La generosidad de la pensión de viudedad estriba esencialmente en la práctica ausencia de incompatibilidades con cualquier rendimiento del trabajo , pero esta ausencia de incompatibilidades durante la vida activa, «heredada de tiempos de pensiones magras y restricciones al trabajo de las mujeres», no continúa cuando la pensionista de viudedad (la mayor esperanza de vida atribuye casi el 90% de las pensiones a las mujeres) debe compatibilizar su pensión de viudedad con la propia de jubilación o incapacidad, o con el complemento a mínimo que le puede corresponder. Es una de las reflexiones incluidas en un trabajo realizado por el exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, para Fedea, en el que alerta de la «generosidad» de estas prestaciones y avisa de que el sistema paga hoy viudedad a personas que «multiplican por cinco, por diez o por cien la renta media de los españoles».Granado propone una incompatibilidad parcial de la viudedad con rentas del trabajo durante la vida activa, una propuesta que ya se aplica en Alemania pero en España fue frenada por los sindicatos , usar el ahorro resultante para garantizar un incremento mínimo a los viudos y viudas hoy «topados», reequilibrar viudedad y orfandad; y estudiar la progresiva sustitución del actual sistema por un régimen de seguro voluntario para parejas. Granado alerta también del «desequilibrio histórico» entre viudedad y orfandad, pese a las reiteradas peticiones del Pacto de Toledo de reforzar la orfandad.El estudio cuestiona que el debate público sobre la Seguridad Social se centre casi en exclusiva en la pensión de jubilación, cuando el resto de prestaciones contributivas (incapacidad, viudedad, orfandad, complementos a mínimo) suponen ya más del 30% del gasto si se incluyen las incapacidades «transformadas» en jubilación. No busca reformar esta prestación pero propone al diálogo social una reforma «en ámbitos prestacionales de menor visibilidad mediática», con un hilo conductor: reforzar el carácter de seguro del sistema, en el que las prestaciones deben ligarse a las aportaciones, «atemperado por la solidaridad y la financiación tributaria donde corresponda».Una nueva reformaEl autor defiende la necesidad de una nueva Ley General de la Seguridad Social ajustada a la Constitución que sustituya el marco heredado de los años 60 y señala «límites estructurales hoy discutibles»: la ratio de cotización empresario-trabajador de 6 a 1, fijada en 1967; el suelo de cotización ligado al SMI; el techo de cotización, matizado desde 2023 por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuyas aportaciones nutren el Fondo de Reserva sin finalidad contributiva; y el tope máximo de pensiones públicas. Propone además universalizar la obligación de cotizar —basada en la obtención de rendimientos del trabajo, y no en la afiliación formal— incluyendo a mutualistas de clases pasivas, y critica que el sistema de Seguridad Social sufrague la sanidad de becarios vía seguro escolar por «dejación de las comunidades autónomas». La cotización «a posteriori»El experto en pensiones también alerta sobre la «tendencia expansiva» del sistema a integrar colectivos con reglas ‘ad hoc’ que «rompen la proporcionalidad entre aportación y prestación» y cita la integración de mutualidades profesionales, como la «pasarela» del RETA, el precedente del clero católico, los estudiantes en prácticas o los deportistas profesionales. Y pide que la futura ley regule estas cotizaciones «ex post» con criterios explícitos de equidad respecto a quienes sí cotizaron a tiempo.Coeficientes reductores mayoresEl trabajo para Fedea advierte de que colectivos con fuerte capacidad de presión, como maquinistas de ferrocarril, estibadores, pilotos , mantienen edades de jubilación ancladas en «condiciones de trabajo ya superadas, sin que en muchos casos paguen cotización recargada por ello, a diferencia de reformas más recientes». Propone generalizar la cotización recargada allí donde aún no existe y vincular todo coeficiente reductor a un proceso obligatorio de reciclaje profesional en los últimos diez años de vida laboral, «facilitando la recolocación en la misma empresa, en las administraciones públicas o mediante subvenciones». Complemento mínimo Según el estudio de Fedea, los complementos a mínimo de pensión suponían en 2005 un total de 1.397 millones mientras que en 2025 el montante pasó a 8.718 millones, seis veces más o en torno a cuatro veces más en términos reales (en 2026 ha sido de 9.442 euros). Granado no cuestiona la cuantía, pero sí el criterio: «al calcularse sobre bases estrictamente individuales, sin considerar la unidad de convivencia, permite -dice- que alguien casado en separación de bienes con una persona de renta alta cobre igualmente el complemento, mientras que otras prestaciones (pensión no contributiva, ingreso