Economía

Los liberados sindicales cuestan 1.900 millones anuales

En España hay 320.882 delegados, el 70% de ellos de UGT y CC.OO., consumen una media de 20 horas mensuales para actividades del sindicato, concentradas mayoritariamente en los liberados, lo que equivale al trabajo de unas 44.000 personas a tiempo completo, y una factura de 1.900 millones anuales para empresas y administración, de los que unos 1.300 millones corresponden a los sindicatos mayoritarios. Es la estimación que realiza el Instituto Juan de Mariana (IJM) en su informe « España, farolillo rojo del empleo en Euroра» , basada en datos de Trabajo y en el Estatuto, y obligados por la falta de transparencia del Gobierno y los sindicatos sobre las horas pagadas que dedican a tareas sindicales.En el mismo día en que las centrales de clase irán a la primera huelga general en 14 años, denuncian, como ya informó ABC, que las subvenciones del Gobierno a los sindicatos han pasado de 8,9 a 32 millones anuales, un 260% más desde 2020 y un 70% más al año que con Rajoy , y que las ayudas públicas a las centrales que dirigen Pepe Álvarez y Unai Sordo equivalen al 40% de todas las cuotas sindicales que se declaran en el IRPF (267 millones), una cifra que incluye a los afiliados de todos los sindicatos. Las subvenciones suponen el 35% de los ingresos de CC.OO. y el 43% de los de UGT, según el ‘think tank’, que sitúa a la formación para el empleo como «el gran caladero sindical » y la principal vía de entrada de financiación pública. Recuerdan que la Audiencia de Sevilla condenó en 2024 a la cúpula de UGT-Andalucía a tres años de cárcel por desviar 40,6 millones de cursos para parados y ocupados para financiar su estructura, y que en octubre de 2026 el Supremo confirmó que UGT-A debe devolver otras subvenciones de formación por las que la Junta le reclama 18,3 millones. Recuerda también el trabajo que el Plan de Recuperación ha destinado 98,2 millones a rehabilitar 42 edificios del patrimonio sindical y que UGT obtuvo otros 20,4 millones de fondos europeos para cursos de digitalización concedidos sin concurrencia, además de que el Estado cede gratuitamente 305 pisos y locales a CC.OO. y 200 a UGT. «Han incluido el acceso a la vivienda entre los motivos de la huelga del 11 de noviembre mientras ocupan gratuitamente cientos de inmuebles públicos».Con este escenario de fondo, el IJM insiste en que ni CC.OO. ni UGT han movilizado a sus afiliados frente a la tasa de paro más alta de la UE, el segundo desempleo juvenil más elevado, la explosión del absentismo, el «maquillaje estadístico» del Sepe o la pérdida de 5,4% de poder adquisitivo en los salarios de convenio. Tampoco por el hecho de que el sueldo más frecuente haya perdido casi una quinta parte de su poder de compra desde 2018 (hoy es de 16.500 euros ). Señalan que, muy a contrario, el 5 de octubre, el mismo día en que el presidente del Gobierno anunció el adelanto de las elecciones generales al 29-N, las centrales convocaron la huelga general, de la que se ha desmarcado sindicatos como CSIF o USO y Fetico por sus connotaciones políticas . El Instituto contrasta la inacción sindical frente a las políticas económicas de Sánchez con la dureza en las calles contra Mariano Rajoy . Explican que han asegurado la paz con Pedro Sánchez en La Moncloa, lo que contrasta con las dos convocados en un mismo año a Mariano Rajoy, el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012, además de 480 manifestaciones en distintas ciudades, sin contar el Primero de Mayo.Argumenta el servicio de estudios que España sigue siendo campeona europea del paro, que a final de 2025 tasa fue del 10,5% , la más alta de los Veintisiete y 1,75 veces la media comunitaria (6%), que la tasa de desempleo juvenil es del 24,9%, la segunda más alto de la UE tras Rumanía y casi diez puntos por encima de la media europea (15,2%), mientras el paro femenino (11,9%) es el más alto de toda la Unión. «Hasta Grecia tiene ya menos paro que España», puntualiza. El IJM sostiene que el 80% de la bajada del paro registrado es maquillaje . Aseguran que entre 2019 y 2025 bajó en 755.000 personas, pero si se suman los fijos discontinuos inactivos y los demás demandantes con relación laboral, el descenso se queda en 163.000 y que existen «más de 800.000 parados invisibles». Argumentan que en septiembre de 2026 había 802.600 demandantes de empleo con relación laboral que no computan como parados, 3,5 veces más que en 2018. «Siete de cada diez parados que el Gobierno presume de haber sacado de las listas desde 2018 siguen buscando empleo sin trabajar», denuncian.Más perceptores que parados El análisis hace hincapié en que hay más gente cobrando el paro que parados oficiales, que en enero diez provincias tenían más beneficiarios de prestaciones que parados registrados. En Baleares, la cobertura llegó al 332% mientras que unos 110.000 fijos