Nunca antes se había planteado de forma tan explícita en un programa electoral el debate sobre el tamaño que debe tener el Estado en España. El PP se ha fijado como primer objetivo si llega a gobernar «reparar el Estado», o como lo ha expresado en varias ocasiones su candidato a la Presidencia del Gobierno Alberto Núñez Feijóo « conseguir que España vuelva a funcionar », y el primer paso en ese camino sería la realización en los primeros 100 días de gobierno de una gran auditoría del sector público estatal cuyo objetivo de fondo sería configurar una «Administración rigurosa, dimensiona y eficaz».El candidato popular ya ha avanzado que reducirá de forma sustancial el tamaño de la estructura del Gobierno , que ha alcanzado una dimensión sin precedentes para cubrir las exigencias de carteras y asesores de los diferentes miembros de la coalición gubernamental, que se quedará en 15 ministerios, pero el objetivo de los populares es que todo se ponga bajo el foco. Según el programa electoral presentado este martes por el PP se fiscalizarán todas las subvenciones que paga el Estado y se eliminarán todas aquellas que sean fraudulentas o no estén cumpliendo los objetivos para los que se activaron; se fusionarán organismos estatales cuando se entienda que tienen funciones duplicadas y se eliminará directamente si no cumplen una función clara o haya caducado la que justificó su creación, para reducir la estructura del Estado.La gran auditoría que anuncia el PP no se quedará ahí sino que revisará al detalle todo el gasto público para evitar que haya créditos presupuestarios que se prorroguen o se mantengan en el presupuesto por pura inercia e incluso someterá a análisis el número de funcionarios que la Administración del Estado necesita para funcionar. «Tenemos la oportunidad de repensar qué debemos hacer con cada servicio, cómo reforzar su neutralidad e imparcialidad y cómo cubrir cada vacante con el perfil que hace falta hoy», dice el programa de los populares.Como ya avanzó ABC, el proceso incluirá la revisión de las participaciones que el Estado ostenta en algunas empresas de actividad netamente privada «y venderemos aquellas que no respondan a un interés público o estratégico acreditado».«En cien días los españoles lo sabrán todo»«En cien días los españoles lo sabrán todo», anuncia el PP, que sospecha que la escalada sin precedentes del gasto público que se ha producido en los últimos años esconde no pocos ejemplos de despilfarro y gastos suntuarios. El Reino de España tiene un objetivo de consolidación fiscal que cumplir con Bruselas y como denunció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no solo cerrará el año 2026 desbordando de forma muy significativa el ritmo de incremento de gasto que se comprometió a observar sino que ha liquidado en solo dos años todo el margen de que disponía para hacer frente a gastos inesperados.«Revisaremos las ayudas, los contratos públicos y las subvenciones otorgadas: los fraudulentos serán denunciados y los que no estén cumpliendo su objetivo serán corregidos o eliminados. El primer presupuesto tendrá en cuenta las conclusiones de esta auditoría: qué gastos se suprimen, qué estructuras se reducen y qué servicios necesitan más recursos», se compromete el PP.Los populares se comprometen a no aprobar ningún nuevo gasto sin decir cómo se financia y a fijar fecha de caducidad a los organismos de nueva creaciónOtro objetivo será contener la inflación de comisionados, autoridades y organismos de todo tipo que se han puesto en pie en los últimos ocho años según iban surgiendo prioridades de política económica. La idea de los populares es que cualquier organismo dependiente del Estado de nueva creación tenga fecha de caducidad y solo pueda prorrogarse si las Cortes dan su visto bueno. También se cambiará el sistema de nombramientos para que solo puedan designarse como máximos directivos personas con reputación y experiencia.