La huelga general del pasado miércoles fue un fracaso sin paliativos y, para constatarlo, no hace falta fiarse de convocantes ni de detractores: basta con mirar la demanda eléctrica. Red Eléctrica prevé cada día el consumo según el calendario y la meteorología, de modo que la brecha entre lo previsto y lo consumido es un termómetro fiable del seguimiento. Pues bien, el 11-N la demanda cayó menos de un 4%, tanto frente a lo previsto como frente al martes anterior, cuando en la huelga general de 2002 se hundió más de un 20% y en las dos de 2012, en torno al 15% y al 11%. Quizá por eso el propio Unai Sordo pidió de antemano que el balance se midiera por la gente en la calle: parece que algunos han terminado confundiendo una huelga general (esto es, un parón de la producción) con acudir a una manifestación al salir del trabajo.De ahí que, en realidad, el coste económico de ese día resultara bastante modesto. A pesar de que algunos llegaron a cuantificar la incidencia de la huelga en unas pérdidas de entre 2.000 y 5.000 millones de euros, lo cierto es que las cifras no cuadran en absoluto. Veámoslo así: en un día laborable cualquiera España genera de media unos 6.000 millones de euros de PIB; entonces, si suponemos que la actividad económica cayó un 5% (recordemos: la demanda eléctrica retrocedió un 3,5%, pero parte de esa demanda es de los hogares), las pérdidas reales estarían más cerca de los 300 millones de euros: a saber, menos del 0,02% del PIB anual o el equivalente a lo que la economía española produce… en una hora (de hecho, en realidad, probablemente las pérdidas incluso sean inferiores si una parte de esa menor producción se recupera con trabajo extra en jornadas posteriores).El fracaso, pues, fue absoluto. La huelga general con menor seguimiento de toda nuestra democracia. No es casualidad: y es que ésta no fue una huelga por los trabajadores sino por los políticos socialistas . CC.OO. y UGT no habían convocado ninguna huelga general en los más de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez (pese a que, entretanto, la vivienda se ha vuelto inaccesible), pero decidieron hacerlo a menos de tres semanas de unas elecciones generales. Fue, en realidad, un acto de campaña más del Gobierno: no en vano, Moncloa vació ese día la agenda de todos los ministros y uno de ellos, Pablo Bustinduy, llamó abiertamente a secundar el paro.PP y Vox deberían tomar buena nota de todo ello. A la postre, esas mismas organizaciones sindicales se nutren generosamente del dinero del contribuyente: desde 2022, las administraciones públicas les han otorgado a UGT, CCOO y sus entidades vinculadas más de 500 millones de euros en subvenciones. No hay razones para seguir haciéndolo. Si de verdad representan a los trabajadores y desempeñan funciones útiles para ellos, que lo demuestren sosteniéndose sólo con las cuotas de sus socios. Y si ni siquiera ellos estuvieran dispuestos a hacerlo, ¿por qué habría de obligar al resto de los contribuyentes? Retirarles las subvenciones no sería atacar a los trabajadores, sino dejar de financiar con dinero de todos lo que hoy no son más que órganos al servicio del Gobierno. La huelga general del pasado miércoles fue un fracaso sin paliativos y, para constatarlo, no hace falta fiarse de convocantes ni de detractores: basta con mirar la demanda eléctrica. Red Eléctrica prevé cada día el consumo según el calendario y la meteorología, de modo que la brecha entre lo previsto y lo consumido es un termómetro fiable del seguimiento. Pues bien, el 11-N la demanda cayó menos de un 4%, tanto frente a lo previsto como frente al martes anterior, cuando en la huelga general de 2002 se hundió más de un 20% y en las dos de 2012, en torno al 15% y al 11%. Quizá por eso el propio Unai Sordo pidió de antemano que el balance se midiera por la gente en la calle: parece que algunos han terminado confundiendo una huelga general (esto es, un parón de la producción) con acudir a una manifestación al salir del trabajo.De ahí que, en realidad, el coste económico de ese día resultara bastante modesto. A pesar de que algunos llegaron a cuantificar la incidencia de la huelga en unas pérdidas de entre 2.000 y 5.000 millones de euros, lo cierto es que las cifras no cuadran en absoluto. Veámoslo así: en un día laborable cualquiera España genera de media unos 6.000 millones de euros de PIB; entonces, si suponemos que la actividad económica cayó un 5% (recordemos: la demanda eléctrica retrocedió un 3,5%, pero parte de esa demanda es de los hogares), las pérdidas reales estarían más cerca de los 300 millones de euros: a saber, menos del 0,02% del PIB anual o el equivalente a lo que la economía española produce… en una hora (de hecho, en realidad, probablemente las pérdidas incluso