La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, María Isabel Garaizabal, que investigaba al fondo de inversión Elix Rental Housing por supuesto acoso inmobiliario a los inquilinos del número 7 de la calle Tribulete de la capital, ha sobreseído y archivado la querella al no apreciar indicios de delito en las obras y las molestias que sufrieron los vecinos, detrás de las cuales ellos veían una estrategia torticera para echarlos, según consta en un auto que ha avanzado este lunes elDiario.es y al que también ha accedido EL PAÍS. Los vecinos recurrirán ante la Audiencia Provincial el archivo del caso, que supuso la primera querella por mobbing inmobiliario presentada y admitida a trámite en España.
La juez que lleva el caso no ve indicios de delito en las obras llevadas a cabo por Elix en un auto que el Sindicato de Inquilinas recurrirá ante la Audiencia Provincial
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, María Isabel Garaizabal, que investigaba al fondo de inversión Elix Rental Housing por supuesto acoso inmobiliario a los inquilinos del número 7 de la calle Tribulete de la capital, ha sobreseído y archivado la querella al no apreciar indicios de delito en las obras y las molestias que sufrieron los vecinos, detrás de las cuales ellos veían una estrategia torticera para echarlos, según consta en un auto que ha avanzado este lunes elDiario.es y al que también ha accedido EL PAÍS. Los vecinos recurrirán ante la Audiencia Provincial el archivo del caso, que supuso la primera querella por mobbing inmobiliario presentada y admitida a trámite en España.
“Vamos a recurrir en apelación a la Audiencia Provincial de Madrid, que esperamos que tenga en cuenta elementos que consideramos que sí han quedado suficientemente claros durante la instrucción de la causa”, ha declarado a este diario la abogada de los vecinos, Alejandra Jacinto, que no oculta su decepción por el varapalo judicial, aunque, en perspectiva, valora que el caso ya “fue un éxito en su momento” en un contexto en el que “es el pan nuestro de cada día que bloques enteros sean comprados por fondos de inversión que quieren rentabilizar al máximo su inversión con todo tipo de prácticas abusivas contra los inquilinos”.
Sin embargo, esta práctica “se califica de normal en el auto”, lamenta abogada, politóloga, activista y excandidata a presidenta de Madrid por Unidas Podemos. Para Jacinto, el problema de raíz es considerar la vivienda como una propiedad más y no como un derecho. “Desde Tribulete 7 seguimos buscando justicia contra el rentismo que quiere echarnos de nuestras casas. El archivo no es una buena noticia, pero no es ni de lejos el final de una larga batalla contra la especulación inmobiliaria”, ha tuiteado por su parte el Sindicato de Inquilinas.
La lucha de Tribulete 7 comenzó en marzo de 2024, cuando el fondo Elix Rental Housing compró el inmueble entero, en el gentrificado barrio de Lavapiés, con 54 inquilinos dentro. En ese momento, a todos se les comunicó que sus contratos de alquiler no serían renovados y, con el tiempo, muchos se fueron marchando. Ocho meses después de la adquisición, en noviembre de 2024, la empresa comenzó unas obras en el edificio y un grupo de vecinos denunciaron a sus caseros ante los tribunales porque sospechaban que estas tenían en realidad otro objetivo: que se rindieran y dejaran sus casas para poder lavarle la cara al edificio y obtener un beneficio mucho más alto.
En octubre de 2025, la denuncia fue admitida a trámite “en un auto muy rotundo”, rememora Jacinto, que “lanzó un mensaje bastante nítido, sobre todo por la repercusión mediática que tuvo, de que no todo vale con tal de poder sacar la máxima rentabilidad a una inversión”. Por primera vez, “se imputó no solo a varios directivos, sino al fondo buitre como tal”. Tan rotundo fue el mensaje que la empresa paralizó las obras motu proprio, lo que ha permitido “a los pocos que quedan continuar viviendo sin menoscabo a su integridad física y moral”, que es lo que recoge el delito de acoso inmobiliario.