«Ningún gasto nuevo se aprobará sin concretar cómo se financiará», prometen los populares, que están decididos a reforzar las competencias de la Airef para reforzar su control sobre el cumplimiento de las reglas fiscales. Nunca antes se había planteado de forma tan explícita en un programa electoral el debate sobre el tamaño que debe tener el Estado en España. El PP se ha fijado como primer objetivo si llega a gobernar «reparar el Estado», o como lo ha expresado en varias ocasiones su candidato a la Presidencia del Gobierno Alberto Núñez Feijóo « conseguir que España vuelva a funcionar », y el primer paso en ese camino sería la realización en los primeros 100 días de gobierno de una gran auditoría del sector público estatal cuyo objetivo de fondo sería configurar una «Administración rigurosa, dimensiona y eficaz».El candidato popular ya ha avanzado que reducirá de forma sustancial el tamaño de la estructura del Gobierno , que ha alcanzado una dimensión sin precedentes para cubrir las exigencias de carteras y asesores de los diferentes miembros de la coalición gubernamental, que se quedará en 15 ministerios, pero el objetivo de los populares es que todo se ponga bajo el foco. Según el programa electoral presentado este martes por el PP se fiscalizarán todas las subvenciones que paga el Estado y se eliminarán todas aquellas que sean fraudulentas o no estén cumpliendo los objetivos para los que se activaron; se fusionarán organismos estatales cuando se entienda que tienen funciones duplicadas y se eliminará directamente si no cumplen una función clara o haya caducado la que justificó su creación, para reducir la estructura del Estado.La gran auditoría que anuncia el PP no se quedará ahí sino que revisará al detalle todo el gasto público para evitar que haya créditos presupuestarios que se prorroguen o se mantengan en el presupuesto por pura inercia e incluso someterá a análisis el número de funcionarios que la Administración del Estado necesita para funcionar. «Tenemos la oportunidad de repensar qué debemos hacer con cada servicio, cómo reforzar su neutralidad e imparcialidad y cómo cubrir cada vacante con el perfil que hace falta hoy», dice el programa de los populares.Como ya avanzó ABC, el proceso incluirá la revisión de las participaciones que el Estado ostenta en algunas empresas de actividad netamente privada «y venderemos aquellas que no respondan a un interés público o estratégico acreditado».«En cien días los españoles lo sabrán todo»«En cien días los españoles lo sabrán todo», anuncia el PP, que sospecha que la escalada sin precedentes del gasto público que se ha producido en los últimos años esconde no pocos ejemplos de despilfarro y gastos suntuarios. El Reino de España tiene un objetivo de consolidación fiscal que cumplir con Bruselas y como denunció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no solo cerrará el año 2026 desbordando de forma muy significativa el ritmo de incremento de gasto que se comprometió a observar sino que ha liquidado en solo dos años todo el margen de que disponía para hacer frente a gastos inesperados.«Revisaremos las ayudas, los contratos públicos y las subvenciones otorgadas: los fraudulentos serán denunciados y los que no estén cumpliendo su objetivo serán corregidos o eliminados. El primer presupuesto tendrá en cuenta las conclusiones de esta auditoría: qué gastos se suprimen, qué estructuras se reducen y qué servicios necesitan más recursos», se compromete el PP.Los populares se comprometen a no aprobar ningún nuevo gasto sin decir cómo se financia y a fijar fecha de caducidad a los organismos de nueva creaciónOtro objetivo será contener la inflación de comisionados, autoridades y organismos de todo tipo que se han puesto en pie en los últimos ocho años según iban surgiendo prioridades de política económica. La idea de los populares es que cualquier organismo dependiente del Estado de nueva creación tenga fecha de caducidad y solo pueda prorrogarse si las Cortes dan su visto bueno. También se cambiará el sistema de nombramientos para que solo puedan designarse como máximos directivos personas con reputación y experiencia.«Ningún gasto nuevo se aprobará sin concretar cómo se financiará», prometen los populares, que están decididos a reforzar las competencias de la Airef para reforzar su control sobre el cumplimiento de las reglas fiscales.