mínimo vital) sí atienden a la unidad familiar». Propone tener en cuenta la renta del conjunto de la unidad de convivencia para priorizar los casos de renta familiar realmente baja. Más participación de las mutuasEl gasto en incapacitad temporal alcanzó 18.413 millones en 2025, el 10,4% de los ingresos por cotizaciones, un máximo histórico, tras crecer 6.000 millones entre 2021 y 2025, según Octavio Granado. El autor cuestiona que el problema se explique solo por el mal funcionamiento del sistema sanitario y plantea seis líneas de reforma : homogeneizar el porcentaje de la prestación entre contingencias comunes y profesionales; generalizar la compatibilidad parcial entre recuperación y trabajo; derivar las bajas de salud mental prolongadas a especialistas y exigir rehabilitación obligatoria o concertada con mutuas; dotar a las mutuas colaboradoras de capacidad para tratar procesos musculoesqueléticos si las comunidades autónomas no conciertan servicios; penalizar con mayor cotización a empresas cuyos complementos convencionales por baja disparen el gasto sin control; y extender las políticas de recolocación de la incapacidad profesional a la enfermedad común.Granado insiste en que estas reformas deben aplicarse de forma «gradual y pactada , sin sustituirlas por anuncios legislativos que luego no se ejecutan». Recuerda que al asumir por primera vez la secretaría de Estado, el paso a control médico obligatorio de las bajas de larga duración a partir del año redujo a la mitad, en solo doce meses, los procesos que continuaban abiertos y añade: «una defensa de que medidas aparentemente modestas, bien dirigidas, pueden tener un efecto significativo». La generosidad de la pensión de viudedad estriba esencialmente en la práctica ausencia de incompatibilidades con cualquier rendimiento del trabajo , pero esta ausencia de incompatibilidades durante la vida activa, «heredada de tiempos de pensiones magras y restricciones al trabajo de las mujeres», no continúa cuando la pensionista de viudedad (la mayor esperanza de vida atribuye casi el 90% de las pensiones a las mujeres) debe compatibilizar su pensión de viudedad con la propia de jubilación o incapacidad, o con el complemento a mínimo que le puede corresponder. Es una de las reflexiones incluidas en un trabajo realizado por el exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, para Fedea, en el que alerta de la «generosidad» de estas prestaciones y avisa de que el sistema paga hoy viudedad a personas que «multiplican por cinco, por diez o por cien la renta media de los españoles».Granado propone una incompatibilidad parcial de la viudedad con rentas del trabajo durante la vida activa, una propuesta que ya se aplica en Alemania pero en España fue frenada por los sindicatos , usar el ahorro resultante para garantizar un incremento mínimo a los viudos y viudas hoy «topados», reequilibrar viudedad y orfandad; y estudiar la progresiva sustitución del actual sistema por un régimen de seguro voluntario para parejas. Granado alerta también del «desequilibrio histórico» entre viudedad y orfandad, pese a las reiteradas peticiones del Pacto de Toledo de reforzar la orfandad.El estudio cuestiona que el debate público sobre la Seguridad Social se centre casi en exclusiva en la pensión de jubilación, cuando el resto de prestaciones contributivas (incapacidad, viudedad, orfandad, complementos a mínimo) suponen ya más del 30% del gasto si se incluyen las incapacidades «transformadas» en jubilación. No busca reformar esta prestación pero propone al diálogo social una reforma «en ámbitos prestacionales de menor visibilidad mediática», con un hilo conductor: reforzar el carácter de seguro del sistema, en el que las prestaciones deben ligarse a las aportaciones, «atemperado por la solidaridad y la financiación tributaria donde corresponda».Una nueva reformaEl autor defiende la necesidad de una nueva Ley General de la Seguridad Social ajustada a la Constitución que sustituya el marco heredado de los años 60 y señala «límites estructurales hoy discutibles»: la ratio de cotización empresario-trabajador de 6 a 1, fijada en 1967; el suelo de cotización ligado al SMI; el techo de cotización, matizado desde 2023 por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuyas aportaciones nutren el Fondo de Reserva sin finalidad contributiva; y el tope máximo de pensiones públicas. Propone además universalizar la obligación de cotizar —basada en la obtención de rendimientos del trabajo, y no en la afiliación formal— incluyendo a mutualistas de clases pasivas, y critica que el sistema de Seguridad Social sufrague la sanidad de becarios vía seguro escolar por «dejación de las comunidades autónomas». La cotización «a posteriori»El experto en pensiones también alerta sobre la «tendencia expansiva» del sistema a integrar colectivos con