discontinuos inactivos cobraron cada mes una prestación en 2025, frente a 40.000 en 2019, y la tasa de cobertura de septiembre (80,8%) fue la más alta de la serie para ese mes. «Lo que está ocurriendo en un momento en el que denuncian que la temporalidad ha cambiado la etiqueta pero no la precariedad», asegura el trabajo. Sus autores echan mano de la estadística para explicar que la temporalidad ha bajado del 22,3% al 13,2%, pero sigue por encima de la media europea (10,9%), y que el grueso de la mejora es un cambio de etiqueta hacia el fijo discontinuo. «El peor empleador es el sector público: en administración, educación y sanidad, la temporalidad es del 24,1%, frente al 14,4% en la UE».El informe presenta el Índice de Flexibilidad Laboral de la UE-27 , en el que España ocupa el último puesto, y analiza cómo la rigidez de su marco laboral contribuye a que sufra también el paro más alto de la Unión. Según este indicador, España ocupa el último puesto de los 27, con 1,9 puntos sobre 10, menos de la mitad de la media (5,2). El IJM arremete contra la reforma laboral de 2021 frente a la de 2012, que cree sí funcionó. Recuerda que entre 2014 y 2019 se crearon unos tres millones de empleos y que dos de cada tres nuevos asalariados tenían contrato indefinido. «Vigente en 2008, reseña, habría evitado la destrucción de dos millones de empleos».SMI y destrucción de empleoTambién hay reproche sobre los bajos sueldos y el salario mínimo. El Instituto asegura que, con 17.094 euros anuales, el SMI de 2026 supera en un 3,5% el salario modal de 2024 (16.520 euros ) y que el Gobierno fija el SMI en el 60% del salario medio neto, pero lo mide con una encuesta que excluye la agricultura, la pesca y el empleo doméstico y a quienes trabajan menos de dos meses al año. Sostienen que con la EPA, que sí los incluye, el salario de referencia sería un 3,1% más bajo y el SMI de 2026, unos 530 euros anuales menor. Con su propia metodología el IJM asegura que con datos de 2025, las subidas del SMI han destruido o impedido crear unos 238.000 empleos, 126.000 en el escenario más prudente. En España hay 320.882 delegados, el 70% de ellos de UGT y CC.OO., consumen una media de 20 horas mensuales para actividades del sindicato, concentradas mayoritariamente en los liberados, lo que equivale al trabajo de unas 44.000 personas a tiempo completo, y una factura de 1.900 millones anuales para empresas y administración, de los que unos 1.300 millones corresponden a los sindicatos mayoritarios. Es la estimación que realiza el Instituto Juan de Mariana (IJM) en su informe « España, farolillo rojo del empleo en Euroра» , basada en datos de Trabajo y en el Estatuto, y obligados por la falta de transparencia del Gobierno y los sindicatos sobre las horas pagadas que dedican a tareas sindicales.En el mismo día en que las centrales de clase irán a la primera huelga general en 14 años, denuncian, como ya informó ABC, que las subvenciones del Gobierno a los sindicatos han pasado de 8,9 a 32 millones anuales, un 260% más desde 2020 y un 70% más al año que con Rajoy , y que las ayudas públicas a las centrales que dirigen Pepe Álvarez y Unai Sordo equivalen al 40% de todas las cuotas sindicales que se declaran en el IRPF (267 millones), una cifra que incluye a los afiliados de todos los sindicatos. Las subvenciones suponen el 35% de los ingresos de CC.OO. y el 43% de los de UGT, según el ‘think tank’, que sitúa a la formación para el empleo como «el gran caladero sindical » y la principal vía de entrada de financiación pública. Recuerdan que la Audiencia de Sevilla condenó en 2024 a la cúpula de UGT-Andalucía a tres años de cárcel por desviar 40,6 millones de cursos para parados y ocupados para financiar su estructura, y que en octubre de 2026 el Supremo confirmó que UGT-A debe devolver otras subvenciones de formación por las que la Junta le reclama 18,3 millones. Recuerda también el trabajo que el Plan de Recuperación ha destinado 98,2 millones a rehabilitar 42 edificios del patrimonio sindical y que UGT obtuvo otros 20,4 millones de fondos europeos para cursos de digitalización concedidos sin concurrencia, además de que el Estado cede gratuitamente 305 pisos y locales a CC.OO. y 200 a UGT. «Han incluido el acceso a la vivienda entre los motivos de la huelga del 11 de noviembre mientras ocupan gratuitamente cientos de inmuebles públicos».Con este escenario de fondo, el IJM insiste en que ni CC.OO. ni UGT han movilizado a sus afiliados frente a la tasa de paro más alta de la UE, el segundo desempleo juvenil más elevado, la explosión del absentismo, el «maquillaje estadístico» del Sepe o la pérdida de 5,4% de poder adquisitivo en los salarios de convenio. Tampoco por el hecho de que el sueldo más frecuente haya perdido casi una quinta parte de su poder de compra desde 2018 (hoy es de 16.500 euros ). Señalan que, muy a contrario, el 5 de octubre, el