sean inferiores si una parte de esa menor producción se recupera con trabajo extra en jornadas posteriores).El fracaso, pues, fue absoluto. La huelga general con menor seguimiento de toda nuestra democracia. No es casualidad: y es que ésta no fue una huelga por los trabajadores sino por los políticos socialistas . CC.OO. y UGT no habían convocado ninguna huelga general en los más de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez (pese a que, entretanto, la vivienda se ha vuelto inaccesible), pero decidieron hacerlo a menos de tres semanas de unas elecciones generales. Fue, en realidad, un acto de campaña más del Gobierno: no en vano, Moncloa vació ese día la agenda de todos los ministros y uno de ellos, Pablo Bustinduy, llamó abiertamente a secundar el paro.PP y Vox deberían tomar buena nota de todo ello. A la postre, esas mismas organizaciones sindicales se nutren generosamente del dinero del contribuyente: desde 2022, las administraciones públicas les han otorgado a UGT, CCOO y sus entidades vinculadas más de 500 millones de euros en subvenciones. No hay razones para seguir haciéndolo. Si de verdad representan a los trabajadores y desempeñan funciones útiles para ellos, que lo demuestren sosteniéndose sólo con las cuotas de sus socios. Y si ni siquiera ellos estuvieran dispuestos a hacerlo, ¿por qué habría de obligar al resto de los contribuyentes? Retirarles las subvenciones no sería atacar a los trabajadores, sino dejar de financiar con dinero de todos lo que hoy no son más que órganos al servicio del Gobierno.
La huelga general del pasado miércoles fue un fracaso sin paliativos y, para constatarlo, no hace falta fiarse de convocantes ni de detractores: basta con mirar la demanda eléctrica. Red Eléctrica prevé cada día el consumo según el calendario y la meteorología, de modo que … la brecha entre lo previsto y lo consumido es un termómetro fiable del seguimiento. Pues bien, el 11-N la demanda cayó menos de un 4%, tanto frente a lo previsto como frente al martes anterior, cuando en la huelga general de 2002 se hundió más de un 20% y en las dos de 2012, en torno al 15% y al 11%. Quizá por eso el propio Unai Sordo pidió de antemano que el balance se midiera por la gente en la calle: parece que algunos han terminado confundiendo una huelga general (esto es, un parón de la producción) con acudir a una manifestación al salir del trabajo.
De ahí que, en realidad, el coste económico de ese día resultara bastante modesto. A pesar de que algunos llegaron a cuantificar la incidencia de la huelga en unas pérdidas de entre 2.000 y 5.000 millones de euros, lo cierto es que las cifras no cuadran en absoluto. Veámoslo así: en un día laborable cualquiera España genera de media unos 6.000 millones de euros de PIB; entonces, si suponemos que la actividad económica cayó un 5% (recordemos: la demanda eléctrica retrocedió un 3,5%, pero parte de esa demanda es de los hogares), las pérdidas reales estarían más cerca de los 300 millones de euros: a saber, menos del 0,02% del PIB anual o el equivalente a lo que la economía española produce… en una hora (de hecho, en realidad, probablemente las pérdidas incluso sean inferiores si una parte de esa menor producción se recupera con trabajo extra en jornadas posteriores).
El fracaso, pues, fue absoluto. La huelga general con menor seguimiento de toda nuestra democracia. No es casualidad: y es que ésta no fue una huelga por los trabajadores sino por los políticos socialistas. CC.OO. y UGT no habían convocado ninguna huelga general en los más de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez (pese a que, entretanto, la vivienda se ha vuelto inaccesible), pero decidieron hacerlo a menos de tres semanas de unas elecciones generales. Fue, en realidad, un acto de campaña más del Gobierno: no en vano, Moncloa vació ese día la agenda de todos los ministros y uno de ellos, Pablo Bustinduy, llamó abiertamente a secundar el paro.
PP y Vox deberían tomar buena nota de todo ello. A la postre, esas mismas organizaciones sindicales se nutren generosamente del dinero del contribuyente: desde 2022, las administraciones públicas les han otorgado a UGT, CCOO y sus entidades vinculadas más de 500 millones de euros en subvenciones. No hay razones para seguir haciéndolo. Si de verdad representan a los trabajadores y desempeñan funciones útiles para ellos, que lo demuestren sosteniéndose sólo con las cuotas de sus socios. Y si ni siquiera ellos estuvieran dispuestos a hacerlo, ¿por qué habría de obligar al resto de los contribuyentes? Retirarles las subvenciones no sería atacar a los trabajadores, sino dejar de financiar con dinero de todos lo que hoy no son más que órganos al servicio del Gobierno.
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