El envejecimiento de la población se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos para España, en una bomba de relojería si los cimientos del sistema público no se apuntalan para soportar el desembarco masivo de los ‘boomers’, la generación de 14 millones de personas que comenzó a aterrizar de forma suave en el sistema desde 2023 y que está accediendo con nóminas elevadas, fruto de largas carreras de cotización. Un estudio publicado por Fedea alerta sobre el envejecimiento y sostiene que el aumento del gasto asociado a las personas mayores y la reducción de la población en edad de trabajar están agravando el conflicto entre generaciones. Sobre la mesa pone nuevas reformas que garanticen la sostenibilidad de uno de los mayores pilares del estado del Bienestar, que pasan por extender las pensiones de empleo en las empresas y por retrasar la edad de retiro de forma completa.En el trabajo «Instituciones, Envejecimiento y Equidad Intergeneracional», elaborado por de José Ignacio Conde-Ruiz, el ‘think tank’ aboga por ajustar el sistema de pensiones y el modelo de jubilación a la nueva realidad demográfica, con el fin de asegurar una mayor equidad entre generaciones. Sostiene que, en primer lugar, es clave dar voz a las generaciones futuras en el proceso político: reduciendo la edad de voto a los 16 años, creando figuras institucionales de representación del largo plazo y exigiendo memorias de impacto intergeneracional en las normas con efectos sobre el futuro. Noticia relacionada general No No La Seguridad Social exige datos detallados del trabajador de baja para que el médico acelere su reincorporación Susana AlcelayRecuerda el estudio que en 2017 ocurrió en España algo inédito: por primera vez en la historia democrática del país, el número de ciudadanos mayores de 64 años con derecho a voto superó al de ciudadanos menores de 35. «No fue noticia. Sin embargo, ese cruce silencioso representa quizás el cambio estructural más importante que ha experimentado el sistema político español en las últimas décadas: el momento en que la aritmética electoral basculó de forma permanente hacia las generaciones mayores», aseguran.La segunda de las medidas propuestas es implantar reglas fiscales con perspectiva intergeneracional: además de hacer efectiva la prohibición de déficit estructural del artículo 135 de la Constitución. Su propuesta se basaría en lo que denomina «una regla de simetría» por la que cada euro adicional de gasto orientado a los mayores exija un euro equivalente en partidas orientadas al futuro, sin posibilidad de financiarlo con deuda. Y la tercera propuesta consistiría en adaptar el estado del bienestar a «la nueva realidad demográfica». Propone reformar el sistema de pensiones para adaptarlo a la nueva longevidad, una jubilación gradual que permita compatibilizar pensión y trabajo a jornada reducida, el desarrollo efectivo de la cobertura de dependencia como seguro colectivo, la adhesión automática a planes de pensiones de empleo complementarios (auto-enrolment) y priorizar los recursos públicos disponibles hacia programas que mejoren el crecimiento de largo plazo o la productividad, como la educación, la I+D+i, las infraestructuras estratégicas o la lucha contra la pobreza infantil, entre otros.El informe documenta que la tasa de dependencia, hoy en el 33 %, rozará el 60% en 2050 y permanecerá por encima del 70% hasta el final del horizonte de proyección del INE. Sostiene que esta presión se traduce en un desplazamiento automático del gasto hacia las prestaciones asociadas a la vejez, que ya ha consumido más de cinco puntos de PIB en dos décadas.El trabajo poner variedad de datos sobre la mesa. Entre ellos, que entre 1995 y 2024 el gasto asociado al envejecimiento aumentó 5,3 puntos del PIB, mientras la inversión pública caía del 4,4% al 2,7%. Explica que «el dividendo demográfico» aportó 0,44 puntos anuales al crecimiento del PIB per cápita entre 1980 y 1999, restó 0,19 puntos entre 2000 y 2019, y que las proyecciones del INE apuntan a que seguirá siendo negativo en las próximas décadas. «En paralelo, en 2017 el número de votantes mayores de 64 años -explicó- superó por primera vez al de menores de 35, y en 2074 los mayores de 64 representarán el 35% del electorado potencial frente al 20% de los menores de 35». El