El responsable de COAG analiza el impacto del comercio transfronterizo en el campo y advierte del incremento de las grandes superficies.Más información: José Luis, frutero: «La gente paga 10 € por un plato de tomates en un restaurante y luego quieren los que están el kilo a 5 €» El responsable de COAG analiza el impacto del comercio transfronterizo en el campo y advierte del incremento de las grandes superficies.Más información: José Luis, frutero: «La gente paga 10 € por un plato de tomates en un restaurante y luego quieren los que están el kilo a 5 €»
Sergio López es un agricultor que ha puesto el foco sobre las paradojas que atenazan al sector primario español. Este joven productor critica que la Unión Europea destine cuantiosos fondos públicos a países vecinos como Marruecos, lo que aumenta la competencia directa en materia de cultivos.
El descontento en el campo no deja de agrandar esta desigualdad. Los productores locales consideran inaceptable que se financie a competidores externos mientras la administración comunitaria asfixia a los agricultores nacionales con exigencias ambientales y un papeleo inasumible para la rentabilidad de sus explotaciones.
López califica esta política de fomento agrario de verdadero despropósito para el sector primario: «Esos 115 millones de euros para desarrollar la producción ecológica en Marruecos son financiar nuestra propia ruina«. La falta de reciprocidad pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones familiares en España.
El argumento oficial sostiene que la entrada de frutas y hortalizas de terceros países beneficia al consumidor al reducir el gasto en la cesta de la compra. No obstante, los análisis del mercado agrícola demuestran que las rebajas en la frontera nunca llegan a reflejarse en los supermercados.
La brecha entre las cotizaciones en origen y el precio marcado en el lineal alcanza cifras desorbitadas. «La diferencia entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor alcanza del 500% al 700%«, advierte el joven profesional. El margen queda en mano de los intermediarios.
Sello ecológico
A esta asimetría económica se añade la prórroga de diez años en los acuerdos de equivalencia normativa para la agricultura ecológica. La decisión permite importar alimentos con el distintivo biológico sin exigir las auditorías y restricciones fitosanitarias impuestas por las normativas vigentes a los campos europeos.
La falta de controles provoca una desvalorización del distintivo de calidad acumulado durante años por los productores continentales. «El prestigio del sello ecológico lo han construido las producciones europeas con controles brutales, por lo que prorrogarla a otros países devalúa nuestra marca», subraya.
El descenso en la rentabilidad de las explotaciones hortofrutícolas amenaza con desencadenar un paulatino abandono de las tierras de cultivo. Si las instituciones no garantizan un marco competitivo justo, la dependencia de la Unión Europea respecto a mercados exteriores aumentará gravemente en los próximos años.
Frente a esta incertidumbre, los profesionales del sector reclaman revisar los convenios internacionales y una defensa firme del producto. Proteger la actividad de los agricultores resulta imprescindible para fijar población en el entorno rural y asegurar una producción alimentaria de calidad y cercanía.
El Español – Sociedad
