Los funcionarios vuelven a levantar la voz para pedir a los trabajadores que secunden las huelgas y movilizaciones en Renfe y Adif en protesta por la situación del sector ferroviario y para exigir el cese de los responsables políticos, empezando por el ministro Óscar Puente, pero también el resto de la cúpula de ambas empresas.CSIF, el mayor sindicato en la Administración asegura que está en conversaciones con todos los ámbitos y organizaciones del sector ferroviario para dar respuesta al malestar de la plantilla y denuncia que el accidente de Urda es el resultado de «un sistema fallido en el que se conjugan diferentes problemas como la falta de inversión en infraestructuras, seguridad, la necesidad de revisar protocolos, así como las condiciones laborales, formación, experiencia y número de efectivos en las plantillas».El sindicato que dirige Miguel Borra plantea una batería de medidas empezando por una reforma legislativa que garantice la profesionalización de la dirección de las empresas y administraciones públicas, garantizando así que los puestos de máxima responsabilidad se cubran con personal con experiencia y «debidamente formado, limitando los nombramientos políticos y de confianza».La política no sustituye a los profesionales CSIF propone que los máximos responsables de las empresas y administraciones públicas sean seleccionados mediante convocatorias transparentes , evaluación independiente y acreditación de experiencia específica, mediante una carrera profesional que permita al personal acceder a los puestos directivos hasta director general, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.Entre las medidas que propone está una reforma legal para la despolitización de empresas y administraciones públicas y una asesoría jurídica y profesional al personal, «ante las circunstancias que han rodeado a la tragedia». Reclaman nuevos convenios colectivos para Adif y Adif Alta Velocidad, donde se establezca con carácter prioritario cuestiones como especialización, itinerarios formativos, descansos, promoción interna, delimitación de funciones y un aumento de plantillas con el freno a las externalizaciones de mantenimiento de infraestructuras y trenes.Otra de las medidas propuestas es la renovación de protocolos de seguridad, gestión de incidencias, delimitación de responsabilidad y coordinación preventiva. Y también activar los comités de seguridad y salud en el Trabajo, evaluación de riesgos del personal, haciendo especial hincapié en riesgos psicosociales, fatiga, turnicidad, descansos, nocturnidad y sobre carga de trabajo. CSIF anuncia que promoverá la vigilancia de la salud y la atención psicológica especializada, estableciendo protocolos de reincorporación tras incidentes traumáticos, incluyendo las adaptaciones de puestos necesarias.Además, el sindicato reclama establecer una auditoría externa de mantenimiento, con empresa independiente, que analice el historial de averías, tiempos de reparación, equipos disponibles, así como recursos técnicos y humanos e investigar el impacto preventivo de contratas y subcontratas. Y, por último, desarrollar un plan plurianual de seguridad ferroviaria con financiación transparente, auditorias independientes y seguimiento de grado de cumplimiento. Los funcionarios vuelven a levantar la voz para pedir a los trabajadores que secunden las huelgas y movilizaciones en Renfe y Adif en protesta por la situación del sector ferroviario y para exigir el cese de los responsables políticos, empezando por el ministro Óscar Puente, pero también el resto de la cúpula de ambas empresas.CSIF, el mayor sindicato en la Administración asegura que está en conversaciones con todos los ámbitos y organizaciones del sector ferroviario para dar respuesta al malestar de la plantilla y denuncia que el accidente de Urda es el resultado de «un sistema fallido en el que se conjugan diferentes problemas como la falta de inversión en infraestructuras, seguridad, la necesidad de revisar protocolos, así como las condiciones laborales, formación, experiencia y número de efectivos en las plantillas».El sindicato que dirige Miguel Borra plantea una batería de medidas empezando por una reforma legislativa que garantice la profesionalización de la dirección de las empresas y administraciones públicas, garantizando así que los puestos de máxima responsabilidad se cubran con personal con experiencia y «debidamente formado, limitando los nombramientos políticos y de confianza».La política no sustituye a los profesionales CSIF propone que los máximos responsables de las empresas y administraciones públicas sean seleccionados mediante convocatorias transparentes , evaluación independiente y acreditación de experiencia específica, mediante una carrera profesional que permita al personal acceder a los puestos directivos hasta director general, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.Entre las medidas que