reglas ‘ad hoc’ que «rompen la proporcionalidad entre aportación y prestación» y cita la integración de mutualidades profesionales, como la «pasarela» del RETA, el precedente del clero católico, los estudiantes en prácticas o los deportistas profesionales. Y pide que la futura ley regule estas cotizaciones «ex post» con criterios explícitos de equidad respecto a quienes sí cotizaron a tiempo.Coeficientes reductores mayoresEl trabajo para Fedea advierte de que colectivos con fuerte capacidad de presión, como maquinistas de ferrocarril, estibadores, pilotos , mantienen edades de jubilación ancladas en «condiciones de trabajo ya superadas, sin que en muchos casos paguen cotización recargada por ello, a diferencia de reformas más recientes». Propone generalizar la cotización recargada allí donde aún no existe y vincular todo coeficiente reductor a un proceso obligatorio de reciclaje profesional en los últimos diez años de vida laboral, «facilitando la recolocación en la misma empresa, en las administraciones públicas o mediante subvenciones». Complemento mínimo Según el estudio de Fedea, los complementos a mínimo de pensión suponían en 2005 un total de 1.397 millones mientras que en 2025 el montante pasó a 8.718 millones, seis veces más o en torno a cuatro veces más en términos reales (en 2026 ha sido de 9.442 euros). Granado no cuestiona la cuantía, pero sí el criterio: «al calcularse sobre bases estrictamente individuales, sin considerar la unidad de convivencia, permite -dice- que alguien casado en separación de bienes con una persona de renta alta cobre igualmente el complemento, mientras que otras prestaciones (pensión no contributiva, ingreso mínimo vital) sí atienden a la unidad familiar». Propone tener en cuenta la renta del conjunto de la unidad de convivencia para priorizar los casos de renta familiar realmente baja. Más participación de las mutuasEl gasto en incapacitad temporal alcanzó 18.413 millones en 2025, el 10,4% de los ingresos por cotizaciones, un máximo histórico, tras crecer 6.000 millones entre 2021 y 2025, según Octavio Granado. El autor cuestiona que el problema se explique solo por el mal funcionamiento del sistema sanitario y plantea seis líneas de reforma : homogeneizar el porcentaje de la prestación entre contingencias comunes y profesionales; generalizar la compatibilidad parcial entre recuperación y trabajo; derivar las bajas de salud mental prolongadas a especialistas y exigir rehabilitación obligatoria o concertada con mutuas; dotar a las mutuas colaboradoras de capacidad para tratar procesos musculoesqueléticos si las comunidades autónomas no conciertan servicios; penalizar con mayor cotización a empresas cuyos complementos convencionales por baja disparen el gasto sin control; y extender las políticas de recolocación de la incapacidad profesional a la enfermedad común.Granado insiste en que estas reformas deben aplicarse de forma «gradual y pactada , sin sustituirlas por anuncios legislativos que luego no se ejecutan». Recuerda que al asumir por primera vez la secretaría de Estado, el paso a control médico obligatorio de las bajas de larga duración a partir del año redujo a la mitad, en solo doce meses, los procesos que continuaban abiertos y añade: «una defensa de que medidas aparentemente modestas, bien dirigidas, pueden tener un efecto significativo».
La generosidad de la pensión de viudedad estriba esencialmente en la práctica ausencia de incompatibilidades con cualquier rendimiento del trabajo, pero esta ausencia de incompatibilidades durante la vida activa, «heredada de tiempos de pensiones magras y restricciones al trabajo de las mujeres», no continúa … cuando la pensionista de viudedad (la mayor esperanza de vida atribuye casi el 90% de las pensiones a las mujeres) debe compatibilizar su pensión de viudedad con la propia de jubilación o incapacidad, o con el complemento a mínimo que le puede corresponder. Es una de las reflexiones incluidas en un trabajo realizado por el exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, para Fedea, en el que alerta de la «generosidad» de estas prestaciones y avisa de que el sistema paga hoy viudedad a personas que «multiplican por cinco, por diez o por cien la renta media de los españoles».
Granado propone una incompatibilidad parcial de la viudedad con rentas del trabajo durante la vida activa, una propuesta que ya se aplica en Alemana pero en España fue frenada por los sindicatos, usar el ahorro resultante para garantizar un incremento mínimo a los viudos y viudas hoy «topados», reequilibrar viudedad y orfandad; y estudiar la progresiva sustitución del actual sistema por un régimen de seguro voluntario para parejas. Granado alerta también del «desequilibrio histórico» entre viudedad y orfandad, pese a las reiteradas peticiones del Pacto de Toledo de reforzar la orfandad.
