El pleno del Senado acogió ayer una votación que revela hasta qué punto el PSOE se ha quedado solo en su pretensión de orillar a los 10.600 vendedores de Lotería que hay en nuestro país del negocio en Internet. Junts y el PP votaron a favor y todos los grupos a la izquierda de los socialistas se abstuvieron, dejando a sus 88 senadores como los únicos que votaron ‘no’ a la moción presentada por el PNV, en la que este partido instaba a la Cámara Alta a revisar «la necesidad de impulsar una regulación específica para la venta ‘online’ de lotería» o, en román paladino, poner coto a las acometidas de Hacienda, que pretende impulsar una página web única para Loterías del Estado a través de la que esta pueda vender boletos sin pagarles la comisión correspondiente a las administraciones físicas. Para contextualizar el caso, hay que empezar por explicar que hace unos meses el ministerio dirigido por Arcadi España -del que depende Loterías y Apuestas del Estado (Selae)- confirmó su intención de comercializar todos los premios en su propia plataforma, una circunstancia que le llevó al choque con los profesionales del sector dado que en los últimos años los esfuerzos por trasladar la venta de lotería al universo digital han recaído por entero en los puntos de venta físicos. Con su esfuerzo y con sus recursos -y a falta de una regulación específica-, los autónomos del sector han dispuesto sus propias plataformas para comercializar los premios; siempre -y esto es lo más importante-, vinculándolos a una administración física. Y ahí está el problema, pues el caso es que mediante la venta directa Selae puede ahorrarse la comisión que en su momento se comprometió a abonar a los loteros. Podría aducirse que así correspondería en un mercado libre, pero el caso es que este no lo es. De hecho, los ingresos de estos autónomos dependen prácticamente al 100% de las comisiones que reciben del Estado por cada número vendido, unas comisiones que -paradójicamente-, no se han actualizado desde 2004. De media, la tarifa actual para la mayor parte de los sorteos oscila entre el 4,5 y el 5,9%; para una Primitiva, por ejemplo, esto se traduce en unos ingresos de 0,059 euros por venta, lo que equivale a decir que una administración tiene que facturar 6.779 primitivas para pagar una cuota de autónomos de 400 euros. Desde 2004, los loteros han perdido un 60% de poder adquisitivo. Valga también este dato para ilustrar el problema: si se toman los ingresos anuales del Estado por el juego y se dividen entre las 10.833 administraciones que hay en España, esto se traduce en un resultado de explotación por comercio de 1.412 euros al mes. Los loteros pierden poder adquisitivo cada año, así que resulta fácil imaginar su malestar ante el hecho de que el Estado pretenda vender por Internet sin abonarles su parte, pues el negocio ‘online’ supone un 10% de su cifra de negocio. Como ya explicó ABC, desde la empresa pública se defienden aduciendo que su plataforma pretende «fomentar la asociación de los usuarios a los puntos de venta», y que lo hacen asignando una tienda por defecto a cada transacción. Sin embargo, si un usuario elige no asociarse a una administración en concreto, puede hacerlo, como sucedió con una quiniela vendida del pasado 12 de abril que resultó premiada. Bien es cierto que al hacer esto Selae no está incumpliendo el contrato que regula su relación con las administraciones, pero sí el compromiso «verbal» al que llegó con estas. Según explican a este diario desde la Asociación de Administradores de Lotería Defensa Digital (DEDIT), ese pacto existe, aunque no se haya formalizado por escrito. Más allá del caso concreto de las comisiones, la moción impulsada por los nacionalistas vascos incluía una batería de medidas para regular la venta de boletos por Internet, como medidas para garantizar el futuro de las plataformas digitales propias de las administraciones frente a la pretensión centralizadora de la empresa pública, proteger a los menores de edad o prevenir conductas ilícitas. El pleno del Senado acogió ayer una votación que revela hasta qué punto el PSOE se ha quedado solo en su pretensión de orillar a los 10.600 vendedores de Lotería que hay en nuestro país del negocio en Internet. Junts y el PP votaron a favor y todos los grupos a la izquierda de los socialistas se abstuvieron, dejando a sus 88 senadores como los únicos que votaron ‘no’ a la moción presentada por el PNV, en la que este partido instaba a la Cámara Alta a revisar «la necesidad de impulsar una regulación específica para la venta ‘online’ de lotería» o, en román paladino, poner coto a las acometidas de Hacienda, que pretende impulsar una página web única para Loterías del Estado a través de la que esta pueda vender boletos sin pagarles la comisión correspondiente a las administraciones físicas. Para contextualizar el caso, hay que empezar por explicar que hace unos meses el ministerio dirigido por Arcadi España -del que depende Loterías y Apuestas del Estado (Selae)- confirmó su intención de comercializar todos los premios en su propia plataforma, una circunstancia que le llevó al choque con los profesionales del sector dado que en los últimos años los esfuerzos por trasladar la venta de lotería al universo digital han recaído por entero en los puntos de venta físicos. Con su esfuerzo y con sus recursos -y a falta de una regulación específica-, los autónomos del sector han dispuesto sus propias plataformas para comercializar los premios; siempre -y esto es lo más importante-, vinculándolos a una administración física. Y ahí está el problema, pues el caso es que mediante la venta directa Selae puede ahorrarse la comisión que en su momento se comprometió a abonar a los loteros. Podría aducirse que así correspondería en un mercado libre, pero el caso es que este no lo es. De hecho, los ingresos de estos autónomos dependen prácticamente al 100% de las comisiones que reciben del Estado por cada número vendido, unas comisiones que -paradójicamente-, no se han actualizado desde 2004. De media, la tarifa actual para