mismo día en que el presidente del Gobierno anunció el adelanto de las elecciones generales al 29-N, las centrales convocaron la huelga general, de la que se ha desmarcado sindicatos como CSIF o USO y Fetico por sus connotaciones políticas . El Instituto contrasta la inacción sindical frente a las políticas económicas de Sánchez con la dureza en las calles contra Mariano Rajoy . Explican que han asegurado la paz con Pedro Sánchez en La Moncloa, lo que contrasta con las dos convocados en un mismo año a Mariano Rajoy, el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012, además de 480 manifestaciones en distintas ciudades, sin contar el Primero de Mayo.Argumenta el servicio de estudios que España sigue siendo campeona europea del paro, que a final de 2025 tasa fue del 10,5% , la más alta de los Veintisiete y 1,75 veces la media comunitaria (6%), que la tasa de desempleo juvenil es del 24,9%, la segunda más alto de la UE tras Rumanía y casi diez puntos por encima de la media europea (15,2%), mientras el paro femenino (11,9%) es el más alto de toda la Unión. «Hasta Grecia tiene ya menos paro que España», puntualiza. El IJM sostiene que el 80% de la bajada del paro registrado es maquillaje . Aseguran que entre 2019 y 2025 bajó en 755.000 personas, pero si se suman los fijos discontinuos inactivos y los demás demandantes con relación laboral, el descenso se queda en 163.000 y que existen «más de 800.000 parados invisibles». Argumentan que en septiembre de 2026 había 802.600 demandantes de empleo con relación laboral que no computan como parados, 3,5 veces más que en 2018. «Siete de cada diez parados que el Gobierno presume de haber sacado de las listas desde 2018 siguen buscando empleo sin trabajar», denuncian.Más perceptores que parados El análisis hace hincapié en que hay más gente cobrando el paro que parados oficiales, que en enero diez provincias tenían más beneficiarios de prestaciones que parados registrados. En Baleares, la cobertura llegó al 332% mientras que unos 110.000 fijos discontinuos inactivos cobraron cada mes una prestación en 2025, frente a 40.000 en 2019, y la tasa de cobertura de septiembre (80,8%) fue la más alta de la serie para ese mes. «Lo que está ocurriendo en un momento en el que denuncian que la temporalidad ha cambiado la etiqueta pero no la precariedad», asegura el trabajo. Sus autores echan mano de la estadística para explicar que la temporalidad ha bajado del 22,3% al 13,2%, pero sigue por encima de la media europea (10,9%), y que el grueso de la mejora es un cambio de etiqueta hacia el fijo discontinuo. «El peor empleador es el sector público: en administración, educación y sanidad, la temporalidad es del 24,1%, frente al 14,4% en la UE».El informe presenta el Índice de Flexibilidad Laboral de la UE-27 , en el que España ocupa el último puesto, y analiza cómo la rigidez de su marco laboral contribuye a que sufra también el paro más alto de la Unión. Según este indicador, España ocupa el último puesto de los 27, con 1,9 puntos sobre 10, menos de la mitad de la media (5,2). El IJM arremete contra la reforma laboral de 2021 frente a la de 2012, que cree sí funcionó. Recuerda que entre 2014 y 2019 se crearon unos tres millones de empleos y que dos de cada tres nuevos asalariados tenían contrato indefinido. «Vigente en 2008, reseña, habría evitado la destrucción de dos millones de empleos».SMI y destrucción de empleoTambién hay reproche sobre los bajos sueldos y el salario mínimo. El Instituto asegura que, con 17.094 euros anuales, el SMI de 2026 supera en un 3,5% el salario modal de 2024 (16.520 euros ) y que el Gobierno fija el SMI en el 60% del salario medio neto, pero lo mide con una encuesta que excluye la agricultura, la pesca y el empleo doméstico y a quienes trabajan menos de dos meses al año. Sostienen que con la EPA, que sí los incluye, el salario de referencia sería un 3,1% más bajo y el SMI de 2026, unos 530 euros anuales menor. Con su propia metodología el IJM asegura que con datos de 2025, las subidas del SMI han destruido o impedido crear unos 238.000 empleos, 126.000 en el escenario más prudente.  

En España hay 320.882 delegados, el 70% de ellos de UGT y CC.OO., consumen una media de 20 horas mensuales para actividades del sindicato, concentradas mayoritariamente en los liberados, lo que equivale al trabajo de unas 44.000 personas a tiempo completo, y … una factura de 1.900 millones anuales para empresas y administración, de los que unos 1.300 millones corresponden a los sindicatos mayoritarios. Es la estimación que realiza el Instituto Juan de Mariana (IJM) en su informe «España, farolillo rojo del empleo en Euroра», basada en datos de Trabajo y en el Estatuto, y obligados por la falta de transparencia del Gobierno y los sindicatos sobre las horas pagadas que dedican a tareas sindicales.

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