El Ministerio de Hacienda reconoce ya que su decisión de bajar el IVA a la luz, el gas y los alimentos durante lo más duro de la espiral inflacionista sin negociar nada con las comunidades autónomas ni prever compensación alguna para ellas, pese a verse afectadas indirectamente por la pérdida de recaudación asociada a esas medidas de alivio fiscal, le puede pasar una factura millonaria en los próximos meses. Las primeras impugnaciones de gobiernos autonómicos a la maniobra unilateral adoptada por el Gobierno ante la escalada de precios primero en la luz, luego en el gas y finalmente en los alimentos se realizaron en 2023, pero no ha sido hasta hace bien poco cuando el Ejecutivo ha admitido que estos procedimientos podrían obligarle a compensar a las autonomías denunciantes con hasta 1.200 millones de euros.De ese montante es, al menos, la provisión que los servicios técnicos del Ministerio de Hacienda han obligado a dotar en las Cuentas del Estado como cautela por los recursos contencioso-administrativos interpuestos ante la Audiencia Nacional por «varios gobiernos autonómicos», según se reconoce por el Ministerio de Hacienda, contra las desestimaciones de sus requerimientos para ser compensados por la pérdida de ingresos que les provocó esa decisión gubernamental en las liquidaciones del sistema de financiación autonómica de 2023, 2024 y 2025. Solo Extremadura ha reconocido de forma pública esa reclamación aunque el diario El Confidencial publicó en su día que hasta media docena de autonomías había seguido ese camino, incluyendo a la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla y León.Según los datos oficiales publicados por la Agencia Tributaria, entre 2023 y 2025 las arcas públicas dejaron de ingresar 6.047 millones de euros por la aplicación de estas medidas fiscales de alivio aprobadas por el Gobierno central para abaratar la factura de la luz, el gas y los alimentos cuando sus precios estaban más disparados, de los cuales alrededor de la mitad deberían haber nutrido las arcas de las comunidades autónomas según el reparto de ingresos que prevé la financiación autonómica. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar de manera unilateral una medida de tal impacto financiero sobre las arcas de las comunidades autónomas desencadenó ya en su momento un agitado debate político, en el que los gobiernos autonómicos del PP acusaban al gobierno central de romper el principio de lealtad institucional al no consultar una medida de tanto calado y el gobierno central acusó a los gobiernos populares de insolidarios por poner trabas al alivio fiscal a los ciudadanos.El alcance de la lealtad institucionalLa vertiente judicial del asunto ha alcanzado un punto en el que los funcionarios de Hacienda entienden que existe un riesgo cierto de que la resolución de todo este proceso desemboque en la obligación de abonar una reparación a las comunidades autónomas denunciantes, que según sus cálculos podría alcanzar hasta los 1.200 millones de euros.La legislación doméstica sobre financiación autonómica sienta el principio de lealtad institucional en virtud del cual ninguna administración pública puede adoptar de forma unilateral una medida que afecte a los ingresos de otra sin mediar compensación, aunque lo cierto es que rara vez se ha aplicado. La discusión en torno a estos 1.200 millones de euros se produce, además, en pleno proceso de negociación de la financiación autonómica, con todos los gobiernos controlados por el PP ubicados de manera firme en contra del nuevo modelo pactado por el Gobierno con Cataluña y que ahora pretende extender al resto sin demasiado éxito. Hasta la fecha solo la Generalitat de Cataluña y el gobierno de Canarias, que el PP respalda, han apoyado un modelo, que el Ministerio de Hacienda aspira a empezar a tramitar en septiembre. El Ministerio de Hacienda reconoce ya que su decisión de bajar el IVA a la luz, el gas y los alimentos durante lo más duro de la espiral inflacionista sin negociar nada con las comunidades autónomas ni prever compensación alguna para ellas, pese a verse afectadas indirectamente por la pérdida de recaudación asociada a esas medidas de alivio fiscal, le puede pasar una factura millonaria en los próximos meses. Las primeras impugnaciones de gobiernos autonómicos a la maniobra unilateral adoptada por el Gobierno ante la escalada de precios primero en la luz, luego en el gas y finalmente en los alimentos se realizaron en 2023, pero no ha sido hasta hace bien poco cuando el Ejecutivo ha admitido que estos procedimientos podrían obligarle a compensar a las autonomías denunciantes con hasta 1.200 millones de euros.De ese montante es, al menos, la provisión que los servicios técnicos del Ministerio de Hacienda han obligado a dotar en las Cuentas del Estado como cautela por los recursos contencioso-administrativos interpuestos ante la Audiencia Nacional por «varios gobiernos autonómicos», según se reconoce por el Ministerio de Hacienda, contra las desestimaciones de sus requerimientos para ser compensados por la pérdida de ingresos que les provocó esa decisión gubernamental en las liquidaciones del sistema de financiación autonómica de 2023, 2024 y 2025. Solo Extremadura ha reconocido de forma pública esa reclamación aunque el diario El Confidencial publicó en su día que hasta media docena de autonomías había seguido ese camino, incluyendo a la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla y León.Según los datos oficiales publicados por la Agencia Tributaria, entre 2023 y 2025 las arcas públicas dejaron de ingresar 6.047 millones de euros por la aplicación de estas medidas fiscales de alivio aprobadas por el Gobierno central para abaratar la factura de la luz, el gas y los alimentos cuando sus precios estaban más disparados, de los cuales alrededor de la mitad deberían haber nutrido las arcas de las comunidades autónomas según el reparto de ingresos que prevé la financiación autonómica. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar de manera unilateral una medida de tal impacto financiero sobre las arcas de las comunidades autónomas desencadenó ya en su momento un agitado debate político, en el que los gobiernos autonómicos del PP acusaban al gobierno central de romper el principio de lealtad institucional al no consultar una medida de tanto calado y el gobierno central acusó a los gobiernos populares de insolidarios por poner trabas al alivio fiscal a los ciudadanos.El alcance de la lealtad institucionalLa vertiente judicial del asunto ha alcanzado un punto en el que los funcionarios de Hacienda entienden que existe un riesgo cierto de que la resolución de todo este proceso desemboque en la obligación de abonar una reparación a las comunidades autónomas denunciantes, que según sus cálculos podría alcanzar hasta los 1.200 millones de euros.La legislación doméstica sobre financiación autonómica sienta el principio de lealtad institucional en virtud del cual ninguna administración pública puede adoptar de forma unilateral una medida que afecte a los ingresos de otra sin mediar compensación, aunque lo cierto es que rara vez se ha aplicado. La discusión en torno a estos 1.200 millones de euros se produce, además, en pleno proceso de negociación de la financiación autonómica, con todos los gobiernos controlados por el PP ubicados de manera firme en contra del nuevo modelo pactado por el Gobierno con Cataluña y que ahora pretende extender al resto sin demasiado éxito. Hasta la fecha solo la Generalitat de Cataluña y el gobierno de Canarias, que el PP respalda, han apoyado un modelo, que el Ministerio de Hacienda aspira a empezar a tramitar en septiembre.
El Ministerio de Hacienda reconoce ya que su decisión de bajar el IVA a la luz, el gas y los alimentos durante lo más duro de la espiral inflacionista sin negociar nada con las comunidades autónomas ni prever compensación alguna para ellas, pese a verse … afectadas indirectamente por la pérdida de recaudación asociada a esas medidas de alivio fiscal, le puede pasar una factura millonaria en los próximos meses. Las primeras impugnaciones de gobiernos autonómicos a la maniobra unilateral adoptada por el Gobierno ante la escalada de precios primero en la luz, luego en el gas y finalmente en los alimentos se realizaron en 2023, pero no ha sido hasta hace bien poco cuando el Ejecutivo ha admitido que estos procedimientos podrían obligarle a compensar a las autonomías denunciantes con hasta 1.200 millones de euros.
De ese montante es, al menos, la provisión que los servicios técnicos del Ministerio de Hacienda han obligado a dotar en las Cuentas del Estado como cautela por los recursos contencioso-administrativos interpuestos ante la Audiencia Nacional por «varios gobiernos autonómicos», según se reconoce por el Ministerio de Hacienda, contra las desestimaciones de sus requerimientos para ser compensados por la pérdida de ingresos que les provocó esa decisión gubernamental en las liquidaciones del sistema de financiación autonómica de 2023, 2024 y 2025. Solo Extremadura ha reconocido de forma pública esa reclamación aunque el diario El Confidencial publicó en su día que hasta media docena de autonomías había seguido ese camino, incluyendo a la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla y León.
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Según los datos oficiales publicados por la Agencia Tributaria, entre 2023 y 2025 las arcas públicas dejaron de ingresar 6.047 millones de euros por la aplicación de estas medidas fiscales de alivio aprobadas por el Gobierno central para abaratar la factura de la luz, el gas y los alimentos cuando sus precios estaban más disparados, de los cuales alrededor de la mitad deberían haber nutrido las arcas de las comunidades autónomas según el reparto de ingresos que prevé la financiación autonómica.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar de manera unilateral una medida de tal impacto financiero sobre las arcas de las comunidades autónomas desencadenó ya en su momento un agitado debate político, en el que los gobiernos autonómicos del PP acusaban al gobierno central de romper el principio de lealtad institucional al no consultar una medida de tanto calado y el gobierno central acusó a los gobiernos populares de insolidarios por poner trabas al alivio fiscal a los ciudadanos.
El alcance de la lealtad institucional
La vertiente judicial del asunto ha alcanzado un punto en el que los funcionarios de Hacienda entienden que existe un riesgo cierto de que la resolución de todo este proceso desemboque en la obligación de abonar una reparación a las comunidades autónomas denunciantes, que según sus cálculos podría alcanzar hasta los 1.200 millones de euros.
La legislación doméstica sobre financiación autonómica sienta el principio de lealtad institucional en virtud del cual ninguna administración pública puede adoptar de forma unilateral una medida que afecte a los ingresos de otra sin mediar compensación, aunque lo cierto es que rara vez se ha aplicado.
La discusión en torno a estos 1.200 millones de euros se produce, además, en pleno proceso de negociación de la financiación autonómica, con todos los gobiernos controlados por el PP ubicados de manera firme en contra del nuevo modelo pactado por el Gobierno con Cataluña y que ahora pretende extender al resto sin demasiado éxito. Hasta la fecha solo la Generalitat de Cataluña y el gobierno de Canarias, que el PP respalda, han apoyado un modelo, que el Ministerio de Hacienda aspira a empezar a tramitar en septiembre.
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