la mayor parte de los sorteos oscila entre el 4,5 y el 5,9%; para una Primitiva, por ejemplo, esto se traduce en unos ingresos de 0,059 euros por venta, lo que equivale a decir que una administración tiene que facturar 6.779 primitivas para pagar una cuota de autónomos de 400 euros. Desde 2004, los loteros han perdido un 60% de poder adquisitivo. Valga también este dato para ilustrar el problema: si se toman los ingresos anuales del Estado por el juego y se dividen entre las 10.833 administraciones que hay en España, esto se traduce en un resultado de explotación por comercio de 1.412 euros al mes. Los loteros pierden poder adquisitivo cada año, así que resulta fácil imaginar su malestar ante el hecho de que el Estado pretenda vender por Internet sin abonarles su parte, pues el negocio ‘online’ supone un 10% de su cifra de negocio. Como ya explicó ABC, desde la empresa pública se defienden aduciendo que su plataforma pretende «fomentar la asociación de los usuarios a los puntos de venta», y que lo hacen asignando una tienda por defecto a cada transacción. Sin embargo, si un usuario elige no asociarse a una administración en concreto, puede hacerlo, como sucedió con una quiniela vendida del pasado 12 de abril que resultó premiada. Bien es cierto que al hacer esto Selae no está incumpliendo el contrato que regula su relación con las administraciones, pero sí el compromiso «verbal» al que llegó con estas. Según explican a este diario desde la Asociación de Administradores de Lotería Defensa Digital (DEDIT), ese pacto existe, aunque no se haya formalizado por escrito. Más allá del caso concreto de las comisiones, la moción impulsada por los nacionalistas vascos incluía una batería de medidas para regular la venta de boletos por Internet, como medidas para garantizar el futuro de las plataformas digitales propias de las administraciones frente a la pretensión centralizadora de la empresa pública, proteger a los menores de edad o prevenir conductas ilícitas.
El pleno del Senado acogió ayer una votación que revela hasta qué punto el PSOE se ha quedado solo en su pretensión de orillar a los 10.600 vendedores de Lotería que hay en nuestro país del negocio en Internet. Junts y el PP votaron … a favor y todos los grupos a la izquierda de los socialistas se abstuvieron, dejando a sus 88 senadores como los únicos que votaron ‘no’ a la moción presentada por el PNV, en la que este partido instaba a la Cámara Alta a revisar «la necesidad de impulsar una regulación específica para la venta ‘online’ de lotería» o, en román paladino, poner coto a las acometidas de Hacienda, que pretende impulsar una página web única para Loterías del Estado a través de la que esta pueda vender boletos sin pagarles la comisión correspondiente a las administraciones físicas.
Para contextualizar el caso, hay que empezar por explicar que hace unos meses el ministerio dirigido por Arcadi España -del que depende Loterías y Apuestas del Estado (Selae)- confirmó su intención de comercializar todos los premios en su propia plataforma, una circunstancia que le llevó al choque con los profesionales del sector dado que en los últimos años los esfuerzos por trasladar la venta de lotería al universo digital han recaído por entero en los puntos de venta físicos. Con su esfuerzo y con sus recursos -y a falta de una regulación específica-, los autónomos del sector han dispuesto sus propias plataformas para comercializar los premios; siempre -y esto es lo más importante-, vinculándolos a una administración física.
Y ahí está el problema, pues el caso es que mediante la venta directa Selae puede ahorrarse la comisión que en su momento se comprometió a abonar a los loteros. Podría aducirse que así correspondería en un mercado libre, pero el caso es que este no lo es. De hecho, los ingresos de estos autónomos dependen prácticamente al 100% de las comisiones que reciben del Estado por cada número vendido, unas comisiones que -paradójicamente-, no se han actualizado desde 2004. De media, la tarifa actual para la mayor parte de los sorteos oscila entre el 4,5 y el 5,9%; para una Primitiva, por ejemplo, esto se traduce en unos ingresos de 0,059 euros por venta, lo que equivale a decir que una administración tiene que facturar 6.779 primitivas para pagar una cuota de autónomos de 400 euros. Desde 2004, los loteros han perdido un 60% de poder adquisitivo.
Noticia relacionada
Valga también este dato para ilustrar el problema: si se toman los ingresos anuales del Estado por el juego y se dividen entre las 10.833 administraciones que hay en España, esto se traduce en un resultado de explotación por comercio de 1.412 euros al mes. Los loteros pierden poder adquisitivo cada año, así que resulta fácil imaginar su malestar ante el hecho de que el Estado pretenda vender por Internet sin abonarles su parte, pues el negocio ‘online’ supone un 10% de su cifra de negocio.
Como ya explicó ABC, desde la empresa pública se defienden aduciendo que su plataforma pretende «fomentar la asociación de los usuarios a los puntos de venta», y que lo hacen asignando una tienda por defecto a cada transacción. Sin embargo, si un usuario elige no asociarse a una administración en concreto, puede hacerlo, como sucedió con una quiniela vendida del pasado 12 de abril que resultó premiada.
Bien es cierto que al hacer esto Selae no está incumpliendo el contrato que regula su relación con las administraciones, pero sí el compromiso «verbal» al que llegó con estas. Según explican a este diario desde la Asociación de Administradores de Lotería Defensa Digital (DEDIT), ese pacto existe, aunque no se haya formalizado por escrito.
Más allá del caso concreto de las comisiones, la moción impulsada por los nacionalistas vascos incluía una batería de medidas para regular la venta de boletos por Internet, como medidas para garantizar el futuro de las plataformas digitales propias de las administraciones frente a la pretensión centralizadora de la empresa pública, proteger a los menores de edad o prevenir conductas ilícitas.
RSS de noticias de economia