envejecimiento de la población se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos para España, en una bomba de relojería si los cimientos del sistema público no se apuntalan para soportar el desembarco masivo de los ‘boomers’, la generación de 14 millones de personas que comenzó a aterrizar de forma suave en el sistema desde 2023 y que está accediendo con nóminas elevadas, fruto de largas carreras de cotización. Un estudio publicado por Fedea alerta sobre el envejecimiento y sostiene que el aumento del gasto asociado a las personas mayores y la reducción de la población en edad de trabajar están agravando el conflicto entre generaciones. Sobre la mesa pone nuevas reformas que garanticen la sostenibilidad de uno de los mayores pilares del estado del Bienestar, que pasan por extender las pensiones de empleo en las empresas y por retrasar la edad de retiro de forma completa.En el trabajo «Instituciones, Envejecimiento y Equidad Intergeneracional», elaborado por de José Ignacio Conde-Ruiz, el ‘think tank’ aboga por ajustar el sistema de pensiones y el modelo de jubilación a la nueva realidad demográfica, con el fin de asegurar una mayor equidad entre generaciones. Sostiene que, en primer lugar, es clave dar voz a las generaciones futuras en el proceso político: reduciendo la edad de voto a los 16 años, creando figuras institucionales de representación del largo plazo y exigiendo memorias de impacto intergeneracional en las normas con efectos sobre el futuro. Noticia relacionada general No No La Seguridad Social exige datos detallados del trabajador de baja para que el médico acelere su reincorporación Susana AlcelayRecuerda el estudio que en 2017 ocurrió en España algo inédito: por primera vez en la historia democrática del país, el número de ciudadanos mayores de 64 años con derecho a voto superó al de ciudadanos menores de 35. «No fue noticia. Sin embargo, ese cruce silencioso representa quizás el cambio estructural más importante que ha experimentado el sistema político español en las últimas décadas: el momento en que la aritmética electoral basculó de forma permanente hacia las generaciones mayores», aseguran.La segunda de las medidas propuestas es implantar reglas fiscales con perspectiva intergeneracional: además de hacer efectiva la prohibición de déficit estructural del artículo 135 de la Constitución. Su propuesta se basaría en lo que denomina «una regla de simetría» por la que cada euro adicional de gasto orientado a los mayores exija un euro equivalente en partidas orientadas al futuro, sin posibilidad de financiarlo con deuda. Y la tercera propuesta consistiría en adaptar el estado del bienestar a «la nueva realidad demográfica». Propone reformar el sistema de pensiones para adaptarlo a la nueva longevidad, una jubilación gradual que permita compatibilizar pensión y trabajo a jornada reducida, el desarrollo efectivo de la cobertura de dependencia como seguro colectivo, la adhesión automática a planes de pensiones de empleo complementarios (auto-enrolment) y priorizar los recursos públicos disponibles hacia programas que mejoren el crecimiento de largo plazo o la productividad, como la educación, la I+D+i, las infraestructuras estratégicas o la lucha contra la pobreza infantil, entre otros.El informe documenta que la tasa de dependencia, hoy en el 33 %, rozará el 60% en 2050 y permanecerá por encima del 70% hasta el final del horizonte de proyección del INE. Sostiene que esta presión se traduce en un desplazamiento automático del gasto hacia las prestaciones asociadas a la vejez, que ya ha consumido más de cinco puntos de PIB en dos décadas.El trabajo poner variedad de datos sobre la mesa. Entre ellos, que entre 1995 y 2024 el gasto asociado al envejecimiento aumentó 5,3 puntos del PIB, mientras la inversión pública caía del 4,4% al 2,7%. Explica que «el dividendo demográfico» aportó 0,44 puntos anuales al crecimiento del PIB per cápita entre 1980 y 1999, restó 0,19 puntos entre 2000 y 2019, y que las proyecciones del INE apuntan a que seguirá siendo negativo en las próximas décadas. «En paralelo, en 2017 el número de votantes mayores de 64 años -explicó- superó por primera vez al de menores de 35, y en 2074 los mayores de 64 representarán el 35% del electorado potencial frente al 20% de los menores de 35».