El estudio cuestiona que el debate público sobre la Seguridad Social se centre casi en exclusiva en la pensión de jubilación, cuando el resto de prestaciones contributivas (incapacidad, viudedad, orfandad, complementos a mínimo) suponen ya más del 30% del gasto si se incluyen las incapacidades «transformadas» en jubilación. No busca reformar esta prestación pero propone al diálogo social una reforma «en ámbitos prestacionales de menor visibilidad mediática«, con un hilo conductor: reforzar el carácter de seguro del sistema, en el que las prestaciones deben ligarse a las aportaciones, »atemperado por la solidaridad y la financiación tributaria donde corresponda».
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Una nueva reforma
El autor defiende la necesidad de una nueva Ley General de la Seguridad Social ajustada a la Constitución que sustituya el marco heredado de los años 60 y señala «límites estructurales hoy discutibles»: la ratio de cotización empresario-trabajador de 6 a 1, fijada en 1967; el suelo de cotización ligado al SMI; el techo de cotización, matizado desde 2023 por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuyas aportaciones nutren el Fondo de Reserva sin finalidad contributiva; y el tope máximo de pensiones públicas. Propone además universalizar la obligación de cotizar —basada en la obtención de rendimientos del trabajo, y no en la afiliación formal— incluyendo a mutualistas de clases pasivas, y critica que el sistema de Seguridad Social sufrague la sanidad de becarios vía seguro escolar por «dejación de las comunidades autónomas».
La cotización «a posteriori»
El experto en pensiones también alerta sobre la «tendencia expansiva» del sistema a integrar colectivos con reglas ‘ad hoc’ que «rompen la proporcionalidad entre aportación y prestación» y cita la integración de mutualidades profesionales, como la «pasarela» del RETA, el precedente del clero católico, los estudiantes en prácticas o los deportistas profesionales. Y pide que la futura ley regule estas cotizaciones «ex post» con criterios explícitos de equidad respecto a quienes sí cotizaron a tiempo.
Coeficientes reductores mayores
El trabajo para Fedea advierte de que colectivos con fuerte capacidad de presión, como maquinistas de ferrocarril, estibadores, pilotos, mantienen edades de jubilación ancladas en «condiciones de trabajo ya superadas, sin que en muchos casos paguen cotización recargada por ello, a diferencia de reformas más recientes». Propone generalizar la cotización recargada allí donde aún no existe y vincular todo coeficiente reductor a un proceso obligatorio de reciclaje profesional en los últimos diez años de vida laboral, «facilitando la recolocación en la misma empresa, en las administraciones públicas o mediante subvenciones».
Complemento mínimo
Según el estudio de Fedea, los complementos a mínimo de pensión suponían en 2005 un total de 1.397 millones mientras que en 2025 el montante paso a 8.718 millones, más de seis veces más o en torno a cuatro veces más en términos reales (en 2026 ha sido de 9.442 euros). Granado no cuestiona la cuantía, pero sí el criterio: «al calcularse sobre bases estrictamente individuales, sin considerar la unidad de convivencia, permite -dice- que alguien casado en separación de bienes con una persona de renta alta cobre igualmente el complemento, mientras que otras prestaciones (pensión no contributiva, ingreso mínimo vital) sí atienden a la unidad familiar». Propone tener en cuenta la renta del conjunto de la unidad de convivencia para priorizar los casos de renta familiar realmente baja.
Más participación de las mutuas
El gasto en incapacitad temporal alcanzó 18.413 millones en 2025, el 10,4% de los ingresos por cotizaciones, un máximo histórico, tras crecer 6.000 millones entre 2021 y 2025, según Octavio Granado. El autor cuestiona que el problema se explique solo por el mal funcionamiento del sistema sanitario y plantea seis líneas de reforma: homogeneizar el porcentaje de la prestación entre contingencias comunes y profesionales; generalizar la compatibilidad parcial entre recuperación y trabajo; derivar las bajas de salud mental prolongadas a especialistas y exigir rehabilitación obligatoria o concertada con mutuas; dotar a las mutuas colaboradoras de capacidad para tratar procesos musculoesqueléticos si las comunidades autónomas no conciertan servicios; penalizar con mayor cotización a empresas cuyos complementos convencionales por baja disparen el gasto sin control; y extender las políticas de recolocación de la incapacidad profesional a la enfermedad común.
Granado insiste en que estas reformas deben aplicarse de forma «gradual y pactada, sin sustituirlas por anuncios legislativos que luego no se ejecutan». Recuerda que al asumir por primera vez la secretaría de Estado, el paso a control médico obligatorio de las bajas de larga duración a partir del año redujo a la mitad, en solo doce meses, los procesos que continuaban abiertos y añade: «una defensa de que medidas aparentemente modestas, bien dirigidas, pueden tener un efecto significativo».
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