propone está una reforma legal para la despolitización de empresas y administraciones públicas y una asesoría jurídica y profesional al personal, «ante las circunstancias que han rodeado a la tragedia». Reclaman nuevos convenios colectivos para Adif y Adif Alta Velocidad, donde se establezca con carácter prioritario cuestiones como especialización, itinerarios formativos, descansos, promoción interna, delimitación de funciones y un aumento de plantillas con el freno a las externalizaciones de mantenimiento de infraestructuras y trenes.Otra de las medidas propuestas es la renovación de protocolos de seguridad, gestión de incidencias, delimitación de responsabilidad y coordinación preventiva. Y también activar los comités de seguridad y salud en el Trabajo, evaluación de riesgos del personal, haciendo especial hincapié en riesgos psicosociales, fatiga, turnicidad, descansos, nocturnidad y sobre carga de trabajo. CSIF anuncia que promoverá la vigilancia de la salud y la atención psicológica especializada, estableciendo protocolos de reincorporación tras incidentes traumáticos, incluyendo las adaptaciones de puestos necesarias.Además, el sindicato reclama establecer una auditoría externa de mantenimiento, con empresa independiente, que analice el historial de averías, tiempos de reparación, equipos disponibles, así como recursos técnicos y humanos e investigar el impacto preventivo de contratas y subcontratas. Y, por último, desarrollar un plan plurianual de seguridad ferroviaria con financiación transparente, auditorias independientes y seguimiento de grado de cumplimiento.
Los funcionarios vuelven a levantar la voz para pedir a los trabajadores que secunden las huelgas y movilizaciones en Renfe y Adif en protesta por la situación del sector ferroviario y para exigir el cese de los responsables políticos, empezando por el ministro Óscar … Puente, pero también el resto de la cúpula de ambas empresas.
CSIF, el mayor sindicato en la Administración asegura que está en conversaciones con todos los ámbitos y organizaciones del sector ferroviario para dar respuesta al malestar de la plantilla y denuncia que el accidente de Urda es el resultado de «un sistema fallido en el que se conjugan diferentes problemas como la falta de inversión en infraestructuras, seguridad, la necesidad de revisar protocolos, así como las condiciones laborales, formación, experiencia y número de efectivos en las plantillas».
El sindicato que dirige Miguel Borra plantea una batería de medidas empezando por una reforma legislativa que garantice la profesionalización de la dirección de las empresas y administraciones públicas, garantizando así que los puestos de máxima responsabilidad se cubran con personal con experiencia y «debidamente formado, limitando los nombramientos políticos y de confianza».
La política no sustituye a los profesionales
CSIF propone que los máximos responsables de las empresas y administraciones públicas sean seleccionados mediante convocatorias transparentes, evaluación independiente y acreditación de experiencia específica, mediante una carrera profesional que permita al personal acceder a los puestos directivos hasta director general, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Entre las medidas que propone está una reforma legal para la despolitización de empresas y administraciones públicas y una asesoría jurídica y profesional al personal, «ante las circunstancias que han rodeado a la tragedia». Reclaman nuevos convenios colectivos para Adif y Adif Alta Velocidad, donde se establezca con carácter prioritario cuestiones como especialización, itinerarios formativos, descansos, promoción interna, delimitación de funciones y un aumento de plantillas con el freno a las externalizaciones de mantenimiento de infraestructuras y trenes.
Otra de las medidas propuestas es la renovación de protocolos de seguridad, gestión de incidencias, delimitación de responsabilidad y coordinación preventiva. Y también activar los comités de seguridad y salud en el Trabajo, evaluación de riesgos del personal, haciendo especial hincapié en riesgos psicosociales, fatiga, turnicidad, descansos, nocturnidad y sobre carga de trabajo. CSIF anuncia que promoverá la vigilancia de la salud y la atención psicológica especializada, estableciendo protocolos de reincorporación tras incidentes traumáticos, incluyendo las adaptaciones de puestos necesarias.
Además, el sindicato reclama establecer una auditoría externa de mantenimiento, con empresa independiente, que analice el historial de averías, tiempos de reparación, equipos disponibles, así como recursos técnicos y humanos e investigar el impacto preventivo de contratas y subcontratas. Y, por último, desarrollar un plan plurianual de seguridad ferroviaria con financiación transparente, auditorias independientes y seguimiento de grado de cumplimiento.
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