El envejecimiento de la población se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos para España, en una bomba de relojería si los cimientos del sistema público no se apuntalan para soportar el desembarco masivo de los ‘boomers’, la generación de 14 millones … de personas que comenzó a aterrizar de forma suave en el sistema desde 2023 y que está accediendo con nóminas elevadas, fruto de largas carreras de cotización. Un estudio publicado por Fedea alerta sobre el envejecimiento y sostiene que el aumento del gasto asociado a las personas mayores y la reducción de la población en edad de trabajar están agravando el conflicto entre generaciones. Sobre la mesa pone nuevas reformas que garanticen la sostenibilidad de uno de los mayores pilares del estado del Bienestar, que pasan por extender las pensiones de empleo en las empresas y por retrasar la edad de retiro de forma completa.
En el trabajo «Instituciones, Envejecimiento y Equidad Intergeneracional», elaborado por de José Ignacio Conde-Ruiz, el ‘think tank’ aboga por ajustar el sistema de pensiones y el modelo de jubilación a la nueva realidad demográfica, con el fin de asegurar una mayor equidad entre generaciones. Sostiene que, en primer lugar, es clave dar voz a las generaciones futuras en el proceso político: reduciendo la edad de voto a los 16 años, creando figuras institucionales de representación del largo plazo y exigiendo memorias de impacto intergeneracional en las normas con efectos sobre el futuro.
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Recuerda el estudio que en 2017 ocurrió en España algo inédito: por primera vez en la historia democrática del país, el número de ciudadanos mayores de 64 años con derecho a voto superó al de ciudadanos menores de 35. «No fue noticia. Sin embargo, ese cruce silencioso representa quizás el cambio estructural más importante que ha experimentado el sistema político español en las últimas décadas: el momento en que la aritmética electoral basculó de forma permanente hacia las generaciones mayores», aseguran.
La segunda de las medidas propuestas es implantar reglas fiscales con perspectiva intergeneracional: además de hacer efectiva la prohibición de déficit estructural del artículo 135 de la Constitución. Su propuesta se basaría en lo que denomina «una regla de simetría» por la que cada euro adicional de gasto orientado a los mayores exija un euro equivalente en partidas orientadas al futuro, sin posibilidad de financiarlo con deuda.
Y la tercera propuesta consistiría en adaptar el estado del bienestar a «la nueva realidad demográfica». Propone reformar el sistema de pensiones para adaptarlo a la nueva longevidad, una jubilación gradual que permita compatibilizar pensión y trabajo a jornada reducida, el desarrollo efectivo de la cobertura de dependencia como seguro colectivo, la adhesión automática a planes de pensiones de empleo complementarios (auto-enrolment) y priorizar los recursos públicos disponibles hacia programas que mejoren el crecimiento de largo plazo o la productividad, como la educación, la I+D+i, las infraestructuras estratégicas o la lucha contra la pobreza infantil, entre otros.
El informe documenta que la tasa de dependencia, hoy en el 33 %, rozará el 60% en 2050 y permanecerá por encima del 70% hasta el final del horizonte de proyección del INE. Sostiene que esta presión se traduce en un desplazamiento automático del gasto hacia las prestaciones asociadas a la vejez, que ya ha consumido más de cinco puntos de PIB en dos décadas.
El trabajo poner variedad de datos sobre la mesa. Entre ellos, que entre 1995 y 2024 el gasto asociado al envejecimiento aumentó 5,3 puntos del PIB, mientras la inversión pública caía del 4,4% al 2,7%. Explica que «el dividendo demográfico» aportó 0,44 puntos anuales al crecimiento del PIB per cápita entre 1980 y 1999, restó 0,19 puntos entre 2000 y 2019, y que las proyecciones del INE apuntan a que seguirá siendo negativo en las próximas décadas. «En paralelo, en 2017 el número de votantes mayores de 64 años -explicó- superó por primera vez al de menores de 35, y en 2074 los mayores de 64 representarán el 35% del electorado potencial frente al 20% de los menores de 35».
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