“No se considera oportuno impulsar un convenio en los términos planteados”. Con esa frase responde el Gobierno de Cataluña a la oferta de Madrid para que todas las regiones apuesten por la “corresponsabilidad financiera” y eviten así a sus ciudadanos el nuevo requisito de estar empadronados en la región capital para acceder a su tarjeta de transportes. El Gobierno de Salvador Illa (PSC) considera que extender esa condición por toda España “fragmentaría más” el acceso al sistema y no resolvería “ninguno” de sus problemas. Además, Galicia reclama reciprocidad en la medida. Es decir, que Madrid cofinancie el uso que hacen los estudiantes madrileños del sistema de transportes gallego. Sí han mostrado interés por rubricar esos acuerdos de cofinanciación Ceuta, Canarias, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León o Extremadura, según un portavoz gubernamental madrileño. Castilla-La Mancha ya tiene un acuerdo similar. El nuevo requisito entró en vigor en junio y afecta a 200.000 personas.
El Gobierno de Illa considera que la propuesta capitalina, que gira alrededor de exigir estar empadronado para acceder a la tarjeta, “fragmentaría más” el acceso al sistema y no resolvería “ninguno” de sus problemas
“No se considera oportuno impulsar un convenio en los términos planteados”. Con esa frase responde el Gobierno de Cataluña a la oferta de Madrid para que todas las regiones apuesten por la “corresponsabilidad financiera” y eviten así a sus ciudadanos el nuevo requisito de estar empadronados en la región capital para acceder a su tarjeta de transportes. El Gobierno de Salvador Illa (PSC) considera que extender esa condición por toda España “fragmentaría más” el acceso al sistema y no resolvería “ninguno” de sus problemas. Además, Galicia reclama reciprocidad en la medida. Es decir, que Madrid cofinancie el uso que hacen los estudiantes madrileños del sistema de transportes gallego. Sí han mostrado interés por rubricar esos acuerdos de cofinanciación Ceuta, Canarias, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León o Extremadura, según un portavoz gubernamental madrileño. Castilla-La Mancha ya tiene un acuerdo similar. El nuevo requisito entró en vigor en junio y afecta a 200.000 personas.
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