Nunca antes se había planteado de forma tan explícita en un programa electoral el debate sobre el tamaño que debe tener el Estado en España. El PP se ha fijado como primer objetivo si llega a gobernar «reparar el Estado», o como lo ha expresado … en varias ocasiones su candidato a la Presidencia del Gobierno Alberto Núñez Feijóo «conseguir que España vuelva a funcionar», y el primer paso en ese camino sería la realización en los primeros 100 días de gobierno de una gran auditoría del sector público estatal cuyo objetivo de fondo sería configurar una «Administración rigurosa, dimensiona y eficaz».
El candidato popular ya ha avanzado que reducirá de forma sustancial el tamaño de la estructura del Gobierno, que ha alcanzado una dimensión sin precedentes para cubrir las exigencias de carteras y asesores de los diferentes miembros de la coalición gubernamental, que se quedará en 15 ministerios, pero el objetivo de los populares es que todo se ponga bajo el foco.
Según el programa electoral presentado este martes por el PP se fiscalizarán todas las subvenciones que paga el Estado y se eliminarán todas aquellas que sean fraudulentas o no estén cumpliendo los objetivos para los que se activaron; se fusionarán organismos estatales cuando se entienda que tienen funciones duplicadas y se eliminará directamente si no cumplen una función clara o haya caducado la que justificó su creación, para reducir la estructura del Estado.
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La gran auditoría que anuncia el PP no se quedará ahí sino que revisará al detalle todo el gasto público para evitar que haya créditos presupuestarios que se prorroguen o se mantengan en el presupuesto por pura inercia e incluso someterá a análisis el número de funcionarios que la Administración del Estado necesita para funcionar. «Tenemos la oportunidad de repensar qué debemos hacer con cada servicio, cómo reforzar su neutralidad e imparcialidad y cómo cubrir cada vacante con el perfil que hace falta hoy», dice el programa de los populares.
Como ya avanzó ABC, el proceso incluirá la revisión de las participaciones que el Estado ostenta en algunas empresas de actividad netamente privada «y venderemos aquellas que no respondan a un interés público o estratégico acreditado».
«En cien días los españoles lo sabrán todo»
«En cien días los españoles lo sabrán todo», anuncia el PP, que sospecha que la escalada sin precedentes del gasto público que se ha producido en los últimos años esconde no pocos ejemplos de despilfarro y gastos suntuarios. El Reino de España tiene un objetivo de consolidación fiscal que cumplir con Bruselas y como denunció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no solo cerrará el año 2026 desbordando de forma muy significativa el ritmo de incremento de gasto que se comprometió a observar sino que ha liquidado en solo dos años todo el margen de que disponía para hacer frente a gastos inesperados.
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«Revisaremos las ayudas, los contratos públicos y las subvenciones otorgadas: los fraudulentos serán denunciados y los que no estén cumpliendo su objetivo serán corregidos o eliminados. El primer presupuesto tendrá en cuenta las conclusiones de esta auditoría: qué gastos se suprimen, qué estructuras se reducen y qué servicios necesitan más recursos», se compromete el PP.
Los populares se comprometen a no aprobar ningún nuevo gasto sin decir cómo se financia y a fijar fecha de caducidad a los organismos de nueva creación
Otro objetivo será contener la inflación de comisionados, autoridades y organismos de todo tipo que se han puesto en pie en los últimos ocho años según iban surgiendo prioridades de política económica. La idea de los populares es que cualquier organismo dependiente del Estado de nueva creación tenga fecha de caducidad y solo pueda prorrogarse si las Cortes dan su visto bueno. También se cambiará el sistema de nombramientos para que solo puedan designarse como máximos directivos personas con reputación y experiencia.
«Ningún gasto nuevo se aprobará sin concretar cómo se financiará», prometen los populares, que están decididos a reforzar las competencias de la Airef para reforzar su control sobre el cumplimiento de las reglas fiscales.
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