empresas interesadas: Geriatros; Intercentros Ballesol (finalmente excluida); Ilunion Sociosanitario; Hospitales y Centros Casaverde Madrid; Albertia Servicios Sociosanitarios; y Socidmo.
“Ayuso no ha aprendido nada después de la pandemia y de la nefasta experiencia con sus residencias de gestión indirecta”, opina al respecto Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid especializada en políticas sociales. “Se ha entregado suelo público de todos a los peores postores, con empresas denunciadas reiteradamente denunciadas por familias y trabajadores”, sigue. “Se hace negocio con la vida de las personas mayores”.
Morales se refiere a las sanciones por comida caducada seis meses antes, falta de personal o suciedad que se han venido registrando en las residencias público-privadas de Madrid, como viene informando este diario. Entre 2019 y 2025, estas multas han superado los 865.000 euros, según documentos consultados en aplicación de la ley de transparencia. Sin embargo, tanto la oposición como algunas familias afectadas consideran que la cantidad de estas sanciones no es lo suficientemente alta como para actuar de freno, y critican que no impliquen que las compañías castigadas queden excluidas de nuevos concursos públicos para gestionar servicios parecidos, como el que se abre ahora.
Cuando esta residencia que se está licitando se sume a las otras 39 previstas, entre todas sumarán un total de 8.000 plazas (en 40 residencias y 40 centros de día) con una inversión de más de 500 millones de euros mediante colaboración público-privada. Al menos un 40% de las plazas (3.200) se reservarán para uso de la red pública. Son las cifras de un negocio aparentemente jugoso.
“El concesionario no tendrá limitación alguna en su actividad más allá de la existencia de plazas contratadas por la Comunidad de Madrid y de precio tasado establecidas en los pliegos (para las públicas)”, se lee en la documentación del concurso, que detalla que la empresa ganadora pondrá a disposición de los usuarios y familiares servicios funerarios, de podología, peluquería, cafetería y parking. “La Concesión se otorga por un plazo de SETENTA (70) AÑOS a contar desde la firma del documento en que se formalice la misma”, se explicita. “No obstante, el plazo de la concesión podrá ser prorrogado por un período adicional de CINCO AÑOS por común acuerdo de las partes hasta el máximo legal previsto para este título habilitante”, se añade. Y se reconoce: “No existe como tal un valor de contraprestación establecido para la concesión”.
Un siglo de cesión
En consecuencia, la Comunidad de Madrid exime al concesionario de pagar una tasa por explotar un terreno público (que habría sido de 103.821,80 euros) al considerar suficientes los 654.626 que perderá cada año como resultado de no explotar las plazas públicas como privadas. “La contraprestación es de tal magnitud que anula el pago de la tasa por parte del concesionario a la Administración”, se defiende en la documentación oficial. Un cálculo que desconoce que la residencia no se podría levantar, y ninguna plaza existiría, de no mediar la cesión del terreno público durante casi un siglo.
Así, la nueva residencia de la calle Oslo, en el distrito de San Blas-Canillejas, inaugura un modelo que se imitará por toda la región, y que a lo largo de 2026 se traducirá en una veintena de concursos similares para la cesión de parcelas, según el gobierno. Porque tras la cesión de este primer terreno llegarán, como poco, el de otros 19 en distintos distritos de la capital, así como otros tantos en los municipios de Leganés, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz. Todas esas parcelas formarán parte del Plan de Residencias y Centros de Día 40-40, con equipos de exploración médica para telemedicina y habitaciones con oxígeno.
La mayoría de esos terrenos forman parte del patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida (del PP, como Díaz Ayuso). De esta manera, el Consistorio cederá 19 parcelas públicas valoradas en más de 87 millones para el proyecto de residencias público-privadas de Ayuso. Esos terrenos se distribuyen por 13 distritos de la capital de España, y su cesión supone transferir casi 200.000 metros cuadrados de suelo municipal que las empresas concesionarias podrán explotar durante décadas, con un modelo similar al polémico de la educación concertada.
“Es el reto residencial más ambicioso de la historia de esta Comunidad”, dijo Ayuso cuando anunció el plan durante el Debate del Estado de la Región, en septiembre de 2024. El objetivo es que estén todas listas para 2030. Desde entonces, una veintena de parcelas públicas estarán atadas a ese uso durante casi un siglo.
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