El Gobierno vuelve a cambiar sobre la marcha en cuestiones energéticas. En este caso ha sido con el nuevo real decreto sobre centros de datos después de que las empresas afectadas presentasen más de 600 alegaciones en el periodo de consulta pública. Desde el Ejecutivo han tenido que modular varios aspectos ante las exigencias desmedidas que habían denunciado desde el sector de las ‘data center’.En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido este lunes al Consejo de Estado la propuesta de RD de centros de datos tras el período de alegaciones. Y de nuevo ha tocado dar marcha atrás, algo que ya sucedió el pasado verano con la energía nuclear cuando el Gobierno tuvo que prolongar la vida útil de la central de Almaraz tras la petición de las empresas propietarias.En este caso, la primera propuesta normativa puso en pie de guerra a las empresas de centros de datos, así como la industria auxiliar, puesto que se contenían exigencias que, en algunos casos, eran muy complicadas de cumplir. Sobre todo, había una serie de disposiciones en materia de uso de energías renovables que podría dejar fuera a muchos proyectos. Ahora todo eso ha cambiado.En primer lugar, las obligaciones y requisitos generales se aplicaban a los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW. Ahora se eleva el umbral 10 MW. Se trata de una cuestión esencial porque los ‘data center’ están creciendo en dos direcciones: los de gran tamaño, pero también proyectos más pequeños. Por eso, esta medida de afectación ese esencial.En materia de suministro energético, fijaba que las instalaciones de producción renovable asociadas al centro de datos no podían tener una fecha de puesta en servicio anterior en más de 18 meses a la entrada en funcionamiento del ‘data center’. Ahora amplía la ventana temporal de antigüedad a 36 meses.También introduce flexibilidades para repotenciaciones de plantas, plantas de biomasa y biogás que finalicen su vida útil regulatoria y plantas fotovoltaicas existentes sin PPA (contrato a largo plazo) previo, además de integrar explícitamente el uso de instalaciones de almacenamiento energético.Menos exigenciasEn el primer borrador de decreto no se contemplaba flexibilizaciones por periodos tarifarios ni mecanismos transitorios. Es decir, exigía de forma uniforme que al menos el 80% de la energía consumida en cada hora del año estuviera respaldada por generación renovable en esa misma hora. Esto fue lo que más revolvió a las empresas.Ahora se introduce un régimen transitorio de cinco años para los centros de datos que se adhieran voluntariamente al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), permitiendo que la exigencia de correlación renovable sea progresiva y se enfoque en las horas de mayor carga de la red. Así, hasta el 31 de diciembre de 2028 se exige cubrir con renovables el 60% del consumo únicamente en las horas punta. Desde el 1 de enero de 2029 hasta el fin del periodo transitorio la exigencia sube al 70%. Al finalizar los cinco años pasa a ser exigible el régimen general del 80%.Pero esto viene con un pequeño truco. Ese SRAP supone que en caso de sufrir la red una contingencia o desequilibrio entre generación y demanda, serán los primeros en recibir la señal de activación y estar obligados a reducir su consumo a cero en el tiempo de respuesta requerido.Esto se traduce en que si la instalación se da de baja del SRAP o incumple las pruebas y condiciones técnicas requeridas, el operador del sistema (Red Eléctrica) puede ejecutar la desconexión directa del centro mediante la apertura física del interruptor de su posición. Dicha desconexión preventiva no computará a efectos de la calidad del suministro ni dará derecho a reclamar ninguna indemnización por parte del titular del centro o de terceros afectados.Atendiendo a las tensiones hídricas en España, los centros de datos tendrán que cumplir con los niveles más elevados del etiquetado europeo relativos al consumo de agua (WUE). El Gobierno vuelve a cambiar sobre la marcha en cuestiones energéticas. En este caso ha sido con el nuevo real decreto sobre centros de datos después de que las empresas afectadas presentasen más de 600 alegaciones en el periodo de consulta pública. Desde el Ejecutivo han tenido que modular varios aspectos ante las exigencias desmedidas que habían denunciado desde el sector de las ‘data center’.En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido este lunes al Consejo de Estado la propuesta de RD de centros de datos tras el período de alegaciones. Y de nuevo ha tocado dar marcha atrás, algo que ya sucedió el pasado verano con la energía nuclear cuando el Gobierno tuvo que prolongar la vida útil de la central de Almaraz tras la petición de las empresas propietarias.En este caso, la primera propuesta normativa puso en pie de guerra a las empresas de centros de datos, así como la industria auxiliar, puesto que se contenían exigencias que, en algunos casos, eran muy complicadas de cumplir. Sobre todo, había una serie de disposiciones en materia de uso de energías renovables que podría dejar fuera a muchos proyectos. Ahora todo eso ha cambiado.En primer lugar, las obligaciones y requisitos generales se aplicaban a los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW. Ahora se eleva el umbral 10 MW. Se trata de una cuestión esencial porque los ‘data center’ están creciendo en dos direcciones: los de gran tamaño, pero también proyectos más pequeños. Por eso, esta medida de afectación ese esencial.En materia de suministro energético, fijaba que las instalaciones de producción renovable asociadas al centro de datos no podían tener una fecha de puesta en servicio anterior en más de 18 meses a la entrada en funcionamiento del ‘data center’. Ahora amplía la ventana temporal de antigüedad a 36 meses.También introduce flexibilidades para repotenciaciones de plantas, plantas de biomasa y biogás que finalicen su vida útil regulatoria y plantas fotovoltaicas existentes sin PPA (contrato a largo plazo) previo, además de integrar explícitamente el uso de instalaciones de almacenamiento energético.Menos exigenciasEn el primer borrador de decreto no se contemplaba flexibilizaciones por periodos tarifarios ni mecanismos transitorios. Es decir, exigía de forma uniforme que al menos el 80% de la energía consumida en cada hora del año estuviera respaldada por generación renovable en esa misma hora. Esto fue lo que más revolvió a las empresas.Ahora se introduce un régimen transitorio de cinco años para los centros de datos que se adhieran voluntariamente al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), permitiendo que la exigencia de correlación renovable sea progresiva y se enfoque en las horas de mayor carga de la red. Así, hasta el 31 de diciembre de 2028 se exige cubrir con renovables el 60% del consumo únicamente en las horas punta. Desde el 1 de enero de 2029 hasta el fin del periodo transitorio la exigencia sube al 70%. Al finalizar los cinco años pasa a ser exigible el régimen general del 80%.Pero esto viene con un pequeño truco. Ese SRAP supone que en caso de sufrir la red una contingencia o desequilibrio entre generación y demanda, serán los primeros en recibir la señal de activación y estar obligados a reducir su consumo a cero en el tiempo de respuesta requerido.Esto se traduce en que si la instalación se da de baja del SRAP o incumple las pruebas y condiciones técnicas requeridas, el operador del sistema (Red Eléctrica) puede ejecutar la desconexión directa del centro mediante la apertura física del interruptor de su posición. Dicha desconexión preventiva no computará a efectos de la calidad del suministro ni dará derecho a reclamar ninguna indemnización por parte del titular del centro o de terceros afectados.Atendiendo a las tensiones hídricas en España, los centros de datos tendrán que cumplir con los niveles más elevados del etiquetado europeo relativos al consumo de agua (WUE).
El Gobierno vuelve a cambiar sobre la marcha en cuestiones energéticas. En este caso ha sido con el nuevo real decreto sobre centros de datos después de que las empresas afectadas presentasen más de 600 alegaciones en el periodo de consulta pública. Desde el Ejecutivo … han tenido que modular varios aspectos ante las exigencias desmedidas que habían denunciado desde el sector de las ‘data center’.
En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido este lunes al Consejo de Estado la propuesta de RD de centros de datos tras el período de alegaciones. Y de nuevo ha tocado dar marcha atrás, algo que ya sucedió el pasado verano con la energía nuclear cuando el Gobierno tuvo que prolongar la vida útil de la central de Almaraz tras la petición de las empresas propietarias.
En este caso, la primera propuesta normativa puso en pie de guerra a las empresas de centros de datos, así como la industria auxiliar, puesto que se contenían exigencias que, en algunos casos, eran muy complicadas de cumplir. Sobre todo, había una serie de disposiciones en materia de uso de energías renovables que podría dejar fuera a muchos proyectos. Ahora todo eso ha cambiado.
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En primer lugar, las obligaciones y requisitos generales se aplicaban a los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW. Ahora se eleva el umbral 10 MW. Se trata de una cuestión esencial porque los ‘data center’ están creciendo en dos direcciones: los de gran tamaño, pero también proyectos más pequeños. Por eso, esta medida de afectación ese esencial.
En materia de suministro energético, fijaba que las instalaciones de producción renovable asociadas al centro de datos no podían tener una fecha de puesta en servicio anterior en más de 18 meses a la entrada en funcionamiento del ‘data center’. Ahora amplía la ventana temporal de antigüedad a 36 meses.
También introduce flexibilidades para repotenciaciones de plantas, plantas de biomasa y biogás que finalicen su vida útil regulatoria y plantas fotovoltaicas existentes sin PPA (contrato a largo plazo) previo, además de integrar explícitamente el uso de instalaciones de almacenamiento energético.
Menos exigencias
En el primer borrador de decreto no se contemplaba flexibilizaciones por periodos tarifarios ni mecanismos transitorios. Es decir, exigía de forma uniforme que al menos el 80% de la energía consumida en cada hora del año estuviera respaldada por generación renovable en esa misma hora. Esto fue lo que más revolvió a las empresas.
Ahora se introduce un régimen transitorio de cinco años para los centros de datos que se adhieran voluntariamente al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), permitiendo que la exigencia de correlación renovable sea progresiva y se enfoque en las horas de mayor carga de la red.
Así, hasta el 31 de diciembre de 2028 se exige cubrir con renovables el 60% del consumo únicamente en las horas punta. Desde el 1 de enero de 2029 hasta el fin del periodo transitorio la exigencia sube al 70%. Al finalizar los cinco años pasa a ser exigible el régimen general del 80%.
Pero esto viene con un pequeño truco. Ese SRAP supone que en caso de sufrir la red una contingencia o desequilibrio entre generación y demanda, serán los primeros en recibir la señal de activación y estar obligados a reducir su consumo a cero en el tiempo de respuesta requerido.
Esto se traduce en que si la instalación se da de baja del SRAP o incumple las pruebas y condiciones técnicas requeridas, el operador del sistema (Red Eléctrica) puede ejecutar la desconexión directa del centro mediante la apertura física del interruptor de su posición. Dicha desconexión preventiva no computará a efectos de la calidad del suministro ni dará derecho a reclamar ninguna indemnización por parte del titular del centro o de terceros afectados.
Atendiendo a las tensiones hídricas en España, los centros de datos tendrán que cumplir con los niveles más elevados del etiquetado europeo relativos al consumo de agua (WUE).
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