La magistrada llevó a cabo la instrucción en este 2026 y tomó declaración a ambas partes y al arquitecto que dirigió la obra, y su conclusión es que no se puede atribuir a Elix un plan para hacer la vida imposible a los vecinos y forzar su marcha “más allá de la evidencia de alguna humedad o gotera, grieta o desprendimiento de pintura, nada excepcional en el curso de unas obras como las desarrolladas”. Tampoco consta, afirma la jueza, que Elix “ignorara o desatendiera las reclamaciones de los vecinos”.
Los vecinos denuncian, sin embargo, que la propiedad puso en marcha las obras sin apenas preaviso y que sufrieron un calvario de ruidos, molestias, goteras, derrumbes y destrozos en los pisos, afectando en algunos casos a su salud. En cambio, los directivos y trabajadores de Elix ―propiedad de AltamarCAM Partners, de la que es presidente Claudio Aguirre, primo de la expresidenta medileña Esperanza Aguirre― que comparecieron como imputados aseguraron que eran necesarias para mantener el edificio, denunciaron una “campaña” contra ellos y acusaron a estos vecinos de obstaculizarlas. “Las obras eran legales y contaban con todos los parabienes municipales, sí, pero no eran necesarias ni estructurales, el edificio no se estaba cayendo, sino que reúna todas las condiciones de habitabilidad, había pasado la ITE. lo que querían era poner un ascensor y una zona de chill out con piscinaen la cubierta”, explica Jacinto.
“El problema que tiene el auto es que se ciñe a valorar la legalidad o no de las obras y no se ha tenido suficientemente en cuenta, a mi juicio, la hostilidad y la presión atmosférica que generan, sus motivos y su finalidad última”, explica la abogada, que apela a los jueces a seguir el ejemplo del juzgado número 29 de lo Contencioso Administrativo, “que está diciendo que las normas hay que interpretarlas en su coyuntura”. Su magistrada titular, Raquel Catalá, ha parado hasta el momento ocho desahucios. “En este caso, no se ha tenido en cuenta el contexto. Estas obras no se realizan de forma aislada, sino en un contexto en el que un fondo de inversión compra todo un bloque y su objetivo desde el primer día es vaciar el edificio.
Este contexto es tan claro que, de 54 vecinos que había, quedan 15″, subraya. Es más, de los inquilinos que comenzaron la querella, solo han seguido adelante 11 de nueve viviendas. “El resto se ha ido cayendo porque los compraron a lo largo del proceso, les dieron dinero y les hicieron firmar una declaración de que no habían sufrido nunca acoso”, critica esta abogada, que se enfrentó sola a “un séquito de siete abogados de alto standing”.
Ahora, la situación de los que resisten es “complicada”, pues la mayoría de los contratos han vencido y Elix ha iniciado los procedimientos de desahucio, que los vecinos piden que se paralicen al estar el caso judicializado. “Empezaron a llegarles las primeras demandas en julio y ya las han recibido todos, salvo dos. Estamos a la espera de que se tramiten y yo alegaba que hay una prejudicialidad penal por la querella. Ahora la voy a seguir alegando, porque esto no se ha terminado, vamos a la Audiencia”, explica la abogada.
“En paralelo, en julio nos reunimos con Casa 47 ―la nueva Entidad Estatal de Vivienda, resultante de la transformación de SEPES― y ahora vamos a tener otra cita, para pedir a la Administración Pública que compre este edificio, como se acaba de hacer en el barrio de Benta Berri el Gobierno vasco”, añade Jacinto, fundadora de CAES, una cooperativa de abogados por el derecho a la vivienda. Para la abogada, la medida debería tomarla la Comunidad de Madrid, pero, ante su inacción, acuden a Casa 47, que “puede marcarse un tanto adquiriendo este bloque”. Más que un tanto, serían tres: aumentar el patrimonio público, salvar a unos vecinos y decir alto y claro que no todo vale en el mercado